El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores presentaron ayer el 8º y 9º informe periódico que buscan dar respuestas a cada una de las recomendaciones planteadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas respecto al último informe, así como registrar los puntos en los que se produjeron avances respecto de lo acordado en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Uruguay ratificó la Convención en setiembre de 1981 y desde entonces el Estado uruguayo ha presentado nueve informes periódicos al Comité de Expertas sobre su aplicación en el país; el de ayer abarca el período comprendido entre 2007 y 2014.
Duro y persistente
Las recomendaciones hechas en el último informe fueron diversas -sobre registros y sistemas de recaudación de datos estadísticos, políticas públicas, capacitación, medidas informativas e institucionalidad-; sin embargo, la mayoría refieren a la necesidad de realizar reformas legislativas, especialmente relativas al texto del Código Penal presentado al Senado en setiembre de 2005 y que seguirá en discusión parlamentaria, ya que su aprobación se postergó para la próxima legislatura. El Comité observó con preocupación determinadas disposiciones, en particular las que figuran en el capítulo X, denominado “Delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia”, que sostiene “discriminan contra la mujer al conservar conceptos como el pudor, la honestidad y el escándalo público en la tipificación de los delitos sexuales”, que insta a derogar. También se reclama que el Estado tipifique como delito la violación en el matrimonio, definida sobre la base de la ausencia de consentimiento de la esposa.
En este sentido, González sostuvo que “acá hay una cáscara dura, difícil y trabajosa de romper”. “Por suerte se pudo detener [la aprobación del Código Penal], porque tiene unos agujeros que aún falta revisar”, afirmó, en referencia a los observados por el Comité. Para la representante del INDDHH “no son detalles” y el momento de tratarlos “es ahora, en los próximos meses”.
Otra de las recomendaciones “lamenta” que la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades no incluya una definición específica de la discriminación contra la mujer, que Inmujeres incorporó en un anteproyecto de ley, pero que al día de hoy sigue en el ámbito parlamentario.
Por otro lado, el Comité también aconseja que el Estado determine medidas “de carácter temporal” para acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, centrándose en las esferas del empleo de la mujer y la participación de la mujer en la vida pública. En esta línea, también resalta que la mujer “sigue estando insuficientemente representada en la vida política y pública”, algo con lo que las comentaristas del informe, González, y la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, coincidieron, resaltando la escasa presencia de las mujeres en el ámbito parlamentario y lo que esto implica para los avances en la materia. “Si bien los temas de género deberían ser bandera de hombres y mujeres, son muchas veces éstas las que tienen la mirada como para poner este tipo de debates sobre la mesa. Un ejemplo de esto es que hubo que esperar que hubiera presencia femenina en ambas cámaras para que se aprobara en 2002 la Ley de Violencia Doméstica”, sostuvo Furtado.
Desinformación, medidas y registros
Otras recomendaciones atienden al registro estadístico, donde el Comité hace hincapié en la “falta de información” y los “vacíos” existentes en la recolección de datos sobre todas las formas y manifestaciones de violencia contra la mujer, algo que la directora de Inmujeres, Beatriz Ramírez, sostuvo que se ha revertido en gran parte, mediante la instalación en 2008 del Sistema de Información de Género en articulación con el Instituto Nacional de Estadística.
“La violencia basada en género es un tema que no da tregua en Uruguay”, afirmó Furtado. “2014 nos mostró cifras que decían que siete de cada diez mujeres habían declarado haber vivido algún tipo de violencia de género, y 2015 no empezó de buena manera. Uruguay y El Salvador se ubican en el primer puesto del ranking de muertes de mujeres en manos de sus parejas y ex parejas”, por lo que insistió en la necesidad de “jerarquizar” el tema mediante una “mayor asignación de recursos y nuevas estrategias”. “Si no damos un salto cualitativo en este aspecto, no podremos avanzar”.
Por otro lado, las recomendaciones atienden al “escaso conocimiento” de los magistrados y los profesionales del derecho frente a las denuncias de acoso sexual en el trabajo, donde se recomienda que se realicen campañas de concientizaciación y capacitación, y también reitera que el Estado facilite mayor información sobre los mecanismos y procedimientos de que disponen las mujeres para proteger y promover sus derechos. En este plano, Ramírez reivindicó los avances hechos en Encuentros Nacionales y las capacitaciones en el marco del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos.
En cuanto a la capacitación, el informe también resalta la “persistencia de estereotipos relativos al papel de la mujer en la familia y en la sociedad, y actitudes y conductas profundamente arraigadas basadas en la supuesta superioridad del hombre en la esfera pública y privada” tanto en medios de comunicación como en el sistema educativo, que Inmujeres espera se revierta, al menos en el primer caso, mediante la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En otro aspecto, el Comité solicita al Estado que “intensifique sus actividades de lucha contra la trata de mujeres y niñas”, así como las campañas de concientización a nivel nacional, que haga un “seguimiento minucioso” del efecto de las medidas adoptadas y proporcione información sobre los resultados conseguidos.
Institucionalidades
Otro de los reclamos, resaltado por ambas comentaristas, fue una “mayor autonomía” y un “presupuesto adecuado e independiente” a Inmujeres para desarrollarse como órgano rector en la materia, que a la vez le permita “garantizar su presencia en todo el territorio del Uruguay”.
A modo de conclusión, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Denise Cook, resaltó que “una cosa es reconocer y legislar los derechos, pero otra es lo que se lleva a cabo en la práctica”, donde “aún hay un largo camino por recorrer”. Respecto del informe entregado ayer, destacó la “voluntad” del país por la “notable señal de apertura a la comunidad internacional para escucharla y tomar nota en lo que haya que trabajar”.