El aumento de las tarifas públicas anunciado la semana pasada por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha generado algunas diferencias en la interna del movimiento sindical. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que tildarlo de “tarifazo” es parte de una “campaña electoral” en la que la central de trabajadores “no va a entrar”. El PIT-CNT debatirá el tema hoy cuando sesione su Secretariado Ejecutivo, pero “partimos de la base de que no estamos ante un tarifazo”, aclaró Pereira, quien argumentó que las tarifas están aumentando en función de la inflación, como también lo hacen los salarios, ejemplificó. Para el dirigente, para que se configurara el denominado “tarifazo”, debería haber habido un aumento que superara la inflación anual, como ocurre en Argentina o como el propio gobierno de Tabaré Vázquez hizo el verano pasado, lo que generó una “queja muy dura” del movimiento sindical. A pesar de la situación, el presidente del PIT-CNT dijo que existe un “matiz” con el gobierno, en la medida en que estos aumentos podrían ser “diferenciales” y beneficiar a los pequeños consumidores por sobre los grandes.

Pero esta visión no es compartida por algunos sindicatos de las empresas públicas cuyas tarifas aumentan. La Federación de Funcionarios de OSE publica hoy un comunicado en el que usa la palabra “tarifazo” en su titular. En ese texto se denuncia la “mala gestión”, que “termina trasladándole al contribuyente la carga de sus ineficiencias”. En el comunicado también asegura que la suba en las tarifas de OSE, de 8,2%, sumada al “adicional complementario” de 7,3% sobre el cargo fijo de agua, “hará que el aumento tarifario se encuentre en niveles muy superiores a la evolución de los precios”.

De forma similar, ayer la Agrupación UTE emitió un comunicado en el que denunció que “el pueblo sigue pagando una de las tarifas más caras e injustas que hay para seguir financiando uno de los negocios privados más rentables que hay”. Además, destacó lo “lejos” que “quedaron” aquellas “mentiras [de] que con la privatización de la energía eléctrica iban a bajar las tarifas”. Según explicó este sindicato, las tarifas de UTE no sólo deben hacer frente a los costos del servicio eléctrico, sino también a una política que “subsidia a los grandes consumidores y les garantiza rentabilidades increíbles a los capitales privados que le hincaron el diente a la generación de energía eléctrica”. Esto es porque “UTE promueve la firma de contratos absolutamente abusivos con los generadores privados”, en los que “se compromete a comprar toda la energía que se genere incluso si no se necesita, por un plazo de 20 años, a un precio fijo en Dólares”. En el texto, el gremio concluye que la tarifa, que podría significar “un instrumento de redistribución de riqueza, hoy es todo lo contrario: un elemento recaudador absolutamente injusto e inequitativo”. Por su parte, la Federación ANCAP aún no tiene una postura con respecto al aumento de 8% en las tarifas de los combustibles.

En tanto, ayer Astori descartó que este nuevo aumento de las tarifas públicas sea un tarifazo. “Una palabra de ese tipo alude a un crecimiento desmesurado que sólo piensa en términos de recaudación fiscal, y no es así. Hemos tomado como eje de la actualización de las tarifas el porcentaje de inflación”, explicó el jerarca a la radio El Espectador. Según dijo, la inflación anual en 2016 cerrará en aproximadamente 8%. Las tarifas, sostuvo, “se actualizan en función de la actualización de los costos de las empresas en términos generales”.

Astori también explicó que el gobierno debe tener en cuenta la situación de las empresas públicas, y evitar que ingresen en “situaciones de debilidad y fragilidad”, aunque además sostuvo que fue necesario tener en cuenta los efectos de esto en “la población en su conjunto” y en el resultado fiscal. El jerarca también se detuvo en la situación de ANCAP, y dijo que el aumento anunciado “simplemente está en línea con no tener pérdidas adicionales a las que tuvo en el pasado”. Además, recordó que ANCAP no ajustó tarifas al alza “durante mucho tiempo”, que los precios del petróleo crudo están empezando a aumentar nuevamente, y que también la cotización del dólar está comenzando a subir. Agregó que la refinería de La Teja deberá detenerse este año, como ocurre una vez por quinquenio, para llevar a cabo obras de mantenimiento. “Eso requiere obra civil y también significa lucro cesante; dejar de tener resultados definitivos porque no se refina combustible”. El impacto de esto, según cuantificó, es negativo por 80 millones de dólares.

A pesar de los argumentos de Astori, el senador nacionalista Luis Lacalle Pou cuestionó el aumento de las tarifas. “El ajuste era evitable”, aseguró en declaraciones a Montecarlo Televisión. Según dijo, se trata de un ajuste “recesivo”, en la medida en que “el ciudadano sigue trasladando recursos al sector público, y el sector público no los va a devolver”. El legislador aprovechó para denunciar que las tarifas públicas son un instrumento de financiación de un “déficit autogenerado por el Frente Amplio en estos años de gobierno”.