La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a Argentina a liberar a la líder de la organización Túpac Amaru Milagro Sala. En un comunicado, conminó al Estado argentino y, en particular, al gobierno de Jujuy a dar una “pronta respuesta” al reclamo presentado el 27 de octubre por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ya había exigido la “liberación inmediata” de Sala. La dirigente social y parlamentaria del Mercosur está en prisión preventiva desde enero y, si bien avanzan varias investigaciones judiciales en su contra, no ha sido condenada por ningún delito.

El de la CIDH es el último de una cadena de pedidos que han surgido en las últimas semanas. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, escribió una carta solidarizándose con la activista y pidiendo su “inmediata liberación”; Amnistía Internacional se pronunció en el mismo sentido, así como el grupo de trabajo de la ONU. En la mayoría de estos casos se califica la detención de Sala de arbitraria y se considera que debe ser liberada de forma inmediata. En algunos de estos pronunciamientos también se critica que Sala haya sido detenida durante una protesta, y la CIDH señala que participar en una manifestación “es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización”.

El gobierno de Mauricio Macri ha hecho gestiones para intentar frenar estos pronunciamientos y la semana pasada envió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a conversar con la CIDH y otros organismos internacionales.

La posición del gobierno ante estos llamados a liberar a Sala ha sido ambigua. Por un lado, el Ejecutivo de Macri -en particular su canciller, Susana Malcorra- ha sostenido que no puede presionar a la Justicia para que libere a Sala. Por otro lado, hace gestiones en defensa de su detención para evitar estos pronunciamientos internacionales.

Ante el comunicado de la ONU, Avruj dijo que las declaraciones internacionales no son vinculantes, algo que fue puesto en duda por distintos juristas que señalan, entre otras cosas, que ante estos casos la Corte Suprema argentina siempre se pronuncia en el mismo sentido que los organismos internacionales.

“A la mayoría de los argentinos nos pareció que había una cantidad importante de delitos cometidos por Sala y que ameritan las causas que tiene abiertas. Es importante que esta información se comparta con el mundo”, dijo Macri. Una de las abogadas de la activista, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que afirmar “que [Sala] tiene que estar detenida porque la mayoría de los argentinos cree que cometió delitos es un argumento cuasi fascista, antirrepublicano”. Agregó que Malcorra y el ministro de Justicia, Germán Garavano, entienden la gravedad de mantener detenida a Sala con estos pronunciamientos internacionales, pero que en Jujuy no están dispuestos a cambiar la situación.

Ayer el máximo órgano judicial de Jujuy, el Tribunal Superior de Justicia, rechazó dos recursos que hubieran puesto a Sala en libertad. Se trató de recursos de inconstitucionalidad referidos a la forma en que fue detenida. Además, la Fiscalía de la provincia respondió al comunicado de la CIDH con un informe en el que repasa que la Justicia sospecha que Sala creó un sistema “para absorber fondos destinados a la construcción de viviendas” y que esos fondos “fueron asignados a fines desconocidos”, y asegura que si ella fuese liberada “hay posibilidades de que intente eludir el accionar de la Justicia y obstruir la investigación”. La misma línea siguieron las respuestas del gobierno a la ONU y a Almagro.