“Es necesario el reconocimiento constitucional y la representación política de los pueblos indígenas en el Congreso”, dijo Bachelet en la capital de La Araucanía, Temuco. También mencionó la necesidad de trabajar en la “recuperación y promoción de la lengua y cultura mapuches” y “abordar los temas de tierra, agua y desarrollo productivo con una mirada innovadora”.

En torno a estos temas están planteadas algunas de las iniciativas que maneja la Comisión Asesora Presidencial que Bachelet designó al comienzo de su gobierno, en marzo de 2014, y se conformó recién en julio. Esta comisión tiene como objetivo proponer iniciativas legislativas y ejecutivas dirigidas a solucionar el conflicto mapuche. El trabajo de la comisión se desarrolla en conjunto con las autoridades locales y las organizaciones civiles de la zona, varias de las cuales defienden los derechos de los mapuches. Estas organizaciones han reprochado a la presidenta que en las últimas visitas no ha solicitado encuentros con sus representantes, algo que tampoco hizo ayer.

Al comienzo de su gestión Bachelet dijo que el conflicto mapuche sería una de las prioridades de su gobierno, creó un Ministerio de Pueblos Indígenas y anunció la instauración de un Consejo de Pueblos Indígenas. Esta nueva institucionalidad está dirigida a brindarles más representatividad a estas poblaciones, cuyos derechos son históricamente violados en Chile.

La presidenta dijo ayer que la comisión presentará sus resultados en enero, en una fecha a definir, algo que fue aplaudido por los diputados y senadores, oficialistas y opositores, que representan a esa zona en el Congreso. El senador oficialista Eugenio Tuma consideró que cuando la nueva institucionalidad esté totalmente instalada “será distinta la negociación que va a tener el Estado de Chile con la representación legitimada” de los indígenas. Esto permitirá “negociar la participación de los indígenas en el presupuesto de la nación, la estructura del Estado para asumir sus demandas y el modo en que abrimos la región” para darla a conocer, indicó en declaraciones al diario La Tercera.

Bachelet dijo que entre las propuestas de la comisión estarán “todos los temas en los que sea necesario legislar, como el reconocimiento y las tierras”, en referencia a las que los mapuches consideran propias y son usufructuadas por empresas privadas.

Sin embargo, la comisión ha enfrentado resistencias entre los mapuches y las empresas. Las organizaciones que representan a los primeros reclaman que se les reconozcan más derechos, mientras que los segundos afirman que es necesaria una política de “mano dura” para frenar el conflicto en la zona. Reclamos como este último se plantean mientras los mapuches denuncian una elevada presencia policial y militar en La Araucanía, que hace proclive la violación de derechos.

“Me atrevería a decir que los mapuches seguimos en dictadura”, dijo a comienzos de diciembre el periodista Pedro Cayuqueo, que vive en la región. “Los niveles de represión, hostigamiento y amedrentamiento colectivo que hay en zonas de La Araucanía y Bío Bío son tremendos”, dijo.

Hizo esas declaraciones en un período de aumento de la tensión en el conflicto. A fines de noviembre se dio a conocer un informe en el que se reveló que una mapuche fue obligada a dar a luz esposada a la cama de una clínica privada mientras era vigilada por un guardia de seguridad de la prisión. Esto sucedió en octubre, pero se supo semanas después, en el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La mujer, Lorenza Cayuhan, fue condenada a cinco años de cárcel por los delitos de robo con intimidación y receptación en un juicio que, según sus abogados y organizaciones defensoras de los mapuches, tuvo irregularidades.

Las denuncias de que los juicios son arreglados para perjudicar a los mapuches no son nuevas, y Bachelet fue consultada por otro caso: el de la machi (líder mapuche) Francisca Lonconao. Ella fue procesada junto a otras diez personas por su presunta vinculación con un caso que tuvo mucha repercusión en 2013, la muerte de una pareja de estancieros ancianos en el incendio de su establecimiento. Lonconao, de 60 años, asegura que es víctima de un montaje y que no estuvo involucrada en esos hechos. En tres ocasiones logró que le cambiaran la prisión preventiva por arresto domiciliario, pero las tres veces el fallo fue revertido por la Corte de Apelaciones, que argumenta que es un peligro para la sociedad y que se la juzgó como terrorista -una ley instaurada por la dictadura que sirve para extender el tiempo de condena de los mapuches-. La machi comenzó una huelga de hambre días atrás y recibió la visita del gobernador de la región, Michel Hernández. Ayer, mientras Bachelet visitaba La Araucanía, decenas de personas se manifestaron en Santiago para exigir que sea liberada.

El último hecho de esta serie que aumentó la tensión en La Araucanía es el sucedido a Brandon Hernández, un mapuche de 17 años que fue herido por un policía y permanece internado en condición grave. El joven recibió más de 100 perdigones de una escopeta antimotines en la espalda, confirmaron los médicos que lo trataron. Brandon fue herido mientras varios policías intentaban controlar a unos jóvenes sospechosos de haber apedreado viviendas. Según la familia del joven, él intentó defender a uno de sus hermanos cuando un sargento lo lanzó al suelo y le disparó por la espalda, informó la agencia de noticias Efe. Por su parte, el autor de los disparos aseguró que se trató de un accidente durante el forcejeo.

Tras una investigación preliminar, el autor de los disparos fue liberado, acusado de haberle causado lesiones graves a Brandon pero sin intención de hacerlo, algo que generó protestas en La Araucanía. La familia se prepara para denunciarlo por intento de homicidio.