Convocados por el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, ayer se reunieron referentes del área de salud mental del MSP y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (entre ellos la nueva presidenta del organismo, Susana Muñiz), el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), las facultades de Psicología y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, el Grupo de la Esperanza y Asumir (ambos de familiares de personas con patologías psiquiátricas) y la radio Vilardevoz, en la que estuvieron representados los usuarios. También asistieron profesionales que habían participado en la redacción del anteproyecto de ley de salud mental, que quedó estancado y sin concluir en 2009.

Mariana González Guyer, del consejo directivo de la INDDHH, explicó a la diaria que Basso transmitió “la decisión política del MSP de trabajar en una nueva normativa de manera amplia y participativa” y que dispuso que en tres meses se presenten los lineamientos de una nueva ley de salud mental. “Son plazos ambiciosos pero necesarios”, reafirmó González.

Cecilia Baroni, integrante de Vilardevoz, transmitió a la diaria que Basso se comprometió ante los legisladores ( el senador Marcos Carámbula, y el suplente de Óscar Andrade, Gerardo Núñez) a que antes de fin de año se les enviará el proyecto de ley de salud mental.

La ley vigente es de 1936 y previo a esta iniciativa del MSP, la INDDHH había formado un grupo interinstitucional para crear otra ley, por entender que la actual “no ofrece las garantías necesarias a las personas afectadas por diversos problemas de salud mental desde las perspectivas de salud integral-salud mental y de derechos humanos vigentes”.

El MSP ya había decidido trabajar en el tema, pero el fallecimiento de Carlos Grecco, un paciente de la Colonia Etchepare, a causa de las mordeduras de una jauría de perros, aceleró el proceso. El tema del cierre de las colonias psiquiátricas y de los hospitales asilares también estuvo presente; las autoridades transmitieron que “la Organización Mundial de la Salud les pidió a todos los países que en 2020 no haya más asilos ni manicomios”, dijo Baroni.

Otro modelo

Vilardevoz le pidió a Basso que mientras se trabaja en una nueva ley se coordine con los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Terriotorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social para que pueda hacerse efectiva la aplicación de la futura ley y se vigilen “las lógicas manicomiales” que se desarrollan en refugios, casas de salud y pensiones. El colectivo plantea “revisar la relación técnico-paciente, que muchas veces termina siendo una relación de dominación y jerárquica”, advirtió Baroni. El grupo defiende una relación horizontal que “respete las singularidades y el derecho a la información” y evite “las prácticas que arrasen con el sujeto” como la sobremedicación y las terapias invasivas. La propuesta de Vilardevoz apunta a “fortalecer al otro”, remarcó Baroni. Agregó que el modelo de salud todavía está basado en una lógica “biologicista e individual” y que “hay que generar más centros de referencia, procesos más grupales, más comunitarios, más productivos, que potencien lo que tiene el sujeto y no solamente direcciones hacia las que querés que vaya”.

Algunos disensos aparecieron en la reunión de ayer, pero las autoridades llamaron a concentrarse en los consensos. El martes volverán a reunirse y afinarán cómo aterrizar las ideas.