El diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que escribió el informe en minoría de la preinvestigadora, fue quien debió defender en primera instancia la creación de un cuerpo especial para investigar el tema. El legislador destacó que las denuncias hechas por el diputado nacionalista Jaime Trobo son “muy graves”, que involucran “montos de dinero” importantes, de más de 1.000 millones de dólares (“que hasta en China son impresionantes”) y que “muchos jerarcas y ministros de gobierno se encuentran hoy bajo sospecha”. Entre ellos destacó al ex presidente Mujica, cuyo vínculo con Aire Fresco, una de las empresas intermediarias en las exportaciones (y cuyos directores son allegados al Movimiento de Participación Popular), “nadie va a negar”, y a la que Goñi identificó como beneficiada del “favor absolutamente extraordinario” de haber sido colocada entre los acuerdos bilaterales como “contraparte” uruguaya de organismos estatales venezolanos. “Hay que averiguar si era una caja chica o un operador político, como testaferro de otros que lo colocaron allí”, sostuvo. El nacionalista también denunció los sobreprecios con que Uruguay le vendía commodities a Venezuela, de hasta 70%, y advirtió que “estos negocios se hacían con los gobernantes mas corruptos de América Latina, y no lo digo yo, lo dice transparencia internacional. Estas sospechas son más que fundadas”.

Mucho más concreto fue quien le siguió en la oratoria, Trobo, quien, como denunciante, dijo que “hablaba muy mal” del gobierno y del FA decir que la administración del Fondo Bolívar Artigas no les competía. Prueba de lo contrario, sostuvo, “son las reuniones en las que se ha analizado la marcha de los proyectos del fondo”, y puso como ejemplo una declaración conjunta de los presidentes de Uruguay y Venezuela de 2010 en la que destacaron que este “se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la complementariedad”.

Trobo también denunció el rol de las empresas Aire Fresco, Urutransfor y Atlansur como intermediarias en los negocios con Venezuela, advirtió acerca de su beneficio por haber sido la contraparte uruguaya y se preguntó quién las eligió para estar allí. Luego sugirió que su designación podría estar directamente involucrada en decisiones gubernamentales, y puso como ejemplo que, conjuntamente con la declaración entre ambos presidentes en 2010, se suscribieron siete documentos, algunos de los cuales fueron “preparatorios” para los que la empresa Aire Fresco terminó firmando en enero de 2011 como contraparte uruguaya. Además, ilustró una situación en la que la Administración Nacional (ANP) de Puertos firmó un acuerdo con la Corporación Venezolana de Alimentos (CVA) en esa misma fecha, para la instalación de “dos plantas de recepción, acopio, mezclado y producción de alimento balanceado para ración animal”, una en Uruguay y otra en Venezuela. Según Trobo, ese día también se firmó un acuerdo, con redacción exactamente igual, entre la CVA y Atlansur. En su denuncia, el diputado argumenta que esta empresa fue designada “en una decisión resuelta sin la seriedad ni la transparencia elemental para un asunto de interés general”.

Pero el grueso de los dardos de Trobo fue dirigido contra Aire Fresco, sobre la que el diputado se preguntó qué experiencia tenía antes de 2011 como para constituirse en la contraparte uruguaya en la venta de bienes y servicios a Venezuela. “No existía. Era una empresa de portafolio y papel”, aseguró.

La respuesta

El FA no se dejó golpear y apuntó a la falta de solidez de la denuncia. El primero en hablar fue el diputado Óscar Groba, quien dio los argumentos del informe en mayoría de la preinvestigadora. El legislador empezó explicando que Uruguay “no tuvo ni tiene injerencia sobre el uso” del Fondo Bolívar Artigas, constituido a partir del 25% de las ventas de petróleo a Uruguay. “Sus recursos y los criterios para emplearlo son resoluciones de propiedad venezolana. No está dentro del ámbito público uruguayo”.

Sobre la designación de empresas privadas uruguayas como contraparte de las estatales venezolanas, Groba aseguró que “tampoco se aprecian los fundamentos de la existencia de irregularidades [...] más de la mitad de los anexos corresponden a fotocopias de artículos de prensa”, se quejó. Además, dijo que “no ha habido, ni hay, ni se mostró ni se estableció ninguna prueba de designaciones de gobierno a empresas uruguayas”. Luego dijo que el aporte que hizo Aire Fresco a la campaña del Espacio 609 fue de 480.000 pesos, “y en el marco de la ley”. Por otra parte, observó que, por ejemplo, el dueño de Atlansur, Dulio Albertoni, no es frenteamplista, sino del Partido Colorado.

Le siguió el otro diputado oficialista que participó en la investigadora, José Querejeta, quien relativizó el supuesto carácter monopólico de Aire Fresco como intermediario en la exportación de ciertos productos a Venezuela. “En 2014 hubo 114 empresas que vendieron a Venezuela y una de ellas fue Aire Fresco”, ejemplificó, para luego decir que apenas 9% de lo exportado hacia el país caribeño pasó por la empresa. También se quejó de que a la hora de denunciar los sobreprecios, el diputado nacionalista no especificó en qué se basaba para fijar el precio internacional. “Él respondió ‘el arroz paddy’, pero ese no es ningún mercado”, cuestionó. “¡No hay nada! Recortes de diarios, 35 anexos de recortes de diarios. ¡No es serio!”, exclamó, para luego denunciar que el Parlamento “no es el bar de la esquina”. “No trajeron nada, ni Trobo, ni Goñi. Han mentido”.

Más tarde llegó el turno de Gonzalo Mujica, quien, desacatando a la bancada frenteamplista votó afirmativamente y pidió “investigar por lo que se presume”, más que “por lo que se muestra”: “lo que se presume es que desde el gobierno se haya organizado un sistema de financiamiento del sector al que pertenecía el presidente. El delito sería conjunción del interés publico y el privado, artículo 161 del Código Penal. Esto es lo que amerita que haya que investigar. Y, por supuesto, abuso de funciones en caso de que esto se compruebe”, sostuvo. Pero, además, dijo que de no investigarse, se consagraría “otra nueva forma de impunidad para otros generales. Se me acusa de que le hago juego a la derecha. ¡Yo le hago juego a la verdad y a la justicia con esto!”.

Luego de quejarse de cómo en el Fondes se financiaron proyectos con “graves problemas de inviabilidad”, aseguró que “alguien metió la pata o la pata y la mano en la lata; no sé, y quiero saber”. Finalmente, sostuvo -en clara alusión al Movimiento de Participación Popular y a su posición ante la propuesta de investigadora del archivo del ex coronel Edmar Castiglioni-: “No tengo que vetar una investigadora sobre los servicios de inteligencia, mis archivos los banco. En esto también quiero verdad y justicia y tampoco quiero impunidades”.