El Parlamento español se dispone a modificar hoy la reforma del Tribunal Constitucional aprobada por el gobierno del Partido Popular (PP) el año pasado, que le permite a esa corte suspender a cargos públicos que no cumplan con sus dictámenes. La iniciativa de modificarla, si se concreta, llega mientras el Tribunal Constitucional (TC) atraviesa una nueva pulseada con el gobierno catalán por un referéndum independentista planeado para 2017.

La reforma del TC fue aprobada en solitario por el oficialismo el año pasado, en un intento del PP de fortalecer a este órgano judicial para garantizar el cumplimiento de sus decisiones. En algunas ocasiones los fallos del TC fueron desoídos, en especial por los gobiernos catalanes. Un caso de ese tipo está en curso ahora: el tribunal ordenó al gobierno catalán que suspenda un nuevo referéndum independentista, convocado por el Parlamento para 2017, pero las autoridades se negaron a hacerlo.

La posibilidad de cambiar la reforma aprobada por el PP el año pasado, en particular para evitar que el TC pueda suspender a los jerarcas que no sigan sus dictámenes, surge porque, si bien el PP se mantiene en el gobierno, ya no cuenta con la mayoría parlamentaria. Mariano Rajoy logró mantenerse como presidente del gobierno porque su principal opositor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se abstuvo en la sesión de investidura, pero no tiene el respaldo parlamentario de la mayoría. Eso ha permitido que las bancadas del PSOE, Podemos y los nacionalistas vascos, entre otras, se aliaran para reformar algunas normas que el PP aprobó en solitario durante el gobierno anterior.

Hoy se tratará un proyecto del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para modificar la ley del TC. Su iniciativa también incluye otras modificaciones dirigidas a que ese tribunal no pueda llevar adelante procedimientos que funcionan como “un auténtico veto político” y “un control de carácter preventivo”. La expectativa del PNV es que hoy se vote a favor de tratar la reforma, cuya aprobación tomaría semanas.

Este intento de reforma llega mientras el TC mantiene un nuevo enfrentamiento con el gobierno y el Parlamento de Cataluña por sus iniciativas independentistas. Comenzó la semana pasada, cuando el tribunal suspendió la resolución del Parlamento catalán que establecía la “hoja de ruta” para la independencia que impulsan los partidos soberanistas que gobiernan Cataluña. La suspensión es la consecuencia automática de que el TC haya admitido a trámite un recurso presentado por el gobierno español contra dos de los puntos de la resolución. Además, el órgano ordenó a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “impedir o paralizar” las gestiones dirigidas a continuar con este procedimiento hasta que se tome una decisión.

Sin embargo, las autoridades catalanas anunciaron que no obedecerán la orden. Puigdemont dijo que “el referéndum se celebrará en 2017 de manera indefectible”. En la misma semana que el TC ordenó la suspensión, Forcadell permitió un debate en el Parlamento sobre el proceso, por lo cual el tribunal la denunció por desobediencia y prevaricación. Además, ayer la Abogacía del Estado presentó una denuncia contra cinco de los siete diputados de la mesa que preside el Parlamento, con el objetivo de inhabilitarlos mediante el TC.

No encuentran indicios

La semana pasada, el Tribunal Supremo español archivó una denuncia contra Jorge Fernández Díaz por una presunta conspiración contra los líderes independentistas. Fernández Díaz tuvo que renunciar a su cargo de ministro del Interior después de que trascendiera la grabación de una conversación que mantuvo con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en la cual lo instaba a encontrar, aunque fuera, indicios de delitos de los referentes independentistas catalanes, para desprestigiarlos. El Tribunal Supremo consideró que “no existen indicios” de que los participantes de la conversación hayan cometido los delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación, tal como afirmó la denuncia del Partido Demócrata Europeo Catalán, ex Convergència Democràtica de Catalunya.