Por más que la decisión no estuvo exenta de dudas, la bancada del Frente Amplio (FA) resolvió que no dará sus votos para la conformación de la comisión investigadora sobre el proceso de adjudicación y construcción de la regasificadora, que impulsa el diputado nacionalista Pablo Abdala.

En el FA ya saben que la comisión investigadora es un hecho, en la medida en que cuenta con el apoyo de los 49 diputados de la oposición y de Gonzalo Mujica, que si bien sostiene todavía que integra la bancada oficialista, ya ha asegurado que no seguirá acatando lo que esta resuelva e incluso ha mostrado su beneplácito con que se conforme este cuerpo parlamentario.

“Es una decisión política”, dijo la diputada Lilián Galán, que integró la comisión preinvestigadora en representación del FA. “La documentación no amerita su conformación. Sabemos que en la cámara quizá no tengamos los votos suficientes, pero queremos generar este hecho político para que no quede ninguna duda de que todo el proceso fue transparente y de que nos hacemos cargo de todo lo que se ha hecho hasta el momento”, argumentó.

Pero la decisión que se tomó en la bancada del FA no fue fácil de procesar. Las dificultades radicaron principalmente en que la postura contraria a la investigadora generó la oposición de algunos grupos del oficialismo, como la Liga Federal Frenteamplista y el Partido por la Victoria del Pueblo. Carlos Coitiño, diputado suplente de este último sector, explicó su punto de vista: “En la situación política en la que estamos viviendo era más conveniente acompañar la investigadora, porque la oposición está trabajando para generar en la opinión pública un sentimiento o una impresión de duda con respecto a la legitimidad de los actos de gobierno”. Según este legislador, se trata de una situación que no es exclusiva de Uruguay, sino que se extiende en la región e incluso en el mundo; “en ese contexto, no acompañar una investigadora podría generar la lectura de que queremos evitar que haya transparencia en los actos de gobierno”, sostuvo.

A favor y en contra

El diputado nacionalista Jorge Gandini fue el único integrante de la oposición que participó en la preinvestigadora. A diferencia de lo que intepretó Galán, para este legislador las pruebas aportadas por Abdala son suficientemente contundentes como para crear una comisión investigadora. “Hay cosas muy graves, pero sobre todo la conexión brasileña, que está cada vez más latente”, dijo, en referencia a cómo el empresario brasileño Benedito Rodrigues de Oliveira Neto reveló ante la Justicia de su país que en 2013 OAS le pagó tres millones de reales al ahora gobernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel -por entonces ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil- para que realizara gestiones ante el gobierno de José Mujica en busca de, entre otras cosas, conseguir que la empresa lograra la adjudicación de la regasificadora.

Sobre este tema, Gandini dijo que Abdala presentó en la preinvestigadora una copia de un “expediente judicial” de Brasil en el que “se cuentan los detalles del acuerdo de este empresario brasileño que, con toda claridad, indica todos los detalles del acuerdo de OAS con Pimentel, el soborno que se pagó, su intervención para que se le entregara a la empresa OAS la regasificadora de Uruguay y la conexión de Pimentel con lo que ellos llaman ‘el jefe de la casa civil del presidente Mujica’”. Para Gandini, “si eso no es un elemento suficiente para investigar, estamos en el horno”.

En cambio, Galán dijo que esa documentación era una “fotocopia” que estaba “en portugués”, sin traducción alguna, y en la que había “una cantidad de firmas que no se sabe si están autenticadas”. “Presenta ese documento porque sabe que tiene fueros, pero un ciudadano común debería haberlo pasado por cancillería para que se autenticara, porque es una institución pública brasileña”, argumentó la legisladora. A diferencia de Gandini, Galán dice que en ese documento “lo único que se señala es que Pimentel habría recibido sobornos de OAS, pero es una situación ajena a Uruguay, que además no es nombrado para nada. Refiere sólo al ámbito brasileño y se está investigando en la Justicia de Brasil”, agregó. Además, Galán argumentó que OAS no fue contratada por el Estado uruguayo sino por GNLS para la obra de la regasificadora, aunque sí obtuvo la adjudicación de la construcción del gasoducto que unirá a la planta con el ramal ya existente de Cruz del Sur.

La diputada asoció esta situación con que el lunes 21 “se abrirán los pliegos de la licitación para la parte de la demanda de gas”. “Ellos saben eso y saben que al hacer esto están hipotecando el futuro desarrollo de la planta regasificadora. ¿Qué empresas extranjeras se van a presentar a una licitación cuando tiene lugar este proceso en una comisión investigadora en el Parlamento?”, se preguntó. Según la diputada, detrás de este pedido hay un “interés político”: “que no se haga la planta regasificadora”.

Esta opinión es similar a la que tiene el Sindicato del Gas. Ayer, durante una entrevista en Radio Uruguay, uno de sus principales dirigentes, Alejandro Acosta, sostuvo que detrás de la investigadora hay una “jugada política” porque “no se quiere que haya regasificadora”. “Se está pensando en las elecciones que viene, para decir ‘otro fracaso del actual gobierno del FA'. Y con el FA nosotros tenemos discrepancias y acuerdos, pero creemos que en este tema no debe primar el egoísmo partidario”, expresó. Acosta incluso anunció que su sindicato pedirá una reunión con los ejecutivos de los dos partidos tradicionales para preguntarles expresamente si están de acuerdo en instalar una regasificadora.