Obama tenía plazo hasta ayer para presentar ante el Congreso una estrategia para el cierre definitivo del penal de Guantánamo, en el que están detenidos presos que Estados Unidos considera sospechosos de terrorismo. La Casa Blanca anunció un plan que implica enviar a otros países a los detenidos que ya no representan una amenaza -con el permiso del Departamento de Defensa- y trasladar al resto a “una localización segura” en Estados Unidos, una idea que siempre encontró resistencias en el Congreso.

Acompañado por su vicepresidente, Joseph Biden, y su secretario de Defensa, Ashton Carter, Obama dijo ayer que cerrar la cárcel de Guantánamo es “cerrar un capítulo”de la historia del país, y que mantenerla abierta es “contraproducente” para la lucha antiterrorista. El mandatario agregó que la existencia de esta prisión va “en contra” de los valores de Estados Unidos, “socava” la seguridad nacional en lugar de fortalecerla y afecta las relaciones del país con sus aliados.

También argumentó que su plan permitirá “ahorrar” dinero. Mantener a los detenidos en Guantánamo cuesta entre 65 y 85 millones de dólares más que trasladarlos a una cárcel en Estados Unidos, según dijo un funcionario del gobierno a las agencias Efe y Reuters. De los 91 presos que alberga actualmente Guantánamo, 35 ya recibieron la aprobación para ser enviados a otros países “en los próximos meses”, informó Obama. Estados Unidos debería gestionar, en su suelo, el destino de casi 60 prisioneros.

Además, el presidente pidió a los legisladores un diálogo “honesto” para llegar a un acuerdo. Pero el Congreso, de mayoría republicana, ya rechazó pedidos similares durante los últimos siete años, argumentando que la transferencia de los presos a cárceles dentro de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional. No está claro por qué esta vez cambiaría de opinión. “Soy consciente de los obstáculos que hay para cerrar finalmente Guantánamo”, dijo Obama ayer. “Si fuera fácil, habría ocurrido hace años, como yo quería”, agregó. Sin embargo, el presidente parece querer intentarlo por última vez antes de dejar su mandato en diez meses. “No quiero dejarle este problema al próximo presidente, sea quien sea”, dijo.

Varios legisladores manifestaron su pesimismo tras el anuncio de Obama. El senador republicano por Arizona John McCain dijo que el plan del Poder Ejecutivo no aborda cuestiones importantes y “pasa la pelota” al Congreso. “Lo que hemos recibido es un vago menú de opciones, no un plan creíble para el cierre de Guantánamo, o una política coherente para hacer frente a futuros condenados por terrorismo”, dijo McCain en un comunicado que divulgó el diario The Washington Post. “El presidente perdió una gran oportunidad de convencer al Congreso y al pueblo estadounidense de que tiene un plan responsable para cerrar el centro de detención de Guantánamo”, agregó.

En el mismo sentido se expresó el presidente de la Cámara de Representantes, el también republicano Paul Ryan, al asegurar en un comunicado que el Congreso se “opondrá” al plan porque no arriesgará “la seguridad nacional del país por una promesa de campaña”. Ryan insistió en que la propuesta de Obama “no proporciona los detalles críticos requeridos por la ley, incluyendo el costo exacto y la ubicación de un centro de detención alternativo”. Concluyó: “El Congreso no ha dejado lugar a la confusión. Va contra la ley y seguirá estando contra la ley transferir detenidos terroristas a suelo estadounidense”.

En tanto, el senador republicano y precandidato a la presidencia de Estados Unidos Marco Rubio impulsó ayer una propuesta de ley por la que Obama no puede transferir el territorio de la base naval de Guantánamo a Cuba -uno de los reclamos de La Habana en las negociaciones con Washington para normalizar las relaciones- ni hacer modificaciones al respecto sin la autorización del Congreso. Este blindaje, explicó Rubio, frenaría el “peligroso plan de Obama” para “liberar a terroristas de nuevo en el campo de batalla o en el suelo estadounidense”.

Ante este panorama adverso, el presidente podría recurrir a un mecanismo de la Constitución y cerrar la prisión mediante una orden ejecutiva. Sin embargo, ya lo intentó en 2009 y no tuvo éxito.