Son más de 260 los padres que firmaron una carta para manifestar su “profundo rechazo” a la decisión del Ministerio de Salud (MS), anunciada en setiembre de este año, de incluir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el esquema obligatorio de vacunas a partir de 2017. De acuerdo con esa resolución, todas las niñas de 12 años deberán vacunarse. Se enteraron un poco tarde, dijo Lucas Rivero, uno de los impulsores de la movida, pero salieron a hablar con los vecinos para saber qué tanto conocían sobre el tema, se pusieron a juntar firmas y enviaron la carta a autoridades de la salud y legisladores, “buscando una respuesta”. Según Rivero, ya saben que “la obligatoriedad se va a dar”, pero quieren “seguir mostrando descontento”.

La vacuna arrastra una polémica desde el principio. El MS comenzó a ofrecerla de forma gratuita en 2012. En aquel momento, antes de que las niñas recibieran la vacuna, sus padres o responsables debían firmar un “consentimiento informado” en el que se advertía sobre posibles efectos adversos. En 2015 el MS empezó a recomendar la vacunación, y este año decidió declararla obligatoria. Según dijo a la diaria el director general de Salud del MS, Jorge Quian, la decisión responde a que “a Uruguay le ha ido muy bien con el sistema de obligatoriedad de las vacunas, y la prueba está en que hay muchas enfermedades que no tenemos porque ese sistema ha permitido una amplia cobertura”. Quian considera “una injusticia tener un arma que puede ayudarnos a combatir una enfermedad que puede ser muy grave, que mata a muchas mujeres por año, y no utilizarla”.

Los padres que se oponen a la obligatoriedad de la vacuna, en cambio, sostienen que como ciudadanos “críticos e informados” han indagado y entienden que a nivel mundial la vacuna está en “fase de experimentación”, que entre las organizaciones científicas “no hay acuerdo” en relación con el tema, y que han encontrado “varias asociaciones de damnificados en el mundo”. Respecto del caso uruguayo, citan la Ley 18.335, sobre los derechos de los pacientes y usuarios de salud, que, destacan, “consagra el principio de autonomía de cada persona de decidir sobre su cuerpo y salud”.

El director general de Salud dijo que “si alguien no quiere darse las vacunas, se lo manifiesta al médico, se hace una orden y no se vacuna”. Aclaró que la obligatoriedad responde a que “estamos convencidos de que le estamos haciendo un bien a la población, como se hace en muchas partes del mundo. Estamos muy seguros de la información científica, y muy seguros de por qué indicamos esta vacuna”.

Los padres, por su parte, alegan que si bien las autoridades dispusieron que las vacunas contra el VPH sean gratuitas, “esto no ha sido acompañado con el trabajo en un buen mecanismo de información de los efectos positivos y negativos, que exponga con transparencia las diferentes miradas, en lugar de dar una información sesgada por la visión de los defensores y promotores” de la vacunación. Tampoco se cuenta, continúan, “con un sistema de compensación de daños a los afectados, y quien impone la obligatoriedad se debe hacer responsable de los problemas” que presenten las personas a las que la vacuna les resulte “perjudicial”.

Por otra parte, aseguran que son conscientes de que “existen otros mecanismos de prevención para esta y otras infecciones de transmisión sexual, como la utilización de condones masculinos y femeninos en las relaciones sexuales, que han demostrado ser medidas más efectivas y sin impacto negativo en la salud”, y, en el caso de las mujeres, la realización de “estudios periódicos como el Papanicolau para la detección precoz de lesiones en el cuello uterino y su tratamiento adecuado, que se ha considerado la medida más efectiva para prevenir este tipo de cáncer, con una prevención de 99% de los casos en el país”. Medidas de este tipo, afirman, “promueven una vida sexual saludable sin la necesidad del consumo de medicamentos”. Lo que reclaman es que sean ellos, los padres, quienes puedan decidir si sus hijas reciben o no la vacuna, ya que “es la propia Constitución de la República la que nos ampara en nuestra libertad para decidir y elegir lo que creemos mejor para nosotros mismos y para nuestros hijos”.

Rivero sostuvo que el grupo de padres no se opone a las vacunas sino a la obligatoriedad y, específicamente, a que esta rija para esta vacuna. “Nos parece poco justificado que sea obligatorio, ya que la gente no tiene suficiente información; más allá de que es un tema que viene de hace rato, muchísima gente no sabía que existía, y otras personas nos cuentan que se la dieron a sus hijas sin saber para qué servía”. A pesar de que cree que “es un tema muy sensible que no se ha trabajado bien”, Rivero señaló que es “factible que se revierta”.

Quian asume que “el porcentaje de personas que se vacunan es bajo”, pero dijo que “vacunar adolescentes es una de las tareas más difíciles para los equipos de salud”. En la carta, los padres afirman que “posiblemente a mediano plazo” la medida se extendería a los varones, y que la medida de iniciar la vacunación a niñas de las escuelas públicas se está haciendo “sin garantizar información completa y adecuada y sin que haya habido el debido consentimiento informado de las familias”.

Respecto del primer cuestionamiento, Quian dijo que en el MS “esperan tener la suficiente información científica para vacunar también a los varones”, pero que cree que “seguramente en el futuro” se va a vacunar a los varones. Respecto del otro tema, respondió a la diaria que los planes de vacunación en las escuelas “han tenido un éxito muy importante”, pero que implican “un componente muy importante en cuanto a movilización de vacunas, mantener la cadena de frío, contar con personal que vaya a vacunar, y hay que pedir autorización a los padres”, por lo que es “muy difícil de mantener en el tiempo”. Sin embargo, sostuvo que el año que viene seguirán con el plan. Con relación a la carta de los padres de Paso de los Toros, dijo que “son padres ocupados y preocupados por sus hijas, y eso es muy valorable”, pero “es una lástima que estén tan desinformados”.