En noviembre de 2014 se vendieron los siete aviones Bombardier CRJ 900 de la ex empresa Pluna SA, por 69 millones de dólares, a una empresa estadounidense. Se fueron entregando de a uno, porque era “imposible” realizarles el mantenimiento a todos al mismo tiempo para que pudieran volar, explicó a la diaria el contador síndico de Pluna SA, Gabriel Ferreira. Eso implicó varios gastos, por eso hoy el saldo es de unos 66 millones de dólares. Ayer la Justicia resolvió repartir esa plata de la venta entre los acreedores: terminó el proceso concursal que había comenzado en julio de 2012. De los casi 700 trabajadores a los que se debía, resta que cobren unos diez -a los que no se ha podido localizar-, además de clientes y empresas públicas y privadas. Una de las empresas privadas que estaban en la lista pero aceptaron no cobrar fue Scotiabank -que había financiado la compra de los aviones a Pluna-: el dinero de los pasivos verificados y los activos no alcanzaban para pagar todas las deudas; entonces, para no quedarse sin el pan y sin la torta, el banco prefirió que el Estado -por ser garante de Pluna- le siguiera pagando en cuotas los aviones; 137 millones de dólares de una deuda de 203.

El acuerdo fue presentado ante la jueza Sylvia Rodríguez en noviembre, y permitió saldar deudas. Entre los acreedores del sector público están ANCAP -a la que Pluna SA le debe unos 30 millones de dólares-, el Banco de Seguros del Estado, la Dirección General Impositiva, el Banco de Previsión Social, entre otros.

En el último presupuesto quinquenal nacional, en diciembre del año pasado, se declaró a Pluna ente autónomo “en liquidación”, imposibilitando que la empresa desarrollara nuevas actividades. En ese sentido, Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, señaló que una vez que finalicen los juicios de liquidación, desaparecerá.

Las alas de Uruguay

Por otro lado, el gobierno pretende que parte de los trabajadores de Alas Uruguay -ex trabajadores de Pluna- sean contratados por Azul -brasileña- en caso de que Alas Uruguay no vuelva a volar. La empresa del vecino país está negociando con el gobierno para convertir al aeropuerto de Carrasco en su centro de conexión. El presidente de Azul, Antonoaldo Neves, se reunió la semana pasada con Rossi, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y la ministra de Turismo, Liliam Kechichián. Ayer volvió al país, pero esta vez para reunirse con directivos de Alas Uruguay. la diaria consultó a su vicepresidente, Nicolás de los Santos, pero prefirió no realizar declaraciones.

Alas Uruguay empezó a volar en enero tras conseguir la financiación de unos 15 millones de dólares del Fondo para el Desarrollo (Fondes), pero en octubre suspendió su operativa. El diputado Rodrigo Goñi, de Todos (Partido Nacional), convocó a la Comisión Permanente a los ministros Rossi y Murro porque “la sociedad uruguaya merece una explicación sobre lo ocurrido con Alas Uruguay, y el gobierno tiene el deber de explicar el manejo de los recursos del Fondes”.