En un acto religioso que tendrá lugar este viernes en Punta Peuco -el penal especial en el que están recluidos los condenados por violaciones a los derechos humanos en Chile-, seis ex funcionarios de la dictadura militar de Augusto Pinochet planean pedir perdón para mostrar una “señal de arrepentimiento”. Durante la ceremonia, que será presidida por el sacerdote jesuita Fernando Montes y el ex capellán del Palacio de La Moneda Alfred Cooper, no se permitirá el acceso a la prensa, pero asistirán invitados en calidad de testigos, según informó el medio digital El Mostrador.

Ese y otros medios chilenos informaron que dentro del grupo de seis condenados se destacan dos. Uno es Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia Nacional -la policía secreta de Pinochet-, condenado con prisión hasta 2037. Iturriaga Neumann se declaró en rebeldía en 2007 y estuvo prófugo por no aceptar la condena en su contra por el asesinato del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Luis Dagoberto San Martín. También participó en la Operación Cóndor y fue considerado por la Justicia chilena “un peligro para la sociedad”. El diario chileno La Nación señaló ayer que el hombre, de 78 años, pediría perdón en nombre de todos sus subalternos.

El otro detenido destacado que se disculparía es el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, condenado a diez años y un día por el asesinato del ex químico de Pinochet Eugenio Berríos. Los otros cuatro serían subalternos.

El acto se realizará días después de que el ex presidente chileno Sebastián Piñera y el titular de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, causaran una polémica al proponer que los reclusos mayores de 75 años o con enfermedades terminales cumplan sus condenas en arresto domiciliario. En este sentido, el abogado de los ex militares, Raúl Meza, adelantó esta semana que presentará cinco nuevas solicitudes de indulto por problemas de salud de presos de Punta Peuco. “Algunos de ellos están con un pronóstico de muy pocos meses de vida. Particularmente la respuesta del Ejecutivo se hace urgente. Le hemos solicitado al ministro de Justicia que requiera los antecedentes médicos”, dijo Meza. “Los tiempos de la Justicia tuvieron su oportunidad, hoy día vienen los tiempos de la misericordia y del perdón”, agregó.

Por su parte, el sacerdote Montes aclaró que no es el organizador del evento, sino un invitado, y dijo que al haber hablado varias veces sobre “la necesidad de que haya reconciliación” en Chile, no puede “dejar de sumarse” a la ceremonia “si hay un honesto deseo de pedir perdón”. A su entender, muchos colaboradores de Pinochet “lamentan” lo que hicieron. “En lo posible habrá dos cosas [en el acto]: arrepentimiento y que den toda la información que se tiene [...] Me consta que hay gente que lamenta lo que hizo y que está dolida, arrepentida”, afirmó Montes. También aseguró que, aunque “ha habido falta de colaboración con la Justicia”, algunas personas “han colaborado con los datos que tienen” y otros no lo hicieron porque “simplemente no los tienen”.

Respecto de los pedidos de prisión domiciliaria, Montes dijo que lo que se pide no es un indulto, sino una “señal” de humanidad: “Tener preso a alguien que no sabe exactamente dónde está, que está completamente perdido y que no tiene control de esfínteres, es una cosa denigrante”.

Dolmestch es uno de los posibles invitados al acto, junto con otras personalidades chilenas como el abogado de derechos humanos Héctor Salazar, que consideró que el hecho será “importante” y deseó que el pedido de perdón sea “genuino, de adentro, y que eso sea percibido por todos, sobre todo por los familiares de las víctimas”.

La abogada especializada en derechos humanos Carmen Hertz, en cambio, dijo que no confiaba en las intenciones de los “criminales de lesa humanidad”, quienes “jamás han mostrado ningún arrepentimiento” ni “han cooperado con la Justicia”. Agregó: “Esas son las condiciones mínimas, básicas, fundantes, que exigen un arrepentimiento. Lo demás es un show”. A la ceremonia también están invitados representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y dirigentes políticos.