En una de las piezas del salón comunal tres técnicos tenían montañas de contratos para firmar. A partir de las 10.00 fueron ingresando los futuros propietarios, que estamparon su firma en el comodato por el cual recibieron la vivienda en préstamo de uso. Los títulos de propiedad estarán listos no bien culmine el proceso de loteo y fraccionamiento del barrio, explicó a la diaria uno de los abogados. La propiedad será definitiva, pero por diez años no podrán venderla ni alquilarla.

Al poco rato llegaron las autoridades del plan, Lucía Topolansky y el ex presidente José Mujica. Además de posar para decenas de cámaras, apreciaron el largo proceso del plan por medio de las fotos de las carteleras, puesto que la recorrida planeada no pudo hacerse porque no paró de llover.

Tres vecinas tomaron el micrófono. “Muchísimas gracias, Pepe”, expresó una de ellas. Otra recordó que “es un nuevo comienzo para el barrio: no nos podemos quedar con que terminamos las casas. Queremos seguir, queremos calles, queremos luz [alumbrado], queremos mejorar el barrio”, dijo, y mencionó que aún no han accedido a la red de saneamiento. Habló un representante de los trabajadores de la construcción contratados por el plan y los integrantes de la Brigada Estudiantil 1958, que tienen un espacio de apoyo escolar y piensan continuar trabajando en eso y desplegar talleres de educación sexual y hasta una sala de salud.

Mujica pasó al frente. Reconoció que “algunas cosas se fueron descubriendo con el andar de los vecinos y de la gente”. Criticó que “estas cosas se quieren hacer rápido”, pero “la gente ni aprende rápido ni cambia rápido, la gente necesita procesos largos que la ayuden”. Remarcó que “éste no es un problema de arquitectura ni de albañilería” y cuestionó las soluciones rápidas y “llave en mano” que no aseguran que la persona después no venda la casa. El ex presidente insiste en que el esfuerzo de los vecinos en construir la vivienda es lo que puede garantizar el apego a ella. Topolansky tomó la posta y reconoció que “el saneamiento es una reivindicación importante” y agregó: “Si Dios quiere y los montevideanos también, en cinco años podrán tener saneamiento todos los hogares”.

A pedido de las vecinas, el grupo técnico pasó al frente. Eran 15 personas. Recordaron, con el asentimiento de los vecinos, que en estos cinco años trabajaron codo a codo, se enojaron, se pelearon, pero terminaron rescatando los aprendizajes y tanto querer.

Transición

Acuña expresó que hasta ahora el Plan Juntos terminó 1.500 viviendas y que tiene unas 700 en proceso y proyectadas. Algunas de ellas, 46, están en el barrio 22 de Mayo, pegado a 1º de Mayo, donde seguirán trabajando. En diálogo con la diaria, Acuña explicó que en 2015 “no se van a abrir más frentes, los recursos que tenemos no nos dan para más”, pero aclaró que no se detendrá ninguna de las obras que están en proceso.

La comisión directiva del Plan Juntos -integrada por un representante de Presidencia de la República, uno del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y otro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)- sigue trabajando y siendo un órgano desconcentrado de Presidencia. Acuña sostuvo que se está trabajando “para procesar la transición hacia un organismo que forme parte del MVOTMA, lo que se concretará a partir del 1º de enero de 2016”. La titular del MVOTMA, Eneida de León, que también estuvo en el acto, confirmó a la diaria el buen ritmo del proceso de traslado del plan hacia el ministerio.

Acuña opinó que el hecho de que la transición se desarrolle hasta fin de año “fue una decisión muy sabia; hubiera sido muy traumático pasar sin tener todavía laudado el problema de la naturaleza jurídica del plan a futuro”. Además de modificar la ley del Plan Juntos, en este tiempo se deberá elaborar el plan quinquenal de vivienda y articular con la Dirección Nacional de Vivienda, con el Plan de Mejoramiento de Barrios y con el Mides para que el plan mantenga el carácter transversal que se le quiso dar al ubicarlo en Presidencia de la República.

“Es fundamental que se mantenga la declaratoria de emergencia nacional sociohabitacional” que está consagrada en la actual ley del Plan Juntos, pidió Acuña. A su entender, el plan “ha sido bastante expeditivo en su accionar” gracias al fideicomiso y a la fundación Juntos. Ambas herramientas permiten manejar fondos con agilidad y recibir aportes solidarios (que constituyeron 17% de los recursos del plan).

Mujica insistió en la “flexibilidad operativa” que deberá conservar el plan luego de la discusión parlamentaria. “El problema es que si cumplimos con los paradigmas del Estado hay cosas que no podemos hacer; acá se hicieron casas en lugares donde la propiedad no está santificada, no se sabe de quién es la propiedad [...] Yo te arreglo la casa: después, el terreno yo qué sé de quién es, pero, como pasa en las ocupaciones, después de 30 años se arreglará. Hay que buscarle la vuelta”, reclamó.