Más de seis horas duró la interpelación a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, a cargo del diputado nacionalista Pablo Abdala, por la construcción de la planta regasificadora. El 26 de julio GNLS, la empresa ganadora de la licitación para la construcción de la terminal, a cambio de su operación durante 15 años, anunció que no podría hacerse cargo de la obra, que ya lleva seis meses parada, luego de que se retirara la empresa brasileña Oas, que estaba a cargo de la construcción de la escollera, el muelle y las plataformas. El proyecto de la regasificadora es de Gas Sayago, una sociedad anónima formada por UTE y ANCAP, completaría la política energética del país, basada en energías renovables y con el respaldo del gas natural, que se espera que sustituya el uso de fuel oil y gas oil para la actividad industrial.

Abdala cuestionó la elección de la empresa, el cobro de la garantía, las cláusulas del contrato, la situación actual -si el contrato se había rescindido- y los sobrecostos que podrían ocasionar los errores de diseño que afectaron el dragado y la construcción de la escollera. “El proyecto ha fracasado”, repitió el interpelante, así como luego lo hicieron otros legisladores de la oposición. Abdala planteó “turbiedad desde el origen” del contrato, puesto que GNLS no era el oferente más conveniente económica ni técnicamente, dijo. Cuestionó su localización por la “exagerada apertura del canal”, así como que se haya otorgado la autorización ambiental “sin respetar los tiempos necesarios”, afectando a la pesca artesanal de la zona. Señaló que “las empresas que trajimos tienen dudosos antecedentes” en relación a la brasileña Oas -afirmó que “hubo lobby de [el ex presidente] Lula con Mujica” para que se la beneficiara- y a las dos empresas que componen GNLS (GDF Suez y Marubeni), vinculadas a investigaciones sobre defraudación tributaria, lavado de activos y pago de sobornos. Cuestionó que la garantía de 100 millones de dólares de GNLS que se activa por incumplimiento del contrato no cubre las obligaciones y recursos que ha invertido el Estado uruguayo -señaló que UTE lleva invertidos 140 millones de dólares- y comentó que ahora deberá asumir todas las obligaciones que GNLS había contraído con terceros.

Sigue en pie

“El proyecto continuará”, afirmó Cosse. Anunció que los equipos negociadores de GNLS y de Gas Sayago rubricaron un acuerdo que deberá ser sometido a la aprobación de UTE, ANCAP y GNLS. Aseguró que se trata de un acuerdo “muy favorable para el Estado”, puesto que se cobrará la garantía de 100 millones de dólares, se transferirán a Gas Sayago más de 100 millones de dólares de activos tangibles y activos “intangibles”, como el conocimiento generado hasta ahora por GNLS, información climática, sobre suelos, mercados y tecnología. Comentó que todo eso “nos pone en posición de operar el proyecto en mejores condiciones”. Detalló que de acuerdo a las fechas de incumplimiento de determinados “hitos” establecidos en el contrato, recién el 3 de octubre Gas Sayago podía plantear la rescisión del contrato; en lugar de eso, se optó por llegar a este acuerdo, y, según la ministra, con ello se gana tiempo y oportunidades, como la opción de Gas Sayago de retomar contratos que GNLS tuviera para continuar la obra. Dijo que Presidencia está al tanto del acuerdo y que expresó conformidad. Alegó que “yendo al litigio, Gas Sayago no hubiera obtenido mejor compensación”, y aseguró que el acuerdo alcanzado tiene una “cláusula de inmunidad de Gas Sayago” mediante la que se explicita que “GNLS es el único responsable frente a terceros por incumplimientos anteriores al acuerdo”. Aseguró, además, que “el Estado no queda sujeto a arbitraje internacional”.

Consultada luego por la prensa respecto de cuándo se llamará a una nueva licitación, Cosse se limitó a decir que están estudiando las alternativas: “Tenemos que finalizar las formalidades de esta etapa, y después seguramente vamos a volver al mercado, vamos a iniciar procesos competitivos y vamos a presentar estas alternativas a los directorios de UTE y ANCAP”. Reiteró que “seguramente el costo [del proyecto] sea bastante menor a lo que se había estimado inicialmente” y calculó que “para mediados de 2017 podría estar en funcionamiento”.

Cosse defendió el proceso de elección de GNLS y los indicadores de garantías que tenían. No mencionó las causas del incumplimiento de la obra. Las respuestas no conformaron al miembro interpelante.

A partir de la mitad de la interpelación comenzaron las intervenciones de legisladores de todos los partidos, que se pasaron factura por varios temas. Luis Puig (PVP), que había sido citado -sin nombrarlo- por Abdala por cuestionar la elección de GNLS (y de la empresa anterior, Gaz de France) reconoció lo que a su entender había sido un error de las autoridades, pero les retrucó a los blancos remontándose a fines del gobierno de Luis Alberto Lacalle y a las nefastas consecuencias del contrato con Gaz de France.

Las alusiones políticas iban y venían. El diputado oficialista Pablo González mencionó a los pescadores artesanales y éstos ya no pudieron mantenerse en silencio: le sugirieron que fuera a recorrer la zona. Las barras fueron desalojadas, y los pescadores esperaron afuera un rato más. Más de 300 tienen permisos para pescar de manera artesanal entre Montevideo y Punta del Este. Reclaman que el gobierno acordó con “20 patrones de pesca artesanal”, pero no con el resto. Algunos ya les iniciaron juicios al Estado. Por las restricciones de un área de 1.200 metros a la redonda de la futura planta, tienen que salir cinco millas mar adentro, y denuncian que las obras afectaron su pesca. Adentro, el debate siguió por un rato más, lejos de la costa.