Para empezar, le retribuyo el agradecimiento a Virginia Cardozo, ya que un diálogo respetuoso e informado siempre es bueno. Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo. La promoción de la salud debe llevarse adelante en distintos ámbitos (no sólo el sanitario) y con distintas medidas, teniendo en cuenta las condiciones sociales y recordando la importancia del screening y la prevención, y recordando también que los intereses de la industria farmacéutica a veces se contraponen a los de la sociedad. También estamos de acuerdo en que la vacuna en cuestión ya ha demostrado su eficacia en reducir las infecciones de HPV, lo cual es importante porque se estima que 70% de los cánceres de cuello de útero son causados por los dos tipos de HPV, a los que se dirige la vacuna usada en Uruguay. Asimismo, coincidimos en que va a llevar varios años hasta que se observe diferencias claras en la incidencia del cáncer, ya que puede llevar de diez a 30 años desde una infección inicial de HPV hasta que se forme un tumor. En lo que no estamos totalmente de acuerdo es respecto de cuán seguros podemos estar de que la vacuna efectivamente va a resultar eficaz contra ciertos tipos de cáncer, y cuán satisfactoriamente se ha establecido que la vacuna no presenta riesgos significativos. Me parece que es por eso que discrepamos respecto de la conveniencia de la obligatoriedad de la vacuna.

Un problema es que en esta era digital tenemos muchas fuentes de información, de acceso más o menos fácil, y tenemos que usar algún criterio para evaluar el conjunto de los datos. Un criterio útil está dado por los principios de la medicina basada en la evidencia, que le dan más peso a cierto tipo de estudios y análisis. La opinión de autoridades o de comités de expertos representa el nivel más bajo de evidencia clínica. Por eso el contenido del documento de consentimiento informado que firman las adolescentes uruguayas no es necesariamente la fuente más importante para evaluar los riesgos y beneficios de la vacuna. Más importantes que las opiniones de expertos (o no expertos, como es mi caso, ya que un PhD en ingeniería biomédica o la práctica científica en otras disciplinas no quiere decir para nada que sea experto en enfermedades infecciosas) es la evidencia clínica de alto nivel, incluyendo los estudios sistemáticos.

Por suerte la vacuna se usa hace más de diez años en países desarrollados, así que los uruguayos estamos lejos de ser conejillos de indias, y la evidencia a favor de la efectividad de la vacuna sigue acumulándose en forma cada vez más acelerada. Además de la efectividad contra las infecciones de HPV, que ya mencionamos, una revisión de los estudios clínicos realizados muestra que la vacuna ha demostrado alta eficacia cuando se usan otras variables de evaluación. Por ejemplo, la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que es el precursor más inmediato y ampliamente aceptado del cáncer de cuello uterino.

Después de más de una década de experiencia y de estudios sobre cientos de miles de mujeres vacunadas, el consenso es clarísimo. Los efectos secundarios son leves y poco frecuentes. Varios estudios han examinado la asociación de la vacuna con muchísimos efectos secundarios más graves y llegan a la misma conclusión que el estudio sueco-dinamarqués que mencioné en mi carta anterior: “No hay evidencia que demuestre asociaciones entre la exposición a la vacuna contra el HPV y eventos adversos autoinmunes, neurológicos, o tromboembólicos”. Por cierto, ese estudio examinó 53 tipos de efectos adversos distintos. Mi carta anterior sólo se refirió a la embolia porque era el primer ejemplo de efecto secundario serio que según la doctora Cardozo habría sido “reportado a nivel mundial”.

Nos podríamos preguntar si no será mejor eliminar la obligatoriedad y dejar a los padres la posibilidad de negarse a la vacunación de sus hijas. El problema es que el HPV se transmite muy fácilmente por vía sexual y, por lo tanto, la falta de vacunación no sólo aumenta el riesgo de cáncer de las hijas de los padres antivacuna, sino el de todos nuestros hijos e hijas. Siempre que hacemos obligatorio el uso de una vacuna (ya sea contra la viruela, la gripe o el HPV) estamos limitando la libertad de opción, pero a veces esa limitación está justificada por el interés social. Dado el peso abrumador de la evidencia a favor de la efectividad y la seguridad de la vacuna, debemos felicitarnos de que nuestro país proporcione la vacuna libre de costo a todas las adolescentes, y vale la pena considerar que la medida se extienda a los varones.

Mario A Svirsky, PhD