El 23 de setiembre, el Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), presentó ante la Comisión Especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo el anteproyecto de Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. Ayer, la comisión votó su entrada para comenzar a darle tratamiento y recibió a integrantes de Casa Abierta, una asociación civil que trabaja desde 1994 en torno al problema de la prostitución, desde 2008 en explotación sexual y desde el año pasado en un proyecto sobre trata de personas que lleva adelante en Montevideo y varios puntos fronterizos.

Daisy Tourné, senadora frenteamplista presidenta de la comisión, informó que, además de votar la entrada del proyecto, también se acordó comenzar a discutir las definiciones de trata, explotación sexual y laboral, teniendo en cuenta que el trabajo sexual es legal en el país y que se aspira a la “mayor precisión” para no “generar confusiones” ni vacíos jurídicos. Sandra Ortiz, integrante de la asociación civil, dijo que una vez que la Comisión se adentre en la discusión, volverán al Parlamento para dar su opinión sobre la nomenclatura en ese ámbito. Consultada sobre el tema, dijo a la diaria que una de las preocupaciones es que “generalmente, como no se conoce en qué consiste la trata, no se visibiliza” y eso lleva a pensar que en Uruguay “no pasa”. En ese sentido, identificó tres etapas de la trata y contó brevemente en qué consisten: la primera es la de captación, en la que “se hace una propuesta que resolvería algún tipo de necesidad de la persona, se le promete que va a mejorar su vida”; la segunda se concreta en el traslado de la persona, en el desarraigo de su territorio conocido, para “mejorar laboralmente”; la tercera se produce cuando llega al lugar de destino con fines de explotación y “la persona no encuentra las condiciones que se le propusieron, se le plantean determinados condicionamientos que la explotan, y la ganancia va para esas redes o grupos delictivos”. Ortiz aseguró que lo recién descrito sucede “muchas veces en la realidad prostitucional [...] en personas que son víctimas en lo laboral, a veces en la mendicidad, se aprovechan de alguna discapacidad, en beneficio de otras personas”. Además, Ortiz advirtió sobre la necesidad de identificar como población de riesgo a las mujeres que ejercen la prostitución, que están “muy expuestas a ser posibles víctimas de trata”. Agregó que “cuanto más vulnerable sea la persona, más sistema de protección necesita” para que no sea captada por una organización de trata.

Respecto de la cantidad de posibles víctimas, el Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Trata con fines de explotación sexual atendió a 350 mujeres uruguayas y extranjeras desde 2011 hasta junio de 2016.