Meteoro es el nombre de los fuegos artificiales que comercializa la empresa Trick Ltda, ubicada en el kilómetro 1,200 de Camino del Andaluz, en Suárez y próximo a Toledo (Canelones), que ardió en llamas el 25 de octubre. La explosión y su propagación fueron tan rápidas como un pestañeo y terminaron con la vida de cuatro jóvenes. Damián Pérez, de 21 años, Víctor Méndez, de 22, y Johon Rodríguez, de 27, murieron en el momento. Adrián Gianivelli, de 27 años, fue rescatado con vida pero falleció tres días después.

Como forma de protesta, familiares y amigos de los jóvenes hicieron un corte de ruta el sábado; el mismo día, vecinos de Toledo organizaron una movilización en la plaza principal de la localidad, a la que concurrieron con velas, en señal de acompañamiento a la familia de Adrián, que vivía allí. Consultada por la diaria, la madre de Adrián se excusó de hacer declaraciones; todavía no puede creer lo ocurrido, y no es para menos.

Leandro Palomeque, director nacional de Bomberos, dijo a este medio que se están investigando las causas del incendio, y explicó que las pericias, según se estima, llevarán dos semanas, siempre y cuando no se requieran estudios de laboratorio externos. “Hubo una deflagración violenta con una propagación muy rápida” en la que “el fuego tomó la totalidad del ambiente en escasos segundos”. Detalló que se trataba de un ambiente explosivo en el que una fuente de calor provocó la deflagración y que “hay que determinar la fuente de calor, saber si se trató de generación de energía estática, rozamiento, percusión, cuál de esos factores generó la fuente de calor que, a posteriori, determinó la explosión”. Lo cierto es que el local no contaba con la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos (DNB). Palomeque fue claro al afirmar que una empresa que no cuente con habilitación no debería funcionar. “No se pueden otorgar autorizaciones para funcionamiento sin la previa habilitación de la DNB, eso es lo que dice el marco legal, y no hubo habilitación de Bomberos, por lo tanto [la empresa] no debería haber tenido ninguna otra habilitación para funcionamiento”, sostuvo. Aclaró que la DNB “expide una habilitación de protección contra incendio, no de no funcionamiento” y que diferentes organismos del Estado tienen la responsabilidad de habilitar el funcionamiento, atendiendo a distintos aspectos: el Ministerio de Salud (en el caso de los hogares de ancianos) las intendencias, o el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército (SMA). Aclaró que la habilitación de la DNB “atiende a la instalación de medidas de protección contra incendios” para hacer una detección precoz, para evitar la propagación del fuego y para controlar el que se generó. “Por las características del evento que se dio, las medidas de protección contra incendios no hubieran sido útiles para salvaguardar la vida de esas personas; fue una deflagración, los tomó desprevenidos. Acá lo que debería haber funcionado son medidas preventivas para que esa fuente de calor que generó el incendio no hubiera estado presente”, advirtió. Expresó que las medidas de protección -como un detector o extintores- no hubieran impedido el incendio, pero que se debería “haber tomado las medidas precautorias para que no ocurriera el evento”.

Dale tú que te toca a ti

Al día siguiente del incendio, la Intendencia de Canelones emitió un comunicado en el que anunció que había dispuesto la instrucción de una investigación administrativa, y ratificó que la comuna no había otorgado habilitación comercial, “ya que es requisito previo que esté finalizado el trámite de habilitación por parte de la DNB”. Sin embargo, la empresa funcionaba. El comunicado informaba que el personal de la intendencia había hecho tres inspecciones en el lugar a partir de 2014, cuando la empresa solicitó la habilitación comercial, y que había constatado que la habilitación de la DNB estaba en trámite, que contaba con un técnico prevencionista, que tenía constancia de registro ante el SMA y que existían medidas de protección contra incendios.

Yamandú Lessa, vocero del SMA, explicó a la diaria que la empresa “había sido inspeccionada en diciembre y no había presentado ningún inconveniente desde el punto de vista del servicio de materiales y de los requerimientos que se tienen para esos materiales”. Detalló las diferentes autorizaciones que requieren estas empresas importadoras de fuegos artificiales, que son siete u ocho en todo el país: deben solicitar autorización al SMA para importar el material; el SMA inspecciona el ingreso de la mercadería y, antes de su comercialización, analiza los materiales para comprobar que sean adecuados para la venta al público. “Esta empresa, en todos esos aspectos, había sido inspeccionada”, dijo, y aseguró que “la autorización de Bomberos no depende de la nuestra, así como la nuestra no depende de la autorización de Bomberos”.

Dos días después del incendio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitía un comunicado en el que expresaba que había sido el accidente de trabajo más grave ocurrido durante el año. Anunciaba, además, que, junto a otros organismos del Estado, estaba investigando los hechos en busca de “conocer las causas del accidente para proceder en consecuencia”, que se había intimado a la empresa a presentar documentación en materia de seguridad y que se había dispuesto la clausura preventiva de la actividad. “No hay trabajo decente si no hay trabajo seguro”, terminaba expresando el comunicado. Hablando de seguridad, “Tu diversión segura” es el eslogan de Meteoro. Por lo pronto, familiares y amigos de los fallecidos difunden un aviso en las redes sociales en el que anuncian que en las fiestas de fin de año no tirarán fuegos artificiales en Toledo y en los alrededores, “sino globos al cielo”, en homenaje a las víctimas, “ya que fueron parte de nosotros y queremos darles el respeto que se merecen”. Y alientan al resto con un pedido: “¡Evitemos los fuegos artificiales!”.