El estudio hace un pormenorizado análisis de los ingresos que recibieron y de los gastos que hicieron los partidos políticos durante la elección nacional de 2014, de 29,1 y 26,9 millones de dólares, respectivamente. El Frente Amplio (FA) recibió 323,9 millones de pesos y gastó 316,5 millones; el Partido Nacional (PN), 239,9 y 228,6 millones; el Partido Colorado (PC), 106,3 y 90,8 millones, y el Partido Independiente, 21,6 y 17 millones.

Pero los fondos que usan los partidos políticos no tienen todos la misma composición: mientras que tanto en el FA como en el PI los subsidios públicos (el dinero recibido por los votos obtenidos) significaron más de 80% de los ingresos, en el caso del PN esta cifra desciende a 76,5%, y en el PC, a 71,8%.

En cuanto al financiamiento privado, el estudio aclara que las donaciones pueden ser de dos tipos: nominativas y anónimas. A su vez, entre las nominativas hay diferentes topes en función de su categoría: en las que se declara el monto y el nombre del donante no se puede exceder las 300.000 unidades indexadas (879.810 pesos); las realizadas por un candidato deben ser menores a 900.000 UI (2.639.430 pesos), pero las realizadas por los primeros titulares de las listas no tienen límites. En tanto, las donaciones anónimas no pueden sobrepasar las 4.000 UI (11.731 pesos) y su suma no puede superar el 15% del total de ingresos que se declaran en la rendición de cuentas anual de la campaña.

En octubre de 2014, 4,7% del total de donaciones privadas fueron anónimas, mientras que el restante 95,3% correspondió a donaciones nominativas. Entre las nominativas, la mayoría fueron de candidatos para sus propias campañas (31,7%); luego se ubicaron las de personas físicas (23,2%) y, seguidamente, una categoría llamada “otras“, que incluye “tickets de eventos, rifas, colectas, etcétera”, con 22,5%. Finalmente, las donaciones de personas jurídicas (como empresas) ascendieron a 17,9%. Según el estudio, la categoría “otras” es, de hecho, una forma de donación anónima, debido a que en ella no se detallan los nombres de quienes adquieren las rifas u organizan los eventos. “En consecuencia, un 27,2% de todo el dinero de origen privado termina en los hechos siendo de donaciones anónimas”, concluye la investigación.

Por otro lado, cada uno de estos tipos de financiamiento tiene una incidencia diferencial en las variadas competiciones que se dan en la elección nacional. Las donaciones anónimas tuvieron más importancia en la financiación de las listas a senadores (41,4% del total de sus ingresos privados); el financiamiento por empresas, en cambio, se hizo fuerte en las campañas presidenciales (56,6%). En cambio, la financiación a cargo de los propios candidatos fue la que predominó en las listas de diputados (43,8%).

En cuanto a los partidos, la campaña del FA tuvo un alto componente de donaciones de la categoría “otras” (35,3% de sus ingresos privados) y también de anónimas (8,5%), por lo que “no es posible conocer el origen del 43,8% del total de las donaciones privadas de las listas y candidatos de este partido”. En el PN predominó la recaudación de los candidatos, con 48,9%, aunque también el rubro “otras” fue alto (21,7%). En el PC hubo un financiamiento más equilibrado, dividido en tercios: las personas físicas aportaron 38,7% de los ingresos privados; las empresas, 28,2%, y los candidatos, 27,9%.

El estudio advierte que 24,3% de las donaciones recibidas (34.653.957 pesos) presentaron “problemas en la forma de declarar sus ingresos”. Por ejemplo: se declararon donaciones nominativas “sin explicitar el nombre del donante ni el monto de cada donación específica”, y se presentaron donaciones anónimas “sin especificación de la cantidad y el monto de cada una de esas donaciones”, de forma genérica, lo que impide controlar si se superan los límites establecidos en la ley.

En la televisión

Los gastos que los partidos políticos hicieron en la televisión (65% del total) merecieron un capítulo aparte en la investigación. El que gastó más fue el FA, con 89.241.232 pesos, seguido por el PN con 52.907.184, el PC con 18.486.095 y el PI con 7.666.530. Sin embargo, las proporciones no son exactamente iguales para los minutos de televisión obtenidos por cada uno. Mediante el cruzamiento de datos de los gastos declarados a la Corte Electoral y los minutos de televisión medidos por la empresa Kantar Ibope Media, se constató que mientras que el FA pagó 410 pesos por el segundo en televisión, al PN pagó apenas 289 pesos, el PC 397 pesos y el PI 306 pesos. Entre los sectores de cada partido aparecen diferencias mucho más alarmantes. “Las disparidades entre el monto de gasto declarado y los minutos de publicidad emitidos a lo largo de la campaña entre los partidos y sus listas pueden responder a dos razones”, dice el estudio. Primero, a que exista “una subdeclaración de gastos”, o, segundo, a que “los canales cobran precios diferentes a las distintas listas de candidatos”. Esta última opción supondría además que, en los hechos, se podría estar violando los límites legales de los aportes realizados por empresas para la financiación de las campañas.

“La debilidad en la auditoría de control de un mercado tan importante como el de la publicidad televisiva abre oportunidades de influencia de los medios sobre los partidos y sus políticas mediante este tipo de aportes”, se concluye al respecto.

Problemas legales

El estudio no se priva de presentar las fallas que muestra la actual regulación de financiación de los partidos políticos. Uno de ellos es que el hecho de que quienes encabecen las listas puedan financiar ilimitadamente sus campañas “abre la puerta a que los candidatos presenten como donaciones propias donaciones de personas o empresas (lavando de esta manera donaciones que pueden estar fuera de las normas)”.

También se advierte que la ley “no distingue claramente entre fondos partidarios y fondos de campaña, ni establece claramente de qué manera y por qué montos la recaudación realizada de los partidos […] puede ser volcada a la campaña”. Recaudar por intermedio del partido, se observa, puede ser una forma de evitar las restricciones legales.

Además, se anota que la ley “no es clara” respecto de cosas muy básicas, como si el límite de 15% establecido para las donaciones anónimas se debe calcular “sobre el total de ingresos (incluyendo el subsidio público) o si sólo incluye los gastos de origen privado”.

Por último, se advierte que “la ausencia de controles de cumplimiento de las diferentes normas es uno de los problemas más graves que enfrenta la regulación del financiamiento en Uruguay, lo que está asociado a la baja capacidad de la institución burocrática [la Corte Electoral] de controlar el cumplimiento”.

De hecho, el estudio concluye que si bien puede pensarse que las listas y fórmulas presidenciales no tienen incentivo alguno para subdeclarar lo que reciben del Estado como subsidio, eso “no sucede con los ingresos de origen privado”. “En consecuencia, si bien es esperable que los subsidios públicos representen una parte significativa de los ingresos, es razonable que estén sobrerrepresentados en las declaraciones”.

Incluso, se sostiene que “a pesar de que en la letra las regulaciones en Uruguay parecen concretar un armado coherente, las debilidades de implementación nos dejan en el peor de los mundos”. “La sociedad incurre en gastos muy significativos en términos de subsidios, pero al mismo tiempo estos se vuelven al mismo tiempo inocuos” a la hora de neutralizar el peso del financiamiento privado, debido a que “las restricciones para recolectar dinero” que marca la legislación nacional “en los hechos no existen”. De esta forma, se asegura, “queda abierta la puerta a la corrupción y, más importante aun, a que las inequidades en la distribución de recursos en la sociedad se transformen fácilmente en desigualdad política”.