Desde San Pablo, el presidente Tabaré Vázquez se refirió a la medida llevada adelante hoy por Unvenu, y cuestionó el manejo sensacionalista de la situación: “No hay desabastecimiento, porque hubo estaciones de servicio que hasta el domingo estaban despachando normalmente; me pareció una versión tremendista eso de que estaba desabastecido”.

No obstante, el mandatario observó que “hay acuerdos y contratos comerciales” entre ANCAP y las estaciones de servicio que “tienen que ser respetados”. En caso contrario, sostuvo, “actuará la Justicia”. “Veremos lo que debemos hacer desde el punto de vista legal o jurídico, y en función de esto actuaremos”, agregó. Vázquez también se refirió a la reforma de las bonificaciones a las estaciones por la venta de combustibles, y sostuvo que el gobierno viene “estudiando con seriedad y responsabilidad un nuevo relacionamiento con los distribuidores y con las estaciones de servicio”, que sea “más racional, más adecuado”. En ese marco, se tomó un tiempo para explicar lo que causó esta situación: “Intentamos actuar con justicia. Aquellas estaciones más pequeñas [aproximadamente un tercio] no van a perder dinero de las ventas de combustible, sino que van a ganar”. En tanto, aseguró que “otro tercio se va a mantener estable” y “hay un tercio que son las que ganan más, que van a tener que contribuir con un porcentaje de 10% en el costo que tiene ANCAP por la venta y la distribución”.

Los detalles de las medidas que tomará el gobierno ante esta situación los describió a primera hora de ayer la presidenta de ANCAP, Marta Jara, en una conferencia de prensa que brindó junto a otros directores del ente petrolero. La jerarca dijo que en ese momento quedaban 25% de las estaciones del país con combustible y calificó de “lamentable” la situación, dado que “la población queda de rehén”. “Unvenu defiende sus intereses; es legítimo, pero no creemos que la decisión de las estaciones de servicio sea justa”, ya que “nos parece muy bien que los empresarios ganen dinero, pero no que el Estado tenga que garantizar una rentabilidad desproporcionada”.

Jara también explicó que tanto ayer como hoy ANCAP fiscalizará la provisión del servicio de venta de combustible, y aseguró que dispone de un equipo de inspectores verificando las obligaciones contractuales de las empresas. La jerarca aseguró que se aplicarán sanciones y dijo que esto podrá realizarse en las estaciones de ANCAP por medio de la red de Ducsa, dado que allí “existe la posibilidad de aplicar multas que ascienden a 1% de la bonificación promedio mensual por incumplimiento de servicio”. En cambio, en el caso de las estaciones que pertenecen a la firma Petrobras o Esso, “la obligación de responder frente al servicio es de la distribuidora con ANCAP”. En estos casos, puntualizó Jara, “estamos investigando cómo poder, de alguna manera, exigir el cumplimiento, y si corresponde poner una sanción”.

Jara también aprovechó la oportunidad para deslegitimar la protesta de la gremial de vendedores de nafta. Según señaló, la ganancia de las estaciones por litro vendido de combustible “supera ampliamente a las de la región”. Por ejemplo, ilustró que es 35% o 40% más que en Brasil y “más que el doble que en Argentina”. Una postura similar expresó el diputado Daniel Caggiani, que hizo pública una serie de infografías de su sector político, el Espacio 609, en la que informa que los dueños de las estaciones se quejan de que no podrían hacer frente a los salarios de sus empleados (cuyo sueldo mínimo es de 19.566 pesos nominales) cuando han ganado más de 2.000 millones de dólares desde 2008. Según sostuvo, a raíz de estos cambios las bonificaciones de las estaciones aumentarán 9% en 2017, mientras que los salarios del sector crecerán 7,6%.

En tanto, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guillermo Moncecchi, dijo ayer tras la reunión de ministros que ANCAP se encontraba coordinando acciones junto al Ministerio del Interior para que “se garantice” la salida de las plantas de distribución de La Tablada, Paysandú y Durazno. La situación se debió a que algunos camiones que pertenecen a las propias estaciones bloquearon durante cerca de una hora la planta de La Tablada, explicó Marcelo Luzardo, del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines.

Otra perspectiva

Los dichos de los diversos jerarcas del gobierno no causaron ninguna gracia en Unvenu. El secretario de esta organización, Jorge Bonino, dijo en declaraciones a Radio Universal que los controles a las estaciones son “medidas de presión nunca vistas”. “No ha habido ni en la dictadura medidas de este tipo, habla muy mal de cómo se está encarando esto”.

“Se empieza por tocar algo que funciona, un sistema que no tenía inconvenientes”, aseguró el dirigente empresarial, que sostuvo que si el gobierno, sin embargo, sostenía que “había cosas para mejorar, hacíamos una mesa de trabajo y discutíamos entre todos”. Según conjeturó, el nuevo sistema de venta de combustibles “busca apropiarse de dinero de la distribución para beneficio de ANCAP”, que “sigue siendo ineficiente, sigue sin mejorar los procesos, sin mejorar la distribución”. Luego aseguró que estos cambios en el mediano y largo plazo sí pueden generar efectos fuertes, “en la medida en que se pierdan puestos de trabajo, que cierren estaciones o que se vaya bajando el nivel de calidad del servicio”. “A la larga podrá terminar con el quiebre de las empresas”, vaticinó.

Esta postura se ganó la expresa desaprobación del PIT-CNT. “Si este asunto se va a utilizar para desestabilizar el país, ¿por qué no hablamos de expropiación y de que, en definitiva, el Estado pueda contar con bocas de salida de sus productos que le garanticen a nuestra gente el acceso a estos?”, propuso el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, también en una conferencia de prensa. Según el dirigente, con la nueva aplicación de la paramétrica a partir del ajuste salarial que hubo en julio de este año, “los patrones dejaron de ganar 0,04 pesos por litro”. “Ninguna empresa se va a fundir por esta nueva regulación que, entendemos, pondera, además, a las empresas más pequeñas”, aseguró, para luego sostener que la central sindical “rechaza en todos sus términos el lockout patronal”. Además, sostuvo que los trabajadores que se presentaron a trabajar en estos días deberán cobrar sus salarios.

La reforma impulsada por ANCAP aspira a cambiar el sistema de bonificaciones de las estaciones de servicio, actualmente homogéneo, en función de la cantidad de combustible que vendan. Se aumentará el monto de la bonificación actual para los primeros 30.000 litros de venta de cada combustible (nafta y gasoil), se mantendrá el monto actual para las ventas de entre 30.000 y 150.000 litros de ambos y se disminuirá el monto para las ventas superiores a 150.000 litros. Con este sistema, que Unvenu rechaza, el gobierno aspira a reducir en 36 millones de dólares el dinero volcado a las cadenas de distribución de combustible, de una forma que, en palabras de Jara, “conjuga de la forma más equilibrada la reducción de los costos, incorporando más eficiencia y manteniendo las características de la red”. Según dijo, las estaciones más chicas “están protegidas” gracias al sistema de franjeo que les “garantiza la sustentabilidad”. Mientras “las estaciones muy grandes [...] de ninguna manera se ven amenazadas en su economía para poder llevar adelante su negocio”.

En tanto, el abogado de Unvenu, Pablo Donnángelo, sostuvo hoy que ANCAP no puede exigir que las estaciones cumplan con el contrato, ya que ANCAP lo incumplió cuando accedió a modificar la paramétrica, en 2014. Según recordó, un grupo de cerca de 220 estacioneros presentó una demanda contra ANCAP en ese momento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero hasta el momento todavía no hay un fallo.