Delma Castro fue detenida por la Policía el 3 de marzo para declarar ante el juez Marcos Seijas, del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Atlántida de Primer Turno. Permaneció incomunicada más de 21 horas en el calabozo de la Seccional 22ª de Salinas. Luego fue conducida al juzgado. También declaró su esposo, con quien vivía en un terreno que habían ocupado en Cumbres de Neptunia, junto a los dos hijos de Castro, de 19 y 16 años. El juez procesó a Castro y su marido por delito de usurpación.

Según la sentencia judicial, habían ocupado el terreno “a mediados de marzo, comienzos de abril de 2014” y se mudaron en setiembre, luego de haber construido una vivienda. El juez consideró que el marido de Castro “faltó a la verdad” en su declaración, los procesó a ambos (sin prisión, porque no tenían antecedentes penales) y ordenó “la desocupación del inmueble en el plazo de 24 horas”. En ese plazo Castro sacó de la cabaña de madera todas sus propiedades pero quedó en la calle y sin vivienda. Apeló la sentencia presentando en el juzgado boletas de compra de materiales que comprueban que su marido ya estaba trabajando en el predio en enero, cuando acampó e inició el desmalezamiento y la construcción; ella asegura que se sumó a fines de febrero o comienzos de marzo. La fecha es importante porque el artículo 649 del Código Civil establece que quien haya poseído un bien “tranquila y públicamente por un año completo, sin interrupciones, adquiere el derecho de posesión”.

Castro está acampando en el kilómetro 34 de la ruta Interbalnearia, en la zona donde vivía, y desde hace 11 días está en huelga de hambre. Busca “acelerar el proceso para probar que no somos usurpadores”. “Queremos volver a la casa antes del invierno, y que se revise mi caso rápidamente, porque con los tiempos normales llevaría más de un año”, explicó a la diaria, y consideró que el juez tomó la decisión de desalojarlos sin ver las pruebas.

En diálogo con este medio, Pablo Ghirardo, abogado defensor de otros ocupantes, opinó que se procesó a Castro “por haber ocupado un bien inmueble, pero si hubieran pasado diez días más antes de que se denunciara este hecho, para el doctor Seijas estaríamos ante una posesión y no ante una usurpación”. “No podemos tipificar un delito, que es una conducta que debe ser claramente definida por la ley, por el paso de diez o 15 días. El simple hecho de transcurrir diez días más, o no, pueden darte un título de posesión que, a la postre, puede significar la propiedad del bien, o, si no pasan esos diez días, podrías ser un delincuente. Eso choca con toda la doctrina del derecho penal”, opinó.

Contexto

El caso de Castro no es aislado. La Coordinadora de Vecinos contra los Desalojos nuclea a habitantes de Remanso de Neptunia, Cumbres de Neptunia, Marindia y otras localidades ubicadas al este del arroyo Pando; se formó en setiembre de 2014, cuando varios vecinos fueron citados al juzgado, acusados del delito de usurpación. Destacan que “demostraron fehacientemente ser poseedores y no usurpadores de los terrenos” y que los abogados defensores pidieron el archivo de los casos, solicitud que sigue sin respuesta.

En febrero comenzaron lo que la coordinadora denuncia como “detenciones irregulares”, en las que la Policía no exhibió orden judicial y los indagados quedaron incomunicados y sin posibilidad de contactarse con un abogado. Según la coordinadora, en menos de un mes, nueve personas fueron procesadas por usurpación. En el sitio web del Poder Judicial están publicadas las tres sentencias que determinaron ocho procesamientos. En uno de ellos, el juez Seijas explica que una de las procesadas -que había ocupado en febrero un predio, cinco días antes- había expresado que se había reunido “con vecinos de la zona que están organizados para la ocupación de inmuebles vacíos”, y ordenó profundizar la investigación “sobre la presunta existencia de una ‘Comisión de Okupas’, que adjudicaría terrenos en forma irregular en la zona del Remanso de Neptunia”. Los integrantes de la coordinadora afirman desconocer la existencia de una comisión de ese tipo y reafirman que “el único cometido que tiene la coordinadora es colaborar con vecinos que han sido acusados”, explicaron a la diaria.