El juez penal de 2º Turno de Montevideo, Pedro Salazar, ordenó que el 11 de junio se efectúe una inspección ocular en el sitio conocido como “300 Carlos”, ubicado en el Batallón de Infantería Nº 13. La actuación judicial, que se encuentra en etapa de presumario, tendrá lugar en el marco de la denuncia presentada el 27 de octubre de 2011 por unas 30 víctimas que estuvieron cautivas en el centro de detención y han dado testimonio sobre los padecimientos que allí sufrieron.
Fuentes judiciales detallaron a la diaria que en la inspección ocular estarán presentes el juez, la fiscal María de los Ángeles Camiño, funcionarios de Policía Técnica (que registrarán el lugar donde se torturaba a los secuestrados) y algunas de las víctimas, que concurrirán junto a su abogado patrocinante.
Se acusa a 25 personas de “privación de la libertad, violaciones, lesiones, amenazas, abusos de autoridad”, entre otros delitos cometidos entre 1972 y 1985. Los lugares identificados en la denuncia incluyen el Batallón de Infantería Blindada N° 13 (“Infierno Grande”), el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército y el “300 Carlos”.
En el marco de este expediente, el 22 de febrero de 2013 la Suprema Corte de Justicia resolvió, por mayoría, la inconstitucionalidad de los artículos 2º y 3º de la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (Nº 18.831), que declaraba de lesa humanidad los delitos cometidos “en aplicación del terrorismo de Estado” y establecía que el plazo comprendido entre 1986 y 2011 no computaba a efectos de la prescripción de esos delitos.