El jueves el gobierno de Mauricio Macri anunció que aumentaba el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (que funciona como un tributo a la renta en Argentina) y que las demás escalas se revisarían en marzo. Además, para el día siguiente estaba prevista la firma de un acuerdo salarial con los docentes que fijaba un aumento de 40% a lo largo del año, el cual establecía que las provincias debían aceptar ese porcentaje como el mínimo aumento posible en las negociaciones bilaterales.

Sin embargo, este acuerdo con los docentes no se firmó y durante el fin de semana Macri se refirió al otro anuncio y dijo que recién el año que viene, “después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas” del Impuesto a las Ganancias.

Los mismos líderes sindicales que el jueves habían celebrado el aumento del mínimo no imponible de este impuesto cuestionaron el anuncio de que las escalas se modificarán recién en 2017. Su principal argumento es que los aumentos que se alcancen este año en las negociaciones salariales colectivas de todos los sectores (conocidas como paritarias) serán absorbidos por el impuesto en el caso de los trabajadores que superen el mínimo no imponible. Esta dificultad para las paritarias se suma a una anterior: el gobierno ha insinuado que los aumentos no deberían superar el 20% o 25%, mientras que la inflación interanual, según datos oficiales, fue de 29,6% en la provincia de Buenos Aires. El gobierno se ha comprometido a bajar la inflación, pero algunos jerarcas, como la vicepresidenta Gabriela Michetti, reconocen que esto no empezará a suceder hasta fin de año.

Estas condicionantes alcanzan a todos los trabajadores, pero en la mayoría de los sectores las paritarias no han comenzado. Sí lo han hecho las de los docentes, y no avanzan muy bien. Mientras los gobiernos de las provincias manejaban aumentos en el entorno de 25%, el Ejecutivo de Mauricio Macri anunció la semana pasada que ofrecería 40% a los gremios docentes. Si bien el gobierno central no es el que paga a los docentes, tiene la prerrogativa de establecer un aumento mínimo para éstos en todo el país, que en este caso se establecía en 40%. Los gobernadores provinciales no quedaron nada conformes con el anuncio y, según informó el diario argentino La Nación, varios de ellos se comunicaron con el ministro de Educación, Esteban Bullrich, para manifestar su malestar por la cifra.

El gobierno de Macri retiró el aumento de 40% el viernes, el mismo día en el que iba a firmar el acuerdo con los cinco principales gremios docentes del país. Desde el Ejecutivo no hubo pronunciamiento, pero sí una rueda de prensa de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Sonia Alesso, quien acusó al gobierno de suspender las negociaciones. Alesso aseguró que el Ejecutivo “pretende dilatar la firma de la propuesta”, con lo cual “daña la buena fe en la negociación paritaria y lesiona la discusión salarial en todas las provincias”.