El encuentro fue organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), particularmente por la Dirección Nacional de Empleo (Dinae) y sus departamentos de Empleo Juvenil y Empleo Rural. Contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de la Juventud (Inju), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional de Colonización y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Participaron alrededor de 150 jóvenes rurales de varios departamentos del país.

Números que hablan

“Seguimos teniendo un desempleo alto y un nivel de informalidad alto en los jóvenes”, expresó Eduardo Pereyra, responsable de la Dinae. Pero esto se agudiza en el ámbito rural. Las desigualdades se manifiestan desde las posibilidades de estudio. De acuerdo a información de 2014 del MTSS, 114.051 jóvenes de 15 a 29 años viven en zonas rurales y en localidades de menos de 5.000 habitantes. De ellos, 47% no culminó el ciclo básico; 3.776 no tienen instrucción o tienen primaria incompleta. La mayoría trabaja (54%); de ellos ocho de cada diez son asalariados y menos de 1% es patrón; los trabajadores por cuenta propia alcanzan 14%. Más de 7.500 buscan trabajo y 18,3% no estudia ni trabaja.

Los sociólogos Joaquín Cardeillac y Agustín Juncal, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) graficaron el despoblamiento rural: en 1985, 70% de los asalariados agropecuarios residía en localidades rurales, mientras que en 2011, 70% vivía en ciudades. La brecha entre géneros, que en la ciudad es de 18%, se duplica en las localidades rurales. Las mujeres rurales estudian más que los varones, pero no logran insertarse en el mercado laboral. En las zonas rurales, una de cada tres mujeres jóvenes no estudia ni trabaja. En ello incide la maternidad: 56% de las mujeres que tuvieron hijos no estudian ni trabajan.

Juan Romero, sociólogo de la Regional Norte de la Udelar, destacó que 33% de los asalariados rurales son jóvenes. Analizando datos de Encuestas Continuas de Hogares de 2006 a 2014, Romero señaló que “69% de los jóvenes asalariados rurales trabajan en condiciones de mala calidad de empleo”. Se define de “buena calidad” un trabajo en el que se está en caja, con cobro de aguinaldo y que cumple con la jornada laboral de ocho horas; en esa situación está menos de 1% de los jóvenes rurales, subrayó, contrastando que ese valor, entre adultos, llega a 15%. “Los más jodidos de los jodidos son los asalariados jóvenes rurales; ha habido mejora en los últimos años, pero son los que menos se beneficiaron”, expresó. “Ser pobre, trabajador rural y asalariado no es una consecuencia, forma parte de las condiciones de desigualdad; eso nos exige otro tipo de políticas”, reclamó.

En carne propia

En el primer intercambio, los jóvenes plantearon las dificultades para acceder a la tierra. Una chica de la Agrupación Juvenil Nuevas Raíces, de Canelones, dio cuenta de un relevamiento que había hecho su grupo: en un radio de diez kilómetros identificaron 58 familias de pequeños productores y sólo dos chiquilinas, de 16 años, pensaban trabajar en el campo. “Hay que quitar la idea de que el campo es una condena”, pidió. Un muchacho integrante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas transmitió que “las estadísticas y reglamentos no son nada parecidos a nuestra realidad”; señaló las consecuencias del cierre de Greenfrozen y dijo que en 1996 había, en la zona de Bella Unión, más de 150 productores hortícolas, y que hoy hay más de diez pequeños productores desempleados. Alertó que en esa zona fronteriza “el crack y la pasta base están invadiendo cada vez más” y que las zafras duran sólo cinco meses al año.

Las historias de vida de los jóvenes hablan por sí solas. Cristina, de Paso del Cerro -un pueblo de 500 habitantes ubicado a 45 kilómetros al noreste de Tacuarembó-, de 30 años, contó a la diaria que en su pueblo no hay empleo. Sólo hay ciclo básico, y si quieren seguir estudiando deben viajar a Tacuarembó, pero el ómnibus pasa sólo tres veces por semana. Tiene un hijo. En su pueblo no hay panadería y le gustaría hacer un curso en ese rubro.

Gustavo vive en Paso del Cerro; tiene 20 años y terminó mecánica automotriz en la UTU. Le gustaba trabajar en el campo, pero “el mayor problema es el tema de los patrones: yo he trabajado en varias estancias y he tenido problemas en cuanto a un horario excesivo y el dinero que me han pagado. Estando en el pueblito, capaz que tengo mayor chance de comer todos los días que trabajando en una estancia, siendo explotado por gente que tiene más que nosotros”. Trabajaba hasta 12 horas sin descanso. “Al campo renuncio, la ley está pa'l bandido”, concluyó.

Braian, de 20 años, de Tres Islas (Cerro Largo), trabaja para una empresa subcontratada y planta soja a destajo: “Cuantas más hectáreas hacés, más te sirve: no vas a trabajar ocho horas siendo que hacés, reventando, 40 hectáreas”, calculó, y por eso trabaja cerca de 12 horas por día, e incluso hasta 15 y 16. Bryan, de 17 años y también de Tres Islas, está en cuarto de liceo. Le gustaría hacer un curso de soldador en la UTU, pero no hay en su departamento: “Tendría que quedarme en un internado y es complicado”. Andrés, de 12 años y habitante de Ramón Trigo (Cerro Largo), mostró otra faceta de la problemática: además de ir al liceo juega al fútbol, y tiene que viajar hasta los fines de semana porque “si no, a uno lo sacan por otro que vaya todos los días”.

Joaquín es de El Eucalipto (Paysandú), cursó hasta noveno en la escuela rural y después se fue a Paysandú, pero se volvió porque no le gustó la ciudad. Ayuda a su padre en tareas de campo, pero sus compañeros “hacen changas de un mes o dos meses y después pasan tiempo sin trabajar”. Junto a Víctor, de Paysandú y estudiante del bachillerato de la Escuela Granja Melchora Cuenca, reconocen que hay discriminación de parte de los citadinos: “En la calle ya ves a alguien de botas y bombacha de gaucho y empiezan a criticar, en la ciudad pasa pila”.

Otras oportunidades

La Ley de Empleo Juvenil se creó en 2013 y se reglamentó hace cuatro meses. Propone una serie de beneficios para las empresas que contraten jóvenes en diferentes modalidades: primera experiencia laboral (contratos de seis a 12 meses para jóvenes de 15 a 24 años que no hayan tenido un empleo formal mayor a 90 días); práctica laboral para egresados (contratos de seis a 12 meses para jóvenes de 15 a 29 años); práctica formativa de empresas (hasta 60 horas y sin remuneración); trabajo protegido joven (para personas de 15 a 29 años en situación de vulnerabilidad social, prevé los mayores subsidios: 80% del salario de las jóvenes y 60% de los varones); reducción de la jornada para jóvenes de 15 a 24 años que estén estudiando; licencia adicional por estudio (para jóvenes de 15 a 24 años). El Banco de Previsión Social subsidia parte del salario de los trabajadores contratados (de 15% a 80%), que no pueden representar más de 20% de la plantilla de la empresa. El tema fue comentado por representantes sociales.

José Bonica, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay, se centró en los menores de 18 años. Planteó que, de acuerdo a los requisitos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, hay “grandes contradicciones” porque “un chico de siete u ocho años puede ir a caballo a la escuela pero uno de 17 no puede trabajar arriba de un caballo”. Indicó que es necesario que se diga “qué tareas pueden hacer y que en caso de accidentes estemos todos cubiertos, menores y patrones”.

Gonzalo Morales y Andrés Soria, del grupo San Diego de jóvenes de Itapebí, opinaron que la ley es buena pero consideraron que “la juventud se está yendo a las ciudades por estudios o temas de servicios, no hay jóvenes que quieran trabajar en el campo, y esta ley no los incentiva a que tomen ese trabajo, sino que incentiva al patrón, que es de los que más quieren, hoy, tener plantillas jóvenes”. Identificaron como un problema que los menores de 18 años no puedan manejar vehículos o caballos. Señalaron que el horario de los liceos, generalmente diurnos, se contrapone al del trabajo en el campo, y hallaron una contradicción, porque según la ley el subsidio no puede abarcar más de 20% de la plantilla, pero hay establecimientos rurales con dos, tres o cuatro empleados.

Juan Dutra, del grupo de jóvenes de Villa Tambores, expresó que “muchas empresas trabajan en la informalidad”. Pidió que modalidades como la de la primera experiencia laboral y la reducción horaria por estudio se extiendan hasta los 29 años, porque es probable que jóvenes de 24 a 29 años no hayan estado empleados durante 90 días corridos.

César Rodríguez, de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, señaló que mediante las tercerizaciones se concretan “las formas más diversas y agudas de informalidad”, y dijo que “el sistema actual de zafralidad no permite que muchos trabajadores se puedan acoger al beneficio del seguro de paro”, puesto que hay que tener un mínimo de jornales trabajados. Su compañera María Flores insistió en el contralor de la ley y dijo que, de acuerdo a la legislación, desde 2009 se debieron formar dos comisiones con participación de los trabajadores para controlar la seguridad laboral y el régimen de la jornada laboral, que no se han creado.

En diálogo con la diaria, Pereyra evaluó que se llevaba aportes para “adaptar los mecanismos de la ley al medio rural”. Entre éstos está el tema de la zafralidad: “La ley establece contratos no menores a seis meses y hay zafras que son menores a seis meses”, dijo. También mencionó la necesidad de ajustar los plazos para acceder al seguro de desempleo. En cuanto a la informalidad y la calidad del empleo, comentó que “es algo de lo que tenemos que revisar, tenemos que trabajar mucho más cerca de la Inspección General de Trabajo”.