La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se pronunció ayer respecto de las protestas contra el gobierno que, motivadas, entre otras cosas, por la corrupción y la mala situación económica, reunieron el domingo a más de un millón de personas. También ayer, el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante la causa por Petrobras, pidió a la Justicia que investigue al tesorero del Partido de los Trabajadores (PT).
En Brasil “la corrupción es una señora mayor y no perdona a nadie: puede estar en todos lados”, aseguró Rousseff en su primera presentación pública tras las masivas protestas del domingo. La mandataria dijo que en su país “se respeta la voz de las calles”, pero agregó: “Rindo homenaje a todos los que lucharon contra el régimen autoritario, por la democracia y el restablecimiento de las libertades democráticas”. “Nunca más tendremos en Brasil personas que al manifestar su opinión, incluso cuando ésta sea contra la presidenta, puedan sufrir consecuencias”, agregó.
Hubo otros pronunciamientos desde el oficialismo: el ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, señaló que el gobierno está “enteramente abierto” al diálogo. Dijo que su interpretación es que las manifestaciones fueron contra la corrupción (“Nadie estaba reclamando más programas sociales o diciendo que el desempleo está matando nuestras oportunidades”, señaló), y recordó que el gobierno está avanzando en este sentido. El mismo domingo el Ejecutivo anunció que presentará ante el Congreso un paquete de medidas contra la corrupción, que según los medios brasileños, se conocerá entre hoy y mañana. Además, desde el gobierno se mencionó la necesidad de aprobar una reforma que prohíba la financiación privada de las campañas políticas.
La propia Rousseff se refirió en su discurso de ayer a los casos de corrupción y a los avances de su gobierno en las investigaciones por este tipo de delitos. “Si quieren investigar investigarán, y quien sea responsable va a pagar por lo que hizo”, indicó la mandataria al ser consultada por el caso del tesorero del PT, João Vaccari Neto. El PT se había pronunciado en este sentido semanas atrás, cuando dijo que si alguno de sus integrantes es condenado, sería expulsado. Ayer el Ministerio Público Fiscal pidió a la Justicia que sean investigadas 27 personas imputadas por los delitos de corrupción, lavado de dinero y formación de cuadrilla (delito contemplado en las normas brasileñas, similar al de organización para delinquir). Esta lista se basa en las declaraciones de ex directores de Petrobras que están en prisión preventiva y que si dan información certera a la Justicia, serán beneficiados con reducción de sus penas. Según el Ministerio Público Fiscal, Vaccari se encargaba de “lavar” el dinero que recibía el PT de la red de corrupción en Petrobras. El Ministerio Público Fiscal no pudo probar que el PT haya recibido sobornos, pero considera que son de origen ilegal las donaciones de apariencia legal que hicieron al PT empresas vinculadas a esta red. El procurador que lleva adelante la causa, Deltan Dallagnol, aseguró que “Vaccari era consciente de que estas donaciones se hacían a título de soborno”.
Las 27 solicitudes del Ministerio Público Fiscal se suman a las 54 presentadas por la Procuraduría General (la única que puede impulsar investigaciones contra políticos con fuero parlamentario). Si bien los nombres vinculados al PT son los que han logrado más notoriedad, la mayoría de los políticos investigados por el caso Petrobras pertenecen al derechista Partido Progresista.