Los últimos datos divulgados por el Banco de Seguros del Estado indican que en 2013 ocurrieron aproximadamente 54.000 accidentes por motivos laborales, cifra que se redujo en 460 casos en 2014, según la información presentada por el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Udelar Juan Raso. “Que apenas haya caído 1% no indica un efecto real; no puede venderse como bandera”, observó, sobre uno de los puntos que causaron más divergencia entre los participantes. Sin embargo, para Nelson Loustaunau, quien concurrió en representación del MTSS, “alcanza con que un solo trabajador se haya evitado un accidente para decir que fue efectiva”. “Y, sin embargo, fueron más de 500. No podemos ser tan frívolos”, cuestionó.
La Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, vigente desde abril de 2014, estableció que los empleadores que “no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”.
La ley, observó Ignacio López, abogado de la consultora local PWC, “ha traído varios inconvenientes en su interpretación”, porque “no es fácil detectar quiénes son los eventuales responsables”. Puso como ejemplo los casos en “que se lesione el portero de un edificio” o “un funcionario público de un ente estatal”. Pero, en todo caso, opinó que “si el objetivo era disminuir los accidentes, se ha logrado con éxito”.
Por su parte, el representante legal de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Juan Mailhos, consideró que “hay que relativizar” las cifras presentadas, porque “aparecieron en el último cuarto de hora”. “No hay evidencia alguna de que la ley haya sido efectiva. Yo qué sé si los 500 menos son por la ley o por otra cosa”, cuestionó.
“Yo sólo vi una pena”
En otro sentido apuntó Gonzalo Irrazabal, abogado de la Cámara de Industrias, quien opinó que “si la idea era la de disminuir los accidentes, se erró de camino”. Para quien fue director de Trabajo durante el mandato de Jorge Batlle, “se perdió una oportunidad de generar una cultura de prevención” y, en cambio, “lo que se buscó fue el castigo y el miedo”.
Raso coincidió en que la ley “tiene un fuerte valor simbólico”, porque “asusta como el cuco, pero después nada sucede”. En este sentido, “lo que hizo más que nada fue poner el tema de la seguridad sobre la mesa y hacer reflexionar a las empresas”, dijo, reconociendo el “mérito del SUNCA [Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos]” en su aprobación.
“Yo no soy un filósofo del derecho, pero la concientización no es materia de ley”, le retrucó Irrazabal, y agregó que “el tema ya estaba en la conciencia de los empresarios” y lo que hizo, en todo caso, fue “volverlo la vedette”. Dijo que aún está “buscando el objetivo” de la ley, “porque si se habla de prevención, de capacitación, de educación, del buen uso de los elementos y protocolos de seguridad, yo no lo vi”. “Yo sólo vi una pena, un castigo”, afirmó. Para el abogado del sector industrial, la ley tiene una “mirada hemipléjica”, porque “no hay ponderación de los riesgos”, sino que “se regula sólo una de las partes”, el sector empresarial, mientras que si son los trabajadores los que incurren en la falta, no hay pena. “Si el objetivo era estigmatizar criminalmente al empleador, la ley fue un éxito”, agregó.
Por su parte, Mailhos coincidió con Irrazabal: “Aquí se corta por el hilo más fino, que es el sector empresarial”. Considera a la ley “una vergüenza de trámite parlamentario, fruto de una presión indebida del sindicato [SUNCA] sobre los legisladores; básicamente, un cheque en blanco en materia penal”.
Al respecto, Loustaunau sostuvo que la responsabilidad de que se cumplan las normas de seguridad en el ámbito laboral es del empleador. “Es una obligación del cargo, que se explicita en el contrato de trabajo, en la Ley 5.032 [de prevención de accidentes de trabajo] y en todos los decretos reglamentarios, y además, en los Convenios Internacionales de Trabajo que el país ha firmado”, justificó. Dijo que la Ley de Responsabilidad Penal “es una norma con sus defectos”, pero que su objetivo “no es sólo penar”, “la prueba está en que desde su aprobación nadie ha sido encarcelado”. “Hoy, sin embargo, las empresas tienen técnicos prevencionistas y los siniestros se denuncian”, agregó.
Mailhos también planteó, al pasar, sus dudas sobre “la compatibilidad” de la ley con la regulación del mercado de la marihuana. El abogado sugirió que “todo lo que las empresas están invirtiendo en salud” debería “descontársele del IRAE [Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas]”, algo con lo que Loustaunau, a título personal, estuvo de acuerdo.