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Nacional | Martes 09 • Febrero • 2016

Federico Álvarez Petraglia. Foto: Pablo Nogueira (archivo, marzo de 2014)

A juicio de uno y otro

Intendencia de Paysandú presentará el jueves primera denuncia penal por irregularidades en gestión de Bentos.

La Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) presentará el jueves 11 la primera denuncia penal por las irregularidades constatadas por una auditoría ordenada por la nueva administración del frenteamplista Guillermo Caraballo, cuyo informe fue presentado la semana pasada en conferencia de prensa por el propio jefe comunal. El asesor letrado de la IDP, Federico Álvarez Petraglia, explicó a la diaria que esta denuncia se refiere a la ejecución del Presupuesto Participativo, en la que se constató que “se había entregado la suma de medio millón de pesos para la realización de obras, se entregaron boletas de contado como si se hubiese hecho todo, y cuando se hizo una inspección ocular, se detectó que no se había hecho absolutamente nada”.

Las presuntas irregularidades que se van a denunciar corresponden a las obras en cuatro centros de atención a la infancia y la familia (CAIF) que fueron decididas por el voto de la ciudadanía en el último Presupuesto Participativo sanducero, aunque no son las únicas obras en las que se constataron irregularidades. “Ésta es la primera parte de la auditoría que será puesta en conocimiento de la Justicia penal. En cuanto al resto de la auditoría, por ahora hay investigaciones administrativas y sumarios en curso, con personas ya identificadas y, en algunos casos, con separación del cargo. Al final de la investigación y los sumarios se va a decidir si se da cuenta de los resultados a la Justicia penal”, agregó Álvarez Petraglia.

La auditoría también constató irregularidades en la Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, en el área de Promoción Social (canasta y comedores) y en la administración de las Termas del Guaviyú. Pero una de las irregularidades transversales, que se verificó en todas las áreas, es “la falta de documentación”, pese a que se buscó “de forma muy sigilosa y exhaustiva, incluso pagando horas extras”. “Esto da lugar a que se investigue qué pasó y esa parte va a terminar inevitablemente en la Justicia, porque hubo sustracción o destrucción de documentación. Los pocos documentos que se encontraron en las áreas auditadas tienen todos irregularidades mayores o menores. Si ésos arrojaron irregularidades, vaya a saber cómo estaban los que no se encontraron”, opinó Álvarez Petraglia.

El informe de la auditoría, de 115 páginas y realizado por la consultora RSM Uruguay, está disponible en el sitio web de la IDP. Consultado sobre si la denuncia penal que será presentada apuntará explícitamente a personas, Álvarez Petraglia informó que se van a denunciar “sólo los hechos en concreto”, pero opinó que “obviamente la investigación de la Justicia deberá determinar las responsabilidades” de las “personas involucradas directamente en la ejecución y control del Presupuesto Participativo, y también las responsabilidades políticas”.

Fuegos artificiales

La administración del Frente Amplio (FA) apunta sus dardos contra el ex intendente nacionalista Bertil Bentos (Alianza Nacional), que el año pasado fue propuesto por su partido para ocupar el cargo de secretario general del Congreso de Intendentes. Bentos se desempeñó durante diez años (1990-2000) como director general de Servicios de la IDP, cuando el intendente fue el actual senador y líder de AN Jorge Larrañaga. Entre 2000 y 2005 fue secretario general de la intendencia sanducera, entre 2005 y 2010 ocupó una banca como diputado departamental y en 2010 fue electo jefe comunal. En las elecciones de mayo de 2015 fue derrotado por Caraballo por poco más de 1.300 votos. Sin cargo político y con el sillón de secretario general del Congreso de Intendentes vacante, Bentos fue propuesto por el PN para ocuparlo. El cargo tiene una gran importancia, ya que el presidente del Consejo y el secretario general integran la Mesa del organismo. Entre 2010 y 2015, no se llegó a nombrar a alguien para ese puesto porque no hubo acuerdo en ningún nombre. La IDP ya anunció que no acompañará a Bentos como candidato, mucho antes de los resultados de la auditoría, y según fuentes de la comuna, las constataciones de la investigación “fortalecieron la posición” anunciada, que seguramente será acompañada por el resto de los intendentes frenteamplistas. Para elegir al secretario general se necesitan 13 votos dentro del Congreso y el PN tiene 12, por lo que si el FA vota en contra de Bentos unido, el voto clave será el de Marne Osorio (Rivera), el único intendente que tiene el Partido Colorado.

Sin embargo, para el diputado del PN Nicolás Olivera (AN) los anuncios de Caraballo son “pura pirotecnia”, con la que pretende “contrarrestar el efecto nacional y departamental de lo que pasó con Termas de Almirón, cuando él se robó un pueblo y toda la jurisdicción de un municipio por una simple resolución, desconociendo la ley”.

El mes pasado, Caraballo resolvió pasar la administración de las Termas de Almirón al Departamento de Promoción y Desarrollo de la IDP, por lo que el Municipio de Guichón dejó de intervenir en las decisiones sobre ese complejo turístico, pese a que éste se encuentra dentro de sus límites administrativos. El PN emitió luego una declaración en la que considera el hecho como un “incumplimiento de la Ley de Descentralización” que vulnera las competencias de sus autoridades municipales electas democráticamente”, y respalda a la alcaldesa de Guichón, Lourdes Suárez.

“Lo que está claro es que en diciembre el intendente compró demasiadas cañitas voladoras y las está tirando ahora. Este tema fue una imprudencia de él, y pretende contrarrestarlo con este circo político que está armando”, dijo Olivera. El diputado informó que el PN “se encuentra recabando toda la documentación necesaria para hacer otra conferencia de prensa” en los próximos días “para rebatir punto a punto lo que surgió de la auditoría”. Adelantó que el PN “tiene absoluta tranquilidad” porque, entre otras cosas, “una de las personas que auditaba” a la IDP durante la administración de Bentos fue Patricia Tabárez, contadora delegada del Tribunal de Cuentas”, por cuyas manos “pasaban todos los actos administrativos”. “Hoy es la directora general de Administración del gobierno del FA”, concluyó Olivera.

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