El juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ercolini es responsable de la causa en la que se investiga si durante las administraciones de Fernández se benefició al empresario Lázaro Báez con contratos de infraestructura. El juez también ordenó un embargo de 10.000 millones de pesos argentinos para la ex mandataria.
Además de Fernández, fueron condenadas otras diez personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Citando los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini indica en su fallo que la ex presidenta y las otras autoridades procesadas integraron entre 2003 y 2015 una asociación “destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”. Específicamente sobre Fernández, Ercolini dice que con sus decisiones como presidenta “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”, citó Clarín.
Esta investigación judicial se basa en una auditoría ordenada por el gobierno de Mauricio Macri sobre la obra pública de Santa Cruz, sin incluir a todo el país. Cuando declaró por esta causa, Fernández pidió que se amplíe la auditoría a todo el territorio nacional, para que se verifique que el Grupo Austral, liderado por Báez, no tuvo beneficios. El pedido fue rechazado por el fiscal de la causa. El kirchnerismo presentó en noviembre una lista con las empresas que obtuvieron licitaciones de obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Báez aparece en el lugar 38, con 0,3% del presupuesto destinado en ese período. En el tercer lugar, con 4,2%, aparece Iecsa, la empresa del primo de Macri, Ángelo Calcaterra.
Cuando compareció ante la Justicia, Fernández también pidió que se investigue el aumento de presupuesto público destinado a una obra que construirá Iecsa. El fiscal Pollicita pidió en noviembre que se abra una investigación, pero se desconoce si hubo novedades.