“Discursos sobre riesgo en la producción de soja” se tituló una mesa organizada el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de la República, Udelar), en la que Soledad Nión, docente de esa facultad, presentó los resultados preliminares de una investigación que analiza “los diferentes discursos sobre riesgo de los actores relacionados al sector de la producción de soja en Uruguay”. Para eso consultó a integrantes de Ciencias Sociales, Agrarias, Química, Salud Ocupacional, Toxicología, de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y de Salud (MS), de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), de una empresa extranjera, de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, representantes sindicales, de organizaciones no gubernamentales, técnicos asesores de empresas agrícolas, institutos de investigación; formó, además, un panel de expertos y talleres con instituciones de Montevideo y Paysandú. Con la presentación, Nión apuntó a recoger opiniones y sumar elementos para continuar la investigación.
El ministerio
Su trabajo, de corte cualitativo, fue bien valorado por todos los expositores: Francisco Pucci (su tutor y docente del Departamento de Sociología), Cristina de Marco (subinspectora general de Trabajo), Alfredo Blum (Dinama), Silvana Machado (Red de Semillas Nativas y Criollas), Javier Mallet (Departamento de Toxicología), César Basso (Facultad de Agronomía), Soledad Figueredo (Facultad de Agronomía) y Carmen Ciganda (asesora en políticas de Salud, Ambiente y Trabajo del MS).
Del mapeo de actores vinculados a la soja, Nión señaló que los diferentes discursos refieren que el MGAP es “el ministerio”, y que organismos como el MTSS o el MS aparecen “tangencialmente”; por otra parte, comentó que, “por un lado, se habla de los trabajadores y, por otro, de los sindicatos”, aludiendo a las dificultades de organización sindical reinantes en el medio rural, y más en la agricultura extensiva.
Nión identificó dos grandes bloques de discursos sobre el riesgo vinculado a la producción de soja: uno vinculado a la salud y otro a lo productivo. “Todos los actores tienen una visión parcial de los riesgos vinculados a la soja, y no se vinculan entre sí en ningún ámbito formal”, lamentó. Recomendó tender puentes entre ambas perspectivas y contar con ámbitos donde se puedan intercambiar los discursos.
Conflicto de intereses
Agrupó en distintas dimensiones los riesgos identificados. Entre los riesgos sistémicos incluyó la rotación del trabajo, las formas de contratación, la alta tercerización, la incidencia de las condiciones climáticas, la explotación de los recursos naturales, la resistencia a los herbicidas, el desplazamiento de pequeños productores; entre los riesgos sociales, la expulsión de la mano de obra, las condiciones laborales precarias y la represión sindical. Señaló como riesgos institucionales el protagonismo del MGAP -por el “conflicto de intereses” entre los organismos-, las dificultades para fiscalizar el trabajo debido a sus particulares condiciones, la “falta de articulación interinstitucional”, la falta de capacitación en el uso de agroquímicos y la “falta de vigilancia en salud a nivel nacional” en este tipo de agricultura; entre los riesgos culturales, las relaciones interpersonales en el trabajo rural, el “control social y condena social a denunciantes”, la “falta de autocuidado/concientización” y las dificultades para la organización de los trabajadores. Nión señaló que la “naturalización de riesgos” lleva a minimizar su percepción.
Riesgos latentes
Pucci destacó que la perspectiva de “construcción social del riesgo” permite salir de la mirada centrada en “una racionalidad técnica, organizativa o económica”; agregó que gestionar el riesgo “implica llegar a acuerdos provisorios, siempre cambiantes”.
De Marco transmitió que los trabajos rurales muchas veces no generan instancias de organización sindical o de diálogo entre ellos, por el aislamiento o por miedo, lo que hace que a veces sus planteos no lleguen a la Inspección General del Trabajo. Por eso mencionó que “tenemos que estar más conectados en esto de las redes sociales, para tratar de ver y visualizar este tipo de trabajo y que lleguen a nosotros las consultas”.
Blum, delegado alterno en la Comisión para la Gestión del Riesgo de la liberación de transgénicos, subrayó que la Udelar no está participando, y que esa ausencia “es un riesgo en la toma de decisiones”. Explicó que “la liberación de un evento transgénico con determinado herbicida implica necesariamente la aplicación de ese herbicida; evaluarlos de forma separada es un error”. Desde 2008 -agregó, como ejemplo de uno de esos conflictos institucionales-, la Dinama ha intentado “considerar el paquete tecnológico como uno de los elementos de esa evaluación, y hasta el momento no hemos conseguido tomarlo en cuenta”. Otro de los riesgos que mencionó es que “no se ha podido regular la coexistencia en el territorio de los diferentes sistemas de producción”. A ellos se refirió luego Machado, al dar cuenta de producciones de maíz orgánico arruinadas por la contaminación con maíz transgénico. El otro tema que mencionó Blum es la incidencia de los agroquímicos en “organismos no blanco” (que no son objetivo de la aplicación).
Millet explicó que el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico registra las intoxicaciones agudas, pero no los eventos crónicos; mencionó, además, que el aumento de la importación de agroquímicos no se ha reflejado en más consultas, y se preguntó por qué.
Basso dijo que “los transgénicos son una ilusión” y mencionó los problemas de la resistencia al glifosato, pero señaló que la soja es uno de los tres principales rubros de exportación y que “eso hace difícil plantearse ‘soja sí, soja no’”. Por otro lado, destacó su impacto social: el dinamismo que trajo a pueblos y ciudades del interior, con generación de empleos y mejores salarios.
¿Qué pasará?
Figueredo se refirió a la “fragilidad intrínseca del modelo”, puesto que hay “soja-dependencia, China-dependencia y precio-dependencia”. En cuanto a cómo se organiza el trabajo, mencionó la tercerización laboral y la zafralidad. Dijo que los trabajadores zafrales “son jóvenes, son urbanos”, y que “no están tan aislados”, y que “no por estar aislados no se organizan: hay otras cosas que pueden estar explicando la ausencia de organización, como los buenos salarios”. Preguntó cómo puede impactar en el tejido social la caída del negocio, qué pasará con los centros de acopio, las plantas de semillas, o la inversión del puerto de Montevideo; “empieza a resonar la idea de que se sobredimensionó un poco” la estructura montada.
La asesora en políticas de Salud, Ambiente y Trabajo del MS comentó que en las Juntas Departamentales de Salud los participantes todavía no plantean temas de salud ambiental y ocupacional. Coincidió con Blum en que “no podemos hablar de soja o de cualquier otro cultivo sin hablar de los plaguicidas y de otras sustancias químicas que se utilizan en la producción”, y dijo que además del impacto de los agroquímicos en los trabajadores, está el de la población circundante y el de los consumidores, que “indirectamente podemos sufrir un impacto”. En los últimos años han crecido las denuncias de trabajadores y comunidades circundantes, explicó, mayoritariamente por la fumigación en campos de soja. Lamentó que no se disponga de información del impacto que pueda acarrear la exposición, a largo plazo, a los agroquímicos.