Las lecturas que hacen distintos actores judiciales y políticos en Argentina en torno a la denuncia que iba a presentar el fiscal Alberto Nisman antes de que fuera encontrado muerto de un tiro en su casa siguen distanciadas. Ayer el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo del juez Daniel Rafecas que desestimó y descalificó por completo la acusación de que la presidenta Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y varios otros dirigentes políticos intentaron encubrir a culpables del atentado de 1994 contra la Asociacion Mutual Israelita Argentina (AMIA). Ahora la Cámara Federal de Buenos Aires deberá decidir si confirma o revoca el fallo de Rafecas.

Para Pollicita, el juez descartó “en forma anticipada y prematura las hipótesis” presentadas en la denuncia sin tomar medidas para recabar más información, sobre todo teniendo en cuenta que es “una hipótesis criminal de inusitada gravedad y trascendencia institucional”.

En los diarios de ayer, en un espacio contratado, el gobierno publicó un comunicado en el que difundió los motivos por los que esa denuncia fue descartada por el juez, y cuestionó además los motivos que pudieron mover a Nisman. “Desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivo perseguía el fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico. ¿Puede pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar un efecto político deses- tabilizador?”, dice el texto.

Señala que el juez presentó junto con su fallo “documentos hasta ahora desconocidos”, dos escritos firmados por Nisman en diciembre y en enero -y que el fiscal nunca presentó-, en los que solicitaba “al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de conminación a la República de Irán a fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el atentado terrorista”. Destaca que Nisman no sólo no habla de una acusación inminente contra el gobierno sino que elogia la política que ha seguido éste desde 2004.

En las visiones contrapuestas vinculadas con este caso, el Ejecutivo había cuestionado que se pusiera el foco en el atentado de 1994 mientras que la Corte Suprema no avanza en la investigación de otro atentado, el que se cometió contra la embajada de Israel en 1992. El presidente de ese tribunal, Ricardo Lorenzetti, dijo en un acto público que en ese caso hay una sentencia de 1999 y afirmó: “Es cosa juzgada”.

Ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había dicho que Lorenzetti estaba “mal asesorado” y que la causa “no tiene sentencia, sigue vigente, hay que seguir investigándola”.

Más tarde, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que aclara que en la sentencia de 1999 quedó “probada la materialidad de los hechos -cómo ocurrió el atentado- y también señalada la responsabilidad penal de sus autores”, en referencia al grupo libanés Hezbollah, pero agrega que “sobre esa base firme se continúa con la pertinente investigación”.

En medio de las distintas valoraciones de las acusaciones de Nisman, se conocieron nuevos datos sobre las circunstancia de su muerte. Según informó la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas Infojus, una pericia del Cuerpo Médico Forense detectó en el cuerpo del fiscal 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre, equivalente a un estado de “embriaguez elevado”. De acuerdo con ese medio, además, en el apartamento de Nisman se encontró una botella de vodka “abierta y a medio consumir”.