El presidente del Sindicato del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Joselo López, sostuvo ayer que la directora del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, presentó el viernes una denuncia en su contra ante el Juzgado Penal de tercer turno. La noticia apareció en la tarde de ayer en Montevideo Portal, y luego López escribió en su cuenta de Twitter: “Ni un paso atrás. Con denuncia o sin denuncia, estaremos al lado de los compañeros que lo necesiten”. López dijo a la diaria que la denuncia es contra él y “otros compañeros de la mesa sindical del Sirpa” por lo acontecido en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) el 24 de julio, cuando cuatro jóvenes intentaron fugarse y, según trascendió, accedieron a las llaves de dos módulos. En ese mismo centro, el 18 de julio, se había producido una pelea a raíz de la cual resultaron heridos dos jóvenes y dos funcionarios.
Sin embargo, Fulco dijo a la diaria que lo afirmado por López “no es cierto” y que ella no presentó una denuncia, sino una notitia criminis. Se trata de poner en conocimiento del juez “un hecho de apariencia irregular y es el juez el que resuelve si eso tiene trámite o no, si se comprende una figura penal o no”. “Eso queda a criterio del juez. No se acusa a nadie de nada”, sostuvo Fulco. La directora del Sirpa no quiso dar detalles de los hechos que se pusieron en conocimiento de la Justicia y tampoco confirmar si fue a raíz de lo sucedido en Ceprili. “Será la Justicia la que informe”, señaló, y agregó: “Ahora que empiece el juzgado a hacer las citaciones que correspondan”. Según dijeron a la diaria allegados a Fulco, la denuncia es por varias irregularidades. Por un lado, se incluyen informes forenses que constatan que varios jóvenes tienen lesiones ocurridas en los hechos del 18 de julio. Por otro lado, aparecieron cortes -el propio sindicato se encargó de difundir fotografías de ellos- que las autoridades no se explican de dónde salieron. Además, los funcionarios habrían realizado una asamblea en el centro el 24 de julio, cuando las autoridades les habían pedido expresamente que no lo hicieran, y dejado a “los gurises abandonados” a propósito para generar disturbios, señalaron las fuentes. Agregaron que es probable que ésta no sea la única denuncia por hechos irregulares en los centros del Sirpa.
López sostiene que la denuncia fue presentada en forma personal por Fulco, porque no tuvo el apoyo de la comisión delegada del Sirpa para hacerlo institucionalmente. Fulco prefirió no responder. “Ellos están haciendo su juego, pero yo no voy a decir más nada. Que la Justicia actúe como debe actuar, libremente”, indicó.
Acción y reacción
En el período de gobierno anterior, la “luna de miel” del Sindicato del INAU con la comisión delegada del Sirpa, entonces encabezada por Ruben Villaverde, que coincidió con un saldo de “fuga cero” en los centros de detención, culminó en el momento en que las autoridades empezaron a presentar denuncias por situaciones de maltrato, bajo presión por el estado público que tomaron algunos casos. El sindicato expresó su malestar con el nuevo estado de cosas. Concomitantemente, retornaron las fugas y los disturbios en los centros. Con la asunción de Fulco al frente del Sirpa, este tipo de situaciones se incrementaron. López sostuvo que sugerir que los funcionarios tienen algún tipo de intencionalidad en que se generen estas situaciones es “un disparate más grande que una casa”. “En estos hechos, quienes más se embroman son los propios trabajadores”, remarcó, y agregó que exigen garantías para desempeñar su tarea. Consultado sobre qué significa tener garantías, López respondió: “Tener la cantidad de personal adecuada, que en los turnos haya una cantidad equivalente de hombres y mujeres”, para que “no estén sólo compañeras que no pueden sostener situaciones”, y “que se hagan las requisas como corresponde, para que los jóvenes no tengan elementos contundentes para agredir a los trabajadores”. “Esta nueva administración plantea modalidades que no están claras. Para la reducción de los jóvenes se plantea que hay que rodearlos entre cuatro personas, usar un colchón y no reducirlos mediante contacto físico, como normalmente se hace, donde los compañeros tratan de controlar la situación mediante la fuerza física, sin que eso sea maltrato sistemático ni nada. El planteo de ahora es totalmente diferente, pero no están los elementos para controlar la situación, y los compañeros se paralizan por miedo a que si toman una decisión después puedan ser pasibles de una sanción”, señaló López. Afirmó que es necesario establecer un protocolo de intervención por escrito para este tipo de situaciones. De todos modos, aseguró que si son seis los “chiquilines que se exaltan”, como sucedió en Ceprili, “hay que multiplicar esos seis” por las cuatro personas que serían necesarias para controlar a cada uno. “Son cosas que parecen inviables”, sentenció.