Aunque el gobierno se opone, la iniciativa cuenta con un respaldo mayoritario en un Congreso que es de los más conservadores desde el regreso de la democracia, en 1985. Hace 20 años que se presentan proyectos de ley dirigidos a bajar la edad de imputabilidad, pero pocos llegaron a ser votados por el pleno, ya sea debido a la oposición de los gobiernos de turno o a los acuerdos de las mayorías legislativas para bloquear su tramitación.
En febrero Eduardo Cunha fue electo presidente de la Cámara de Diputados y anunció que impulsaría el tratamiento de esta iniciativa. El presidente de la cámara puede decidir qué temas se incluyen en la agenda, y Cunha anunció que utilizará esta prerrogativa, por ejemplo, para impedir el tratamiento de proyectos de legalización del aborto.
Cunha está a favor de reducir la edad de imputabilidad y anunció que promovería un trato rápido en este caso. Tan rápido, que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, la primera instancia que tenía que superar este proyecto para seguir su camino, fue de las primeras en ser integrada. A esta comisión llegan los proyectos de ley que generan dudas acerca de si la iniciativa propone modificaciones que corresponden, o no, al Congreso. Ése es el supuesto, aunque en realidad suele ser utilizada por los diputados para frenar la votación de algunos proyectos de ley. Eso fue lo que intentaron hacer, mediante varios mecanismos, los opositores a éste.
Si bien en la mayoría de los temas que trata el Congreso las votaciones suelen dividirse entre la base aliada del gobierno y la oposición, éste ha sido un tema que ha marcado la línea divisoria entre las bancadas de izquierda y las de derecha. En contra de la iniciativa están el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los opositores Partido Socialismo y Libertad (Psol) y Partido Socialista Brasileño (PSB), entre otros, mientras que está a favor el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, aliado del gobierno.
Finalmente, después de dos semanas de debates, ayer la comisión aprobó la constitucionalidad del proyecto con 42 votos a favor y 17 en contra. Cunha anunció ayer mismo que ya quedaba conformada la comisión especial que debe tratar el proyecto a continuación, que comenzará a trabajar el miércoles. Esta comisión puede tratar el tema por un período máximo de 40 sesiones, unos dos meses, y Cunha ya dijo que ni bien la comisión lo envíe al plenario, él lo incluirá en la agenda para que sea votado. Por el mecanismo mediante el cual se presentó este proyecto en Diputados, como un proyecto de enmienda constitucional, requiere dos votaciones en cada cámara y tres quintos de los votos en cada votación. Una vez aprobada queda promulgada, sin que sea necesaria la firma de la presidenta.
El diputado del PT Alessandro Molon, que integra la Comisión de Constitución y Justicia, anunció que recurrirá al Supremo Tribunal Federal alegando que es inconstitucional que el Congreso vote sobre este tema. Desde el exterior UNICEF y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a los diputados brasileños a rechazar esta iniciativa. Por su parte, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, lamentó el avance de la propuesta en el Congreso.
En las últimas semanas se han multiplicado las exposiciones a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Quienes son favorables a la iniciativa argumentan, entre otras cosas, que los menores de edad que cometen delitos “quedan impunes” y que la mayoría de los brasileños -según muestran las encuestas- están a favor de bajar la edad de imputabilidad.
Los críticos apuntan que se debe invertir en la educación desde temprana edad para evitar que los menores de 18 años cometan delitos, y que el sistema de cárceles brasileño no ofrece realmente una rehabilitación a los reclusos. También señalan, de forma similar a lo que ocurrió en Uruguay, que hay una sobreexposición de la participación de los menores de edad en los delitos.
Si bien el recorrido legislativo de la iniciativa recién comienza, ya se han sumado al debate organizaciones civiles, las iglesias católica y evangélica, juristas y decenas de académicos, además de los sindicatos y partidos políticos como el PT, el Psol y el PSB.