La presencia de España en el Sahara Occidental comenzó en 1885 y se extendió hasta fines de 1975, cuando Hassan II de Marruecos ordenó la Marcha Verde para ocupar ese territorio. Así lo recordó el juez español Pablo Ruz ayer, cuando dispuso 11 procesamientos de altos cargos policiales y militares marroquíes por delitos de genocidio cometidos contra el pueblo saharaui entre 1975 y 1992.

El repaso histórico tenía como objetivo argumentar que la población saharaui de la época, antes de la ocupación marroquí, era considerada española y que el Sahara Occidental era una provincia de España. Ese dato le permitió a Ruz investigar el supuesto genocidio saharaui pese a una ley de 2014 que limitó la aplicación del principio de justicia universal en España. En abril de ese año, Ruz se negó a archivar esta investigación, y se apoyó en que la ley permite juzgar delitos de lesa humanidad cometidos en el exterior que tengan a españoles como víctimas.

Un año después, el juez emitió estos procesamientos por delitos cometidos en el Sahara Occidental, “en territorio que a todos los efectos debe tener la consideración de español en el momento de la comisión”. Esos delitos son los de genocidio, 23 casos de tortura, 202 de detención ilegal, 50 de asesinato y seis de desaparición forzada.

A lo largo de su investigación, los testimonios de 19 víctimas directas le permitieron “corroborar la indiciaria veracidad” de las denuncias sobre esos delitos, que además también fueron acompañadas por “documentos de identidad de la época o fotografías de las lesiones sufridas como consecuencia de las torturas”, según el pronunciamiento judicial citado por la agencia de noticias Efe y el diario El País.

Uno de los elementos en los que se basó el juez fue el hallazgo de una fosa común, en 2013, en la que se encontraron ocho cadáveres que fueron “plenamente identificados por el ADN, así como por la documentación que tenían entre sus prendas”. Eso permitió que declararan testigos de esos asesinatos y familiares de las víctimas.

Ruz consideró que en el Sahara Occidental existió “un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes”, que tenían la intención de “destruir total o parcialmente” a ese pueblo para “apoderarse del territorio” de la ex provincia española, informó El País. En su pronunciamiento, el juez se refiere a “bombardeos contra campamentos de la población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones de personas, todas ellas de origen saharaui”, y sin importar si estaban vinculadas o no con la guerrilla del Frente Polisario, que combatió contra Marruecos por la autodeterminación de ese pueblo.

El juez procesó a ocho militares y tres civiles, entre ellos varios responsables de campos de refugiados, de la Gendarmería Real, de la Policía Judicial, y un gobernador. Emitió además siete pedidos de captura para los procesados, pero a lo largo de su investigación, varias peticiones de cooperación que presentó quedaron sin respuesta de Marruecos.