El gobierno y los sindicatos de la educación siguen sin llegar a un acuerdo. Ninguna de las dos partes está dispuesta a dar el primer paso. El gobierno quiere que las clases se retomen ya, y lo pone como condición para el levantamiento de la esencialidad. Los sindicatos no están dispuestos a negociar si no se deroga el decreto que afecta a los trabajadores de la educación.
Ayer, un nuevo encuentro del Consejo Superior Tripartito del sector público, de cinco horas y cuatro cuartos intermedios, intentó, sin éxito, lograr acercar a las partes. La novedad fue que el gobierno incluyó en su oferta que no aplicará sanciones por la esencialidad hasta el lunes 31 de agosto. El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ernesto Murro, evitó a toda costa hablar de cuáles serían las sanciones una vez vencido ese plazo. En su propuesta, el gobierno plantea retomar las negociaciones presupuestales y salariales en el ámbito de la enseñanza pública y en el Consejo Superior del sector público. A su vez, el Ejecutivo planteó la posibilidad de considerar un heterogéneo conjunto de beneficios laborales en la enseñanza pública, que incluye desde servicios relacionados con el Sistema Nacional de Cuidados hasta “la extensión gradual de lentes y prótesis” que el Banco de Previsión Social brinda a trabajadores privados. Como era de esperarse, estas nuevas ofertas no tuvieron ningún efecto a la hora de destrabar el conflicto.
Si bien Murro aguarda una respuesta por parte de los gremios educativos, a la salida de la reunión de ayer el dirigente sindical Óscar López adelantó que las negociaciones no avanzaron debido a que el gobierno mantuvo la esencialidad. “Para nosotros, sin dudas hay avances”, aseguró el ministro tras el encuentro, y explicó la idea del gobierno de no sancionar a quienes hasta ahora incumplieron con la esencialidad. Anunció que si se llega a un acuerdo para el lunes, el gobierno se limitará a descontar los días de trabajo no realizados. Según pudo saber la diaria, el gobierno ya tiene estadísticas del nivel de acatamiento de la esencialidad, aunque no comenzó a notificar a los docentes ni planea hacerlo antes del lunes. “Tenemos la más firme disposición de negociar y dialogar, pero también de que se respete a todas las partes y se cumpla con las clases, porque niños y jóvenes hijos de trabajadores de clase media y gente pobre están siendo perjudicados, y ésa es la principal preocupación del gobierno”, dijo Murro.
Ayer también hubo una instancia de negociación tripartita entre el MTSS, la Universidad de la República (Udelar) y sus sindicatos. En diálogo con la diaria, el dirigente de la Agremiación de Funcionarios Federados de la Udelar, Luis Diosy, señaló que ni los trabajadores ni las autoridades universitarias quedaron conformes con el planteo del Ejecutivo. Según Diosy, el planteo del Ministerio de Economía y Finanzas consistió en que, como los gremios y la Udelar ya habían establecido un acuerdo salarial bipartito, ahora deben esperar el mensaje presupuestal. “Esperábamos más de debate y de información”, dijo Diosy, y señaló que hoy el gremio se reúne para definir medidas.
En paralelo
Al mismo tiempo que se desarrollaban las negociaciones en el MTSS, la marcha convocada por el movimiento en defensa de la educación pública y contra la resolución de esencialidad convocó al menos a 50.000 personas. A la mitad del camino hacia el Palacio Legislativo, al llegar a la Torre Ejecutiva, los gremios estudiantiles, docentes y de funcionarios dieron discursos en los que reafirmaron su rechazo a la esencialidad y la necesidad de invertir 6% del Producto Interno Bruto en educación. En una esquina de la Torre Ejecutiva se armó una hoguera en la que quemaron un muñeco con la cara de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, con un bigote como el de Adolf Hitler.
Ayer, las filiales de Montevideo y Canelones de la Asociación de Maestros del Uruguay resolvieron parar durante el día de hoy, sumándose así a los paros de la Asociación de Funcionarios de UTU y de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. Una fuente de uno de los gremios de la enseñanza consideró que lo que está ocurriendo es “la primera ruptura con el campo popular” desde que el Frente Amplio llegó al gobierno.
Distintos caminos
Según pudo saber la diaria, las renuncias de los representantes de los trabajadores en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) corren por distintos caminos. La representante por los maestros, Teresita Capurro, retiró ayer sus pertenencias de la sede del Codicen y el lunes estaría entregando formalmente su renuncia al organismo. Hasta ahora, los cinco consejeros que representan a los trabajadores en los consejos de la ANEP presentaron su renuncia ante el PIT-CNT, pero no ante la ANEP.
Pero el representante por los profesores en el Codicen, Néstor Pereira, dijo a la diaria que, aunque no formalmente, la central sindical les sugirió que no renunciaran, para “apostar al fortalecimiento de un ámbito de negociación que permitiera conseguir los mejores resultados”. Por eso, el consejero no presentará su renuncia hasta que el PIT-CNT se lo pida. Pereira dijo también que hasta ahora el Codicen no ha recibido pedidos formales del Poder Ejecutivo para el cumplimiento de la resolución de esencialidad y, por lo tanto, no ha actuado en consecuencia. Señaló que, de acuerdo con la ley que regula la esencialidad, hay cinco días para poder comenzar a tomar medidas con quienes la desacaten.
Pereira señaló que el Codicen informó a cada uno de los consejos de la resolución del MTSS y que ahora son ésos los organismos que deberán “ir poniendo en juego los mecanismos disponibles para que los cursos sean lo más normales posibles”. De todas formas, indicó que “no se pueden apartar del estatuto del personal docente y no docente” de la ANEP, que prevé descuentos y el envío de telegramas a los docentes para que se presenten. Dijo que se enteró del rumor de la resolución de esencialidad el lunes de mañana y de la noticia por la prensa. Fuentes de la ANEP dijeron a la diaria que el Codicen no fue consultado por el Ejecutivo al tomar la resolución.