El Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP) -integrado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica- trabaja desde 2013 en la creación de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. En 2015 se aprobaron las bases de la propuesta y ahora se trabaja en el plan definitivo; Rosita Ángelo, directora nacional de Educación, anunció que la Comisión Coordinadora del SNEP tiene que revisar la aprobación del plan, que comenzará a aplicarse en 2017. Su elaboración incluyó consultas a las comisiones departamentales de Educación del SNEP y ayer sumó opiniones, con el desarrollo de un panel titulado “Desafíos para la educación en derechos humanos”, en el que participaron Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de Presidencia; Mariana González, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); Laura Motta, consejera del Consejo Directivo Central de la ANEP, y Ángelo.

A grandes rasgos, las bases del plan apuntan a incorporar contenidos específicos de derechos humanos en el currículum, garantizar entornos de convivencia y aprendizaje en las comunidades educativas (y que protejan a grupos discriminados o hasta ahora excluidos), desarrollar una “pedagogía representativa” con protagonismo de los estudiantes, transformar las subjetividades para “construir una cultura de derechos humanos” y “comprometer actores estratégicos”, lo que implica la capacitación y sensibilización de educadores, funcionarios, el compromiso de los medios de comunicación, y crear una política institucional acorde.

Todos los panelistas remarcaron que los derechos humanos deben ser “introyectados”, que es necesario conocerlos para reclamarlos, algo que no sólo se logra con el cambio de currículum, sino que abarca diferentes dimensiones y estrategias, incluyendo un cambio cultural.

González planteó claramente que además de hablar de la educación en derechos humanos, es necesario cumplir con garantizar el derecho a la educación, y recordó las alarmantes cifras de exclusión que sigue teniendo nuestro país, con una clara estratificación social y económica. Mencionó, por otra parte, cómo se potencian esas exclusiones cuando se combinan con diversidad -jóvenes trans, por ejemplo- o con discapacidad, y remarcó las “dificultades de adaptar nuestra educación a la diversidad de situaciones de la vida”, como la inclusión de chicos con dificultades motrices, sordos, ciegos, con síndrome de Down o con dificultades de aprendizaje.

Motta también hizo énfasis en que “hay que poner el derecho a la educación en un lugar central” y reconoció la necesidad de concretar la obligatoriedad de la culminación de la educación media, algo que está pautado por ley. Citando a la socióloga argentina Inés Aguerrondo, comentó que el modelo educativo es jerárquico, con una organización vertical y burocrática. Insistió en la necesidad de pasar del concepto de homogeneidad al de heterogeneidad; en diálogo con la diaria, comentó que para eso, en los próximos días comenzarán a discutirse las bases para el marco curricular de referencia nacional (las propuestas se recibirán durante el primer semestre de 2017). Paralelamente se construirán los perfiles de egreso y cada subsistema definirá los contenidos para que cada alumno avance en su trayecto curricular. Además, expresó que es necesario respetar las culturas locales, y por eso la territorialización es otra de las estrategias a desarrollar. Eso también está relacionado con el cambio del modelo jerárquico, dijo. Comentó que “el sistema educativo no siempre actúa como sistema” y puntualizó que “se está priorizado el trabajo de las comisiones descentralizadas de la ANEP” y de las comisiones departamentales del SNEP, “un lugar donde las decisiones se toman entre todos los actores del sistema a nivel local”. Anunció que “se está trabajando para buscar nuevas formas de generar políticas que estén en un marco general nacional pero, a su vez, respeten las identidades y las singularidades locales”.

Ángelo insistió en que “tenemos que cambiar nuestras representaciones” y desnaturalizar pautas, etiquetas y estereotipos. Anunció que hay un plan de acción para desarrollar en 2017, y que la agenda va a ser coordinada con los diferentes territorios, a partir de la discusión en las comisiones departamentales de Educación.

González había comentado que muchas de las denuncias que recibe la INDDHH por exclusión del sistema educativo corresponden a instituciones privadas. Consultada por la diaria sobre la posibilidad de incidencia en esos ámbitos, cuyos representantes no integraban el panel, Ángelo comentó que las instituciones privadas de educación están reguladas por la ANEP y que la Comisión de Continuidad Educativa les pidió a las divisiones de Jurídica de cada organismo desconcentrado de ANEP que revisen la normativa; con esos datos, el MEC planea “hacer una puesta a punto, porque a partir de las leyes hay aspectos referidos a accesibilidad, no sólo de rampas, que las instituciones privadas, además de las públicas, tienen que cumplir”.