La sesión comenzó el lunes, y Díaz presentó una línea de acción que parecía un menú a la carta para todos los partidos que integran la Junta. Incluía propuestas de Ciudadanos y de Podemos. La dirigente socialista necesita que uno de estos dos grupos le permita asumir la presidencia de la Junta de Andalucía; ni siquiera deben votar para respaldarla, es suficiente que decidan abstenerse.
Las medidas más destacadas son las que incluyó contra la corrupción, que ha dejado mal parado al anterior gobierno andaluz del PSOE -varios ex jerarcas están siendo investigados por la Justicia, imputados por delitos de ese tipo-. Díaz propuso un gran acuerdo contra la corrupción que incluye, entre otras cosas, que los partidos tengan que responder con su patrimonio si sus dirigentes recibieron financiación ilegal, y una reforma al Código Penal que amplíe el plazo de prescripción de este tipo de delitos. Además, se pondrá fin al pago de sobresueldos por parte de los partidos y se dispondrá la incompatibilidad entre la función de diputado autonómico y cualquier otra actividad, así como medidas de transparencia.
Díaz prometió avanzar en el “apartamiento” de los imputados por corrupción, una propuesta con la que se puso a sí misma en una situación complicada: los ex presidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, imputados por presunta corrupción, están en el Congreso nacional como representantes del PSOE de Andalucía. Ciudadanos exigió ayer a ese partido que retire a Griñán y Chaves del Congreso a cambio de su apoyo. El líder nacional de este nuevo partido, Albert Rivera, dijo que si no se asume “por escrito” un compromiso para retirarlos, no habrá acuerdo. En todo caso, Ciudadanos está abierto a abstenerse en la votación de la investidura, lo que permitiría la asunción de Díaz, pero en ningún caso a darle su apoyo.
La guerra contra la corrupción era la bandera de Ciudadanos, pero Díaz también incluyó propuestas de Podemos entre las suyas. Asumió el compromiso de trabajar para evitar los desalojos, para lo cual planteará alternativas que permitan conservar las viviendas, las cuales todavía no fueron dadas a conocer.
Otro de los proyectos que Díaz puso arriba de la mesa es el de reformar la Constitución para que haya una segunda vuelta en las elecciones comunitarias. Esta propuesta parece dar por sentado que el escenario político español -tal como se vislumbra- va a abandonar definitivamente el bipartidismo y va a seguir fraccionándose. Las dificultades que enfrenta Díaz para lograr la investidura -que es sólo el primer paso para formar gobierno- derivan del resultado de las elecciones comunitarias: Díaz obtuvo 35% de los votos, lo que representa 47 escaños en la Junta, lejos de la mayoría de 55 que lograría si tuviera el respaldo de alguna de las nuevas formaciones.
Según las encuestas sobre las elecciones autonómicas y comunitarias que se realizarán el 24 de mayo en la mayoría del territorio español, este escenario de fragmentación podría repetirse en varias provincias españolas, donde los nuevos partidos serán los que tengan la llave para acceder al gobierno. En este escenario, el PSOE y el PP no parecen tener intenciones de respaldarse: el Partido Popular (PP) andaluz ha dicho que prefiere repetir las elecciones antes de respaldar a Díaz.
Desde el PSOE se ha advertido que a partir de hoy “o gobierna la lista más votada, o [se llama a] nuevas elecciones”. El único partido que ha mostrado señales de acercamiento a la candidata es Ciudadanos, pero, para que Díaz obtenga su respaldo, deberá acceder a sus reclamos.