Delegaciones de Venezuela y Colombia se reunieron en Cartagena para dialogar sobre la situación en la frontera común, después de que Venezuela decidió cerrar un paso fronterizo y deportó a más de 1.000 colombianos que vivían en zonas fronterizas. El gobierno de Nicolás Maduro tomó esas medidas después de un ataque armado en el que fueron heridos tres militares y un civil, que atribuyó a paramilitares y contrabandistas. Antes de la reunión con su par colombiana, María Ángela Holguín, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en Twitter que dejaba en evidencia la distancia entre las partes: “Esperamos que sobre problemas de paramilitarismo, narcotráfico, contrabando y migración tengan hoy propuestas concretas #VenezuelaExigeRespeto”.

En la noche del martes, Maduro dijo que el cierre del paso fronterizo de Cúcuta-San Antonio es sólo “la punta del iceberg” de sus planes para responder a la “violencia paramilitar”, y dijo que hace un año hubo otra reunión en Cartagena “y no se cumplió nada”. A su vez, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que además de buscar soluciones, en la reunión su país protestaría “por la forma en la que han sido maltratados” los colombianos de la zona.

Amnistía Internacional manifestó en un comunicado que “en algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos, sin ningún tipo de respeto de garantías”. Esta situación motivó que unos 2.000 colombianos sin papeles que vivían en el departamento de Táchira, en Venezuela, dejaran la zona con algunas pocas pertenencias, informaron las agencias Efe y Reuters. Una vez en Colombia, se dirigieron a Cúcuta, una ciudad en la que recibieron asistencia de la alcaldía, del gobierno colombiano y de la Cruz Roja.

Venezuela debe “proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial, entre otros, aun cuando rige un estado de excepción”, señaló Amnistía Internacional. La canciller venezolana dijo en Twitter que “Venezuela ha atendido a miles de colombianos desplazados de su propio país con ocasión del conflicto armado interno”, y que “Colombia tiene obligación de reparar daños por lesiones derivadas por falta de atención de sus deberes como Estado”. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela convocó para el viernes una marcha para exigir que Colombia respete las medidas del gobierno de Maduro.

El estado de excepción fue declarado en cinco ciudades de Táchira para localizar a contrabandistas y paramilitares, y ayer, mientras las cancilleres estaban reunidas, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, anunció la captura de un líder del grupo paramilitar colombiano Los Urabeños. “Nosotros no podemos permitir que el territorio de Venezuela sea una extensión del conflicto que no es nuestro”, dijo Arreaza, que además negó que se hayan cometido abusos contra los colombianos de la zona fronteriza, según informó Telesur. En cuanto al contrabando, ese medio informaba ayer que del lado colombiano de la frontera, en Cúcuta, 80% de los productos de uso doméstico que se venden son contrabandeados desde Venezuela.

Después de una reunión que duró varias horas, las cancilleres dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que fijaron nuevos encuentros para seguir trabajando sobre los problemas de la frontera. La colombiana Holguín dijo que la diferencia cambiaria entre los dos países “genera un daño inmenso en Venezuela”, y lleva a que grupos ilegales de Colombia utilicen el combustible venezolano, que es más barato. Reconoció que Venezuela recibió a los colombianos por décadas, y dijo que su gobierno dará apoyo a los deportados, que “están regresando a un país de oportunidades”, pero llamó al gobierno de Maduro a reabrir la frontera.

A su vez, Rodríguez dijo que en el encuentro Venezuela pidió a Colombia una lista de paramilitares desmovilizados, que se habló acerca del comercio ilícito, y que su país llamó a que “se atienda la campaña mediática, para combatir la mentira”. Las dos ministras hicieron evaluaciones positivas de la reunión, y hablaron de “un primer paso”, pero hasta ayer la frontera entre sus países seguía con un tramo cerrado.