“Daremos los implementos para que comience una sesión para llevar a un juicio político y legal al presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país”, dijo ayer Julio Borges, jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, antes de dar comienzo a una sesión parlamentaria extraordinaria que se extenderá hasta mañana. “Venimos a decirles al pueblo de Venezuela y al mundo entero que en Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado y que tuvo su culminación al robarle el voto del referéndum revocatorio”, agregó.

La sesión fue convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para discutir cuáles serían las acciones a tomar luego de que el CNE anunciara la paralización del proceso para activar un referéndum revocatorio del mandato de Maduro. El organismo electoral se basó en las resoluciones dictadas por cinco tribunales regionales -el sábado se sumarían dos más- que anularon el referéndum en sus departamentos por “fraude”.

El CNE informó en un comunicado que el proceso se pospuso “hasta nueva instrucción judicial”. La MUD sostiene que esta decisión elimina la posibilidad de que el referéndum se celebre antes de que termine el año. Según establece la Constitución, si el mandato de Maduro es revocado después del 10 de enero de 2017 sería sustituido por su vicepresidente, que gobernaría por el resto del período, hasta principios del 2019, por lo que el oficialismo continuaría en el gobierno.

Estaba previsto que el último paso para conseguir la convocatoria a una consulta popular comenzara el miércoles. El líder opositor Henrique Capriles llamó a salir a las calles ese día para “tomar Venezuela de punta a punta” y rechazar lo que calificó de “golpe de Estado”. Agregó: “Llegó la hora de defender la Constitución, de restituir el hilo constitucional que este gobierno corrupto ha roto”.

Más temprano, Capriles había denunciado en Twitter que un tribunal del estado de Carabobo ordenó, sin explicar los motivos, que se les prohíba salir del país a él y a otros siete dirigentes opositores, entre ellos Torrealba.

Según explicó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, la oposición responderá mediante una “lucha no violenta” y “de resistencia pacífica” hasta “recuperar” el “derecho al voto, el derecho a cambiar esta situación, esta desgracia, esta catástrofe, de manera constitucional”.

El sábado, miles de personas marcharon en Caracas para rechazar la decisión del CNE y exigir a la Asamblea Nacional que inicie un proceso para destituir a Maduro.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) consideró la decisión del CNE como una medida “justa”. Dirigentes oficialistas habían denunciado irregularidades en el proceso de recolección de firmas y argumentaban que hasta 30% de las casi dos millones que fueron presentadas correspondían a personas fallecidas. El jueves, en un acto, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió que se arreste a los responsables.

El propio Maduro, en plena gira internacional, se refirió al tema desde Azerbaiyán en una llamada telefónica al canal estatal VTV: “Quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, a la justicia, al respeto a las leyes, al acatamiento de las leyes”. Además, pidió a los líderes de la MUD que “no vuelvan a los tiempos de la locura”, porque “es tiempo de cordura”.