18 segundos de acople. Gabriela Fulco tomó las riendas del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) sin dramatizar un arranque que fue tragicómico. Antes le dieron la bienvenida la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner. El micrófono funcionó bien hasta entonces. Fulco subió al estrado y acopló. Con aplomo esperó a que pasara el chirrido infernal que aturdió a los presentes y durante 20 minutos explicó las nuevas concepciones que caracterizarán su gestión.

“Qué momento de ambivalencias”, comentaron en la previa unas funcionarias administrativas del Sirpa. Fulco sucederá a Ruben Villaverde, que no quiso hacer un balance de su gestión, marcada en los últimos dos años por reiteradas denuncias de abusos y malos tratos de funcionarios a adolescentes privados de libertad en distintos centros del sistema, además de jornadas de encierro prolongado por hasta 23 horas diarias, problemas en la calidad de los alimentos y en el acceso a elementos de higiene, y falta de actividades socioeducativas.

El ahora ex jerarca decidió en las últimas semanas el cierre del Centro de Privación de Libertad (Ceprili), cerró el hogar Ser y firmó un comodato por cinco años con el Sindicato Único del INAU (SUINAU) para ceder a este gremio el uso del ex hogar El Puente de Colonia Berro. “Me parece mejor que hablen las autoridades entrantes”, se limitó a decir Villaverde a la diaria, antes de que comenzara el acto de asunción de la nueva Comisión Delegada, integrada por Fulco (que la preside), Luis Noya y Edgard Bellomo.

A diferencia de la asunción del nuevo directorio del INAU, el 22 de abril, en el acto de ayer no estuvo presente ningún representante del SUINAU. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se sentó en la primera línea dispuesta en el auditorio del piso 7 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), a la altura de la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Denise Cook.

Arismendi ya tiene entre manos el proyecto de ley para que el Sirpa funcione como un servicio descentralizado y pase de la órbita del INAU a depender directamente del Mides. Se espera que la aprobación de este cambio suceda a la brevedad.

Psicóloga de profesión y ex asesora en Asuntos Penitenciarios del Ministerio del Interior, Fulco aspira a una mayor modernización del sistema y a mejorar y generar nuevas estructuras en este cambio de gestión. En diálogo con la diaria, explicó por qué le parece “esencial” la creación de un departamento de Estadística e Investigación Científica Criminológica y Victimológica para la producción de conocimiento, “que sostenga la mejora continua y eleve a la institución a un rango de alta especialización”: “Será nuestro soporte para revisar permanentemente nuestros planes de trabajo y aportar en materia de seguridad pública a la prevención del delito”, dijo. “A los adolescentes [que pasan por un proceso infraccional] les caben las dos concepciones: la criminológica, desde lo que es la comisión de un delito, y los procesos de victimización, por los que la mayoría ha pasado, por medio de violencia social y familiar, que están en la génesis de ese delito. Corresponde, entonces, la investigación en el campo de la ciencia victimológica”, explicó.

“Hay que quebrar con la idea de que los jóvenes son el problema para este país” y “deconstruir” el hecho de que en la preocupación por la seguridad pública se responsabilice a “un pequeño núcleo de adolescentes en conflicto con la ley” sobre un universo de 800.000 niños y jóvenes que existen en Uruguay, había señalado antes Lindner. “Hoy no podemos sólo asociar criminalidad y delito a la pobreza, sino que se deben considerar otros delitos, como la trata de personas y el narcotráfico. La violencia en estos procesos -muchas veces intrafamiliar- también se aprende y por ello es difícil salir de ella”, añadió la presidenta del INAU.

Otro cambio sustancial en el Sirpa será el vínculo “activo, comprometido y continuo” que mantendrá el sistema con la familia del adolescente infractor, así como entre el joven y su víctima o el entorno de ésta, como parte del diseño de programas individualizados de tratamiento integral con cada joven. “Esto forma parte de trabajar bajo la concepción de la justicia restaurativa, que propone alternativas de reparación y un proceso de recuperación de infractores y de las víctimas. Se busca la reparación social de los daños cometidos”, explicó Fulco.

El abordaje integral de cada adolescente atenderá aspectos sanitarios y de salud mental, con foco en “cuadros de adicciones, conductas violentas y los delitos conexos” a estos factores. Fomentar la conclusión de ciclos educativos interrumpidos e incorporar el Plan Ceibal será prioritario, tanto como la capacitación para el empleo y el desarrollo de un programa de “búsqueda de talentos” que abarque áreas literarias, científicas, culturales y deportivas. A su vez, se contemplará el acceso al culto religioso, facilitando la concurrencia a servicios o encuentros con representantes de todas las religiones.

En lo que refiere a los funcionarios, la nueva Comisión Delegada desplegará un programa de salud ocupacional conocido como “Cuidar al que cuida”, considerando “la responsabilidad que conlleva la atención de la privación de libertad, [que] exige una adecuada selección de perfiles, su capacitación continua [...] y dispositivos para la detección precoz de síntomas de estrés”. Prometieron atención personal y grupal, mejora de los espacios laborales, rotación de tareas y turnos de descanso.

Fulco exhortó a “abrazar la vida” de los adolescentes privados de libertad “con la convicción de que el buen trato deja siempre una huella indeleble, que germina en cambios positivos en el espíritu y las acciones de las personas”.