Desde hace 25 años, cada 28 de setiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Si bien Uruguay aprobó en 2012 la Ley Nº 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el aborto como delito penal se mantiene. Se sigue penando con prisión si se produce fuera de las condiciones que establece la ley IVE, es decir, entre las 12 primeras semanas de gestación -o 14 semanas en caso de violación-, producido en una institución del Sistema Nacional Integrado de Salud mediante la actuación del ginecólogo y un equipo interdisciplinario al que la mujer debe concurrir dos veces, con una instancia de cinco días de reflexión en el medio, y siempre y cuando ella tenga ciudadanía uruguaya o un año de radicada en el país; si tiene menos de 18 años necesita el consentimiento de los padres o de un juez.

Esos requisitos, sumados a la objeción de conciencia de ginecólogos para realizar la IVE, a la falta de servicios de salud sexual y reproductiva, y al estigma que sigue teniendo el aborto, dificultan, en los hechos, la aplicación de la ley. Eso fue planteado una vez más ayer, en una actividad titulada “Fuera de la ley: el aborto en el Código Penal”, organizada por Cotidiano Mujer, Mujeres en el Horno y Proderechos, y que tuvo como oradores a la abogada Alicia Deus, el fiscal Carlos Negro y la diputada Cecilia Bottino (Frente Amplio, FA), con la moderación de Lilián Celiberti.

Deus señaló que el proyecto de Código Penal que está en el Parlamento -cuya votación fue frenada a fines de 2014 a consecuencia del rechazo de varias organizaciones sociales- “es regresivo” en materia de derechos humanos y desde el punto de vista de género. Esto se debe no sólo a que se sigue hablando del pudor, sino a que coloca al aborto entre los “Delitos contra la personalidad física y moral del hombre”, en segundo lugar de gravedad -después del homicidio- y con el título “Protección de la vida prenatal”. Deus señaló que “desconoce la Ley de IVE” y contiene puntos que “agravarían la situación”, puesto que prevé que el aborto terapéutico -para salvar la vida de la mujer- sea despenalizado sólo dentro de los tres meses de gestación. La abogada citó compromisos firmados por Uruguay y observaciones de comités internacionales que ha recibido, en los que se le recomienda la despenalización y la autonomía de la mujer sobre su decisión. Deus propuso eliminar del proyecto de Código Penal que hoy estudia la Comisión de Legislación y Códigos de Diputados la penalización del aborto, y mantenerlo como delito sólo cuando se produce sin la voluntad de la mujer; para ello, sugirió considerarlo entre los delitos contra la libertad. “Si no se llegara a lograr la derogación absoluta del delito de aborto, por lo menos mantener la Ley de IVE vigente y que el cómputo de tres meses rija también para el aborto terapéutico o peligro de vida”, afirmó, para lo que cuenta con el respaldo del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

Negro repasó la inclusión del delito del aborto en el Código Penal de 1938, luego de que estuviera cuatro años despenalizado, “más por concepciones eugenésicas” de tendencias fascistas que por la “emancipación femenina”, acotó. Dijo que la Ley IVE dejó “retrogustos amargos”. Señaló que el trámite es “engorroso, moralizante y tutelar desde el punto de vista médico”, ya que la mujer tiene que explicar las circunstancias en que se produjo su embarazo. Apuntó que deja vacíos: qué hacer cuando una niña de 11 años no quiere abortar (la ley habla de 13 años en adelante) y es una “niña incapaz”, como en un caso reciente “en el que la participación médica al momento de hacer un dictamen no tuvo el coraje de jugársela”. Negro rechazó la ubicación y el nombre del delito en el proyecto de Código Penal.

Bottino recordó que la Ley de IVE fue fruto de un acuerdo entre el FA y el Partido Independiente, dado que el FA no tuvo los votos suficientes, por la negativa de Andrés Lima y Víctor Semproni, pero destacó que se trata de un avance respecto del Código Penal.

Sobre el nuevo proyecto, la diputada dijo que el FA conformó una comisión de trabajo bicameral y que se reunió con las organizaciones sociales. Afirmó que la comisión llegó a algunos acuerdos, entre ellos, que en derechos humanos el proyecto “en muchos casos no significa ningún avance, sino un retroceso, y en materia de equidad de género vemos que en muchos casos se retrocedió”. Dijo que la bancada del FA acordó revisar la parte que refiere a leyes especiales. Se comprometió a esforzarse para que los delitos discriminatorios y los que no avancen en equidad de género “sean revalorados”. Respecto del aborto, reconoció que agrava la situación en comparación con el código anterior y que no reconoce la Ley de IVE. “Lo vamos a revisar todo. No obstante, los acuerdos a los que podamos llegar no van a ser muy distintos a los que pudimos arribar en la legislatura pasada”, sostuvo.