Flores, de 64 años, y George, de 36, murieron el martes 18 atacados por cuatro hombres encapuchados y armados con fusiles en el asentamiento de campesinos La Confianza, en Colón, según informó al día siguiente el portavoz de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán, Yoni Rivas. El vocero agregó que Flores, que presidía el MUCA, murió en el momento y George, unas horas después en un hospital. La Policía de Honduras informó que un equipo especializado de la Agencia Técnica de Investigación Criminal viajó el miércoles 19 al lugar para iniciar las investigaciones. Por el momento, las autoridades no dierçron detalles sobre los responsables de los asesinatos o los motivos.

Sin embargo, quienes viven en el Bajo Aguán -una zona que desde 2008 está en disputa entre campesinos y terratenientes- tienen sus propias hipótesis. Rivas dijo la semana pasada que se siente “preocupado y vulnerable” por lo que sucede en la región, y que en los últimos meses se hizo pública una lista con nombres de campesinos, entre ellos dirigentes del MUCA, que serían asesinados por grupos paramilitares.

El representante de la Plataforma Agraria acusó al gobierno de demorar una petición del MUCA de readecuación de deuda de 24 millones de dólares que tienen con el Estado por unas tierras que adquirieron durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014). La solicitud se hizo en julio de 2015, cuando una comisión del MUCA encabezada por Flores viajó a Tegucigalpa para pedir al secretario de Finanzas una ampliación de dos años del período para comenzar a pagar la deuda, debido a que enfrentaban una crisis económica por la caída del precio del aceite de palma africana en el exterior. Los campesinos siguen esperando la respuesta.

Según Rivas, la demora del gobierno en responder a la readecuación de la deuda es “una estrategia” para que los campesinos pierdan esas tierras y estas sean “recuperadas nuevamente por los terratenientes” que las vendieron al Estado como parte de un acuerdo.

Rivas también acusó al gobierno hondureño de “desestabilizar el movimiento campesino del Aguán” con la creación de “grupos militares y escuadrones de la muerte”. Explicó que los dos activistas asesinados la semana pasada tenían medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2014 porque habían sufrido amenazas.

El viernes, en una conferencia de prensa, el MUCA y la Plataforma Agraria aseguraron que nueve líderes campesinos recibieron amenazas de muerte por defender los derechos de sus comunidades y denunciar el crimen de sus dos compañeros. Las organizaciones responsabilizaron por los crímenes y las amenazas a un “grupo paramilitar” que fue “denunciado a nivel nacional e internacional por más de dos años” y de cuya actividad el Ministerio Público de Honduras tiene “pleno conocimiento”. Además, dijeron que el grupo paramilitar que opera en el Bajo Aguán tiene “colaboración de altos mandos militares”, ya que “ha utilizado armamento que sólo el Estado posee, al igual que vestimentas militares”.

Según información del MUCA, desde 2009 murieron 150 campesinos en los enfrentamientos por tierras en Honduras. El caso más emblemático fue el de la líder ambientalista Berta Cáceres, asesinada a tiros en marzo. Cáceres, que también tenía medidas cautelares de la CIDH por amenazas, había denunciado el asesinato de cuatro dirigentes indígenas de la comunidad Lenca una semana antes de morir. La semana pasada, la Justicia hondureña ratificó la prisión preventiva impuesta en mayo a cinco sospechosos de participar en el asesinato de la activista. Entre ellos figuran un mayor del Ejército, el empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y un capitán retirado.

Sin respuestas

El asesinato de los activistas Flores y George fue condenado por distintas organizaciones internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras lo repudió e instó a las autoridades “a tomar responsabilidad por la protección de los defensores” mediante “medidas concretas y consensuadas”. La organización recordó que el gobierno hondureño y el MUCA firmaron en mayo de 2010 un acuerdo para reducir la conflictividad agraria en el Bajo Aguán que no está dando los resultados esperados, ya que de las 11.000 hectáreas que el gobierno se comprometió a restituir, solamente 4.050 fueron entregadas.

Amnistía Internacional, por su parte, dijo que Honduras se convirtió en una “zona prohibida” para los defensores del medioambiente y de los derechos humanos en general. “¿Cuántos activistas más tienen que ser brutalmente asesinados antes de que las autoridades tomen medidas eficaces para protegerlos, o incluso estén dispuestas a hablar de esta crisis?”, cuestionó en un comunicado la directora de la organización para las Américas, Erika Guevara-Rosas. Según la organización, la “falta de investigaciones exhaustivas sobre estos sucesos”, así como la “falta de voluntad” de las autoridades para poner en práctica “mecanismos eficaces” de protección, impulsan el aumento de la violencia. Además, recordó que una semana antes de la muerte de Flores y George, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó una reunión con el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, para discutir la crisis de derechos humanos en el país, incluyendo la creciente ola de ataques contra activistas.