La primera experiencia que se registra es en Porto Alegre, Brasil, en 1989, cuando el Partido de los Trabajadores conquistó por primera vez la alcaldía de la ciudad, de 1.500.000 habitantes. En aquel momento, según los estudios académicos sobre el tema -como el paper del brasileño Aragón Érico Dasso-, la iniciativa del Presupuesto Participativo (PP) movilizó a los habitantes de las zonas periféricas, a las que el saneamiento, la pavimentación y los servicios de limpieza del gobierno no se asomaban. Uruguay fue el segundo país en implementarlo, en 1990, durante el gobierno de Tabaré Vázquez al frente de la Intendencia de Montevideo (IM), como parte de una política de descentralización: se dividió la ciudad en 18 zonas con sus Concejos Vecinales, que elaboraban y elevaban propuestas basadas en los reclamos de los vecinos. Hoy, mecanismos similares funcionan en estados o provincias de Argentina, España, Venezuela, Perú, Italia, España, Canadá, Estados Unidos e incluso Japón.

El gobierno de Montevideo destina 18.000.000 de pesos a cada municipio (un total de 144.000.000 de pesos, 1% del presupuesto departamental) que se reparten en 551 proyectos, elegidos de un total de 1.139, contó a la diaria Miguel Pereira, jefe coordinador de la Unidad de Participación y Planificación de la IM. Cualquier ciudadano que haya cumplido 18 años -o un menor de edad con el aval de un mayor- puede presentar proyectos, que luego pasan por el filtro de viabilidad a cargo de equipos integrados por concejales zonales y departamentales, a los que se suman técnicos en las áreas social y arquitectónica. El monto máximo para cada propuesta es de 3.000.000 de pesos. “Es la primera edición en la que el costo estimado no depende del proponente. Ese era uno de los escollos, porque es difícil hacer una evaluación concreta de un presupuesto, y la ciudadanía no tiene por qué saberlo”, explica Pereira. Los proyectos se dividen en dos grandes rubros: infraestructura y servicios (que incluyen mejoras en tránsito, saneamiento, vialidad y movilidad), y de interés comunitario y social, que se divide en temáticas como discapacidad, adultos mayores, espacios de integración.

Las ideas que más aparecen son la ampliación o creación de ciclovías, la pavimentación de caminos, el acondicionamiento de canchas públicas, la colocación de juegos o aparatos para ejercicios en plazas públicas, el agregado de árboles, la instalación de paradas de ómnibus, iluminación, lomos de burro, semáforos, pistas de skate, rampas para personas con discapacidad, sendas peatonales, mejora de veredas. Cualquier ciudadano mayor de 16 años puede votar hasta dos propuestas en los puntos habilitados, de 9.00 a 19.00.

Algunos proyectos

“Asegurar el uso público de la intervención” es la línea que el PP persigue este año. “El uso de las intervenciones pueden ser por la vía natural, como la remodelación de un espacio público que la ciudadanía usa libremente, o puertas adentro: organizaciones sociales, escuelas, gimnasios, clubes privados, que siempre deben asegurar el uso público”, explica Pereira.

“Puede resultar que la escuela de un barrio crítico no tiene una entrada individual que asegure el uso público de todas las niñas y niños del barrio, de los adultos mayores. El PP no puede beneficiar directamente a una escuela, porque eso depende del presupuesto de ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] o las autoridades pertinentes”, dice el jefe de coordinación. Es el caso del edificio que comprende las escuelas Grecia y Dardo Ortiz, sobre la calle Ellauri (Municipio Ch), que presentaron un proyecto de mejora de su gimnasio. “Hay un plan de contrapartida que está firmado con Primaria, donde se compromete a que, como la escuela tiene una entrada independiente a ese patio, el uso va a ser para los niños en horario de escuela, y después de las 17.00 para la comunidad, en un acuerdo con el Club Defensor Sporting, que va a brindar equipamiento y profesores para que vecinas, vecinos, niños y niñas del barrio tengan la oportunidad de disfrutar del espacio”, dice.

Uno de los proyectos, a cargo de la asociación cultural Un Punto en el Infinito, es “Sembrando futuro”. La organización, que funciona en la Curva de Maroñas, se encarga de darle de comer dos días a la semana a gente que vive en la calle. Pensando en pasar del asistencialismo a “generar valores y disponibilidad hacia el trabajo y la autosustentación”, la asociación propone una huerta orgánica para que los asistentes puedan plantar frutas y verduras que después puedan consumir o que, eventualmente, sean materia prima para generar dulces o conservas para vender. “Verlos productivos y saludables también puede mejorar su imagen entre los vecinos y comerciantes del barrio”, explica Érica Pais, una de las impulsoras.

Otro proyecto, impulsado por la ONG Asociación de Amigos del Jardín Botánico y otros Espacios Verdes (Abov), busca mejorar el Museo Jardín Botánico, en el Municipio C. “El edificio tiene más de 100 años y los baños son de época. Con el PP queremos hacer baños nuevos y reformar la azotea para hacer un invernáculo”, cuenta Pilar Stemphelet, presidenta de la asociación. También buscan mejorar el salón de clases, donde se brindan cursos de materias como huerta orgánica, flora indígena o mariposas. El diseño estará a cargo de tres museólogos que contratará Abov. El costo estimado: 500.000 pesos.

La Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay presentó un mismo proyecto en los municipios B, F y A, llamado “Un instrumento, un niño”. Como el nombre lo indica, incluye la compra de 200 instrumentos sinfónicos (como violines, chelos, contrabajos, flautas, clarinetes, trompetas, trombones, tambores, xilófonos), atriles y elementos de mantenimiento, como cuerdas, arcos y resina para los violines. La fundación ofrece clases de solfeo, de instrumentos y ensayos de orquesta para niños de a partir de seis años, explica Alejandra Medina, coordinadora social. Cada uno de los proyectos tiene un costo aproximado de 3.000.000 de pesos.

Pero también hay instituciones privadas que presentan proyectos. “Tenés que ser muy fino cuando le das viabilidad a un club y de repente no a un patio de una escuela de un barrio periférico”, dice Pereira. De un análisis de las experiencias anteriores surgió la preocupación sobre “la transparencia y la cristalinidad de la herramienta”: a algunos vecinos y concejales no les cerraba, así que la IM decidió fortalecer el pedido de contraprestaciones. Es el caso del Club Bohemios, del Municipio Ch, que propuso el techado de una de sus dos piscinas, que es abierta. A cambio, el club va a brindar 200 becas por mes durante cinco años para niños que tengan problemas respiratorios, y se encargará del mantenimiento de la plaza Cabrera.

Otra asociación privada, el Centro de Protección de Choferes, presentó un proyecto doble de reformas de sus salones, uno para el parque social (en el Municipio G) y otro para su sede (en el B). En el parque, donde funciona un espacio temático para niños similar al del zoológico de Villa Dolores, el centro propone acondicionar un salón para brindar cursos de seguridad vial, dijo a la diaria Estela Hernández, jefa de Administración. Allí se brindarán cursos teóricos y prácticos para niños de escuela. Ambos proyectos insumirán 3.000.000 de pesos. El resto de los proyectos puede consultarse en ladiaria.com.uy/ULv.

“Tenemos expectativas para este domingo, pero sabemos que la cuestión no es fácil porque, indudablemente, de alguna forma la sociedad uruguaya vive más dentro de un smartphone que lo que puede ser trasladarse a un cuarto secreto a votar”, dice Pereira. En los últimos períodos la participación fue bajando, pero este año la presentación de propuestas creció 25%. Para el próximo período, adelanta el jerarca, la IM tiene planificado que se pueda votar por medios electrónicos, para combatir la pereza de los votantes.