La muerte de un paciente en la colonia Etchepare por las heridas causadas por perros, y la sentencia judicial que pidió a las autoridades trasladar pacientes de tres pabellones “por encontrarse en situación de riesgo físico y mental y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos”, reavivaron el debate sobre el modelo de atención en salud mental y la necesidad de modificar el actual.
Calmos
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) emitió ayer un comunicado sobre lo ocurrido en las colonias. Menciona que el problema de las jaurías de perros superó “las previsiones adoptadas” en cuanto a su control, que en ello incidió la ley de protección animal y el abandono de animales en el predio por parte de particulares. Detalla que el lunes de noche personal del Plantel de Perros de la Policía, Guardia Metropolitana y el servicio K-9 del Ejército rastrillaron la zona “manteniendo la tranquilidad y la calma en todo el predio” y que “durante las primeras 48 horas del operativo se lograron extraer 95 canes”.
El comunicado agrega que se redistribuirá a los pacientes de los pabellones 29 y 30 de Etchepare “hacia los que han sido recientemente refaccionados” y que “se comenzará a la brevedad las obras que estaban previstas en el pabellón 24”, que es el de seguridad, aunque no especifica a dónde serán trasladados los pacientes. La sentencia estableció que en diez días debía procederse a la redistribución de quienes viven en esos tres pabellones.
Radio Vilardevoz -un proyecto que funciona desde hace 17 años en el hospital Vilardebó rehabilitando a partir del trabajo en una emisora radial- nunca dejó de dar esa batalla, y el martes emitió un comunicado repudiando el fallecimiento del paciente y afirmando que “urge una revisión general de los modelos y las prácticas en salud mental, que aún siguen sosteniendo políticas de encierro, abandono y exclusión social”. El colectivo exigió que se conforme “una comisión para instrumentar medidas a corto y mediano plazo, que mejoren las condiciones de vida” de quienes tienen problemas de salud mental. Expresaron que la comisión debería estar conformada por representantes de usuarios, familiares y organizaciones de la sociedad civil. Pidieron, además, “que el Estado promueva un debate público en el que se visibilicen las problemáticas que existen, así como las posibles soluciones, y que se sienten las bases para un nuevo plan de salud mental y una nueva legislación que supere los obstáculos y resistencias que se han encontrado en otros momentos”.
El colectivo de Radio Vilardevoz realizó en 2011 una campaña titulada “Rompiendo el silencio”, pidiendo una Ley de Salud Mental que sustituya la Ley de Psicópatas, vigente desde 1936. En 2009 una comisión asesora técnica del Ministerio de Salud Pública (MSP) había avanzado en la elaboración de un anteproyecto de ley, pero faltaba acordar puntos sustanciales de aquélla, y largos años pasaron hasta ahora.
Promete
El responsable del área programática de Salud Mental del MSP, Ariel Montalbán, considera que es necesario discutir una nueva ley de salud mental. En diálogo con la diaria anunció que en el MSP está funcionando una comisión “con el objetivo de estudiar un proyecto de ley sobre salud mental”. También para la Institución Nacional de Derechos Humanos es una prioridad crear una nueva ley y con ella está trabajando el MSP, que ha ampliado la discusión a colectivos de profesionales, familiares y usuarios. El jerarca mencionó que la semana que viene se realizarán tres reuniones para avanzar en la discusión de una nueva ley (aclaró que habían sido coordinadas antes de que falleciera el interno en Etchepare).
Montalbán entiende que la nueva ley tiene que partir “de una concepción más integral, de una visión de derechos que vaya desde la prevención hasta la reinserción laboral y social de la persona. Que la internación sea en hospitales generales y por una instancia lo más breve posible, que existan todas las alternativas a la internación, que la internación sea en el último caso, que si se da, sea con todas las garantías necesarias y controles para garantizar los derechos de las personas”. Señaló, además, que “tiene que estar necesariamente el tema de la curatela, de la discapacidad, de la internación compulsiva”.
Según Montalbán, la comisión está trabajando “a todo vapor” para poder incluir las acciones que establezca la nueva ley en el presupuesto quinquenal, “porque necesariamente requiere fondos”. Añadió que el modelo que se propone “a la larga es más barato, pero en la época de transición hay que invertir dinero”. Insistió en que ahora “están dadas las condiciones y el contexto” para hacerlo. En ese sentido, señaló que el Patronato del Psicópata está implementando un programa de promoción de la autonomía y de apoyo a la vivienda, que hay programas de reinserción laboral y alternativas a la internación tradicional: “Hay muchas cosas, pero todos programas aislados. Con el sostén de una ley estamos en condiciones de avanzar, porque existe el aprendizaje mediante de experiencias concretas que se han hecho en todo el país”, sostuvo.