A partir de las medidas de seguridad que presentó el Gabinete de Seguridad en junio de 2012, surgió la Estrategia por la Vida y la Convivencia: 15 medidas que se incorporarían en el corto y el mediano plazo “ante la emergencia de ‘la violencia’ como problema prioritario para la población”. De allí surgió la Ley de Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos, Nº 19.120, aprobada el 20 de agosto de 2013. Una de las cosas que estipuló esta ley fue que si una persona es encontrada ocupando “espacios públicos acampando o pernoctando” más de dos veces, será “castigada con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario”, y si se niega a realizarlo, esos días se cumplirán en prisión.

El director de Convivencia y Seguridad Pública del Ministerio del Interior (MI), Gustavo Leal, informó sobre la aplicación de dicha ley respecto de las faltas vinculadas a la ocupación del espacio público el 21 de julio ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado. Desde que la ley entró en vigencia, el 20 de setiembre de 2013, hasta el 28 de febrero, se han realizado 5.957 “intervenciones”.

En ese período, 2.420 uruguayos y 22 extranjeros han sido identificados por medio del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, sacados del lugar donde estaban, revisados por un médico de la Administración de los Servicios de Salud del Estado y trasladados a una unidad del Ministerio de Desarrollo Social, “a los efectos de que se les ofreciera una alternativa adecuada a su situación y se diera cuenta al juez competente”. En ese sentido, Leal aclaró que de febrero a junio de este año se identificó a 148 personas más, cuyos datos aún no están sistematizados. 53% de las personas fueron “intervenidas” una vez, 16% dos veces, 10% tres veces y el resto cuatro o más veces. A su vez, seis de cada diez personas tienen menos de 35 años, 90% son hombres y 47% posee antecedentes penales, “particularmente, y en orden, por hurto, rapiña o lesiones graves”, señaló. Gerardo Leyes, responsable del programa de Mesas Locales de Convivencia del MI, apuntó que en el año pasado 47 personas fueron obligadas a realizar trabajos comunitarios, y este año, 54.

Leal entiende que la ocupación del espacio público suma un problema a la convivencia y la seguridad, porque “implica la instalación de procesos de degradación, vandalismo, de no uso y de repliegue de estos espacios por parte de los ciudadanos”. En ese sentido, agregó que “el hecho de que se trate de personas pobres y excluidas no puede significar que dejemos de ver que se está produciendo un proceso de apropiación del espacio público, que, obviamente, es de todos”.

Según Leal, el MI considera “que no es digno que haya personas que estén viviendo en la calle” y que eso “no constituye una opción de libertad”. Aseguró que, en realidad, quienes toman esa decisión “lo hacen como resultado de un proceso de exclusión persistente y, muchas veces, por ruptura con sus vínculos sociales”. También alertó sobre el rol que debe cumplir la sociedad: “No se puede naturalizar la situación de que haya gente viviendo en la calle y pensar: ‘Si quieren hacerlo, que lo hagan’”. Explicó que el enfoque del MI parte de un “abordaje social” y que lo primero que se debe hacer es “invertir el patrón de razonamiento: no se trata de un problema de libertad, sino de derechos”.

La punta del iceberg

La dirección de Leal tiene cuatro pilares de trabajo: el desarrollo de las Mesas Locales de Convivencia, el programa de “intervención en zonas de alta vulnerabilidad y exclusión”, el “monitoreo del uso del espacio público” en el país -en particular, en la zona metropolitana- y el “abordaje de la relación y el vínculo estratégico con los centros educativos”.

Las Mesas Locales fueron creadas en 2006 y, según Leal, “conforman un espacio muy relevante de participación y de vínculo ente la comunidad, el MI y la Policía nacional”. Leal aseguró que quieren orientar su labor a la resolución de conflictos y de problemas específicos, en particular en base a las metas que el MI se ha planteado, como la reducción en 30% de los delitos contra la propiedad. En el primer semestre de este año, funcionaron 134 mesas en el interior del país -sin contar Artigas, Durazno y Río Negro, donde no se realizó ninguna- y 46 en la capital. Afirmó que este quinquenio el trabajo se concentrará en el área metropolitana, ya que allí se comete 90% de los delitos de hurto y rapiña. En ese sentido, sostiene que el enfoque de las mesas combina “una estrategia de represión del delito basada en la evidencia y en la información, con una estrategia de prevención situacional del delito en espacios públicos urbanos”. Por medio de estas estrategias, el MI pretende “disminuir la oportunidad de delito y reducir la percepción de inseguridad que hay en la población en determinados ámbitos”. Leal considera que “abordar los factores que generan el miedo es algo relevante, y algunos de ellos tienen que ver con la existencia objetiva de delitos, pero otros con fenómenos del ambiente, de cómo está el barrio”, por ejemplo, en materia de limpieza, lo que, “de alguna manera, fomenta conductas más violentas”. También anhelan “favorecer transformaciones urbanas en esos lugares” y facilitar “el control social de la comunidad sobre esos espacios comunes”. “Hay que hacer que para el posible delincuente su proyecto sea más difícil”, “que el delito sea muy arriesgado”.

Por otro lado, aseguró que se está “discutiendo la posibilidad de ampliar” el programa Siete Zonas, que identificó zonas del área metropolitana en las que era necesario realizar “fuertes procesos de intervención social” -en Montevideo, los barrios Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa e Ituzaingó; en Canelones, Vista Linda y Obelisco, de Las Piedras, y Villa Manuela, de Barros Blancos-. El MI parte de la base de que “los territorios y ciertos enclaves territoriales en el área metropolitana”, fruto social de la ciudad, “son lugares que reproducen también factores de desigualdad y de exclusión”.

Respecto de las estrategias referidas a las instituciones educativas, Leal explicó que “esos centros son las dependencias públicas con mayor flujo diario de entrada y salida de usuarios”, y esto hace que allí se concentren los delitos. “En las horas pico de entrada y salida de los turnos escolares se concentran los picos delictivos, sobre todo los hurtos y las rapiñas”, aseguró.