En los últimos días, una denuncia de tráfico de influencias y cortes de ruta realizados por la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional amenazaron la popularidad del presidente boliviano, Evo Morales, a dos semanas del referéndum en el que se decidirá si puede ser candidato en 2019.
La semana pasada el periodista Carlos Valverde denunció en su programa que Morales influenció para que la empresa china CAMC Engineering -que tiene acuerdos con el gobierno por más de 500 millones de dólares- contratara como gerenta general a la contadora y abogada Gabriela Zapata, madre de un hijo de Morales nacido en 2007.
Dirigentes opositores dijeron que había que investigar y el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que se trataba de otro “ataque brutal” contra Morales en el contexto de la campaña electoral. “Ya no existe escrúpulo alguno, no existe ninguna ética política”, dijo.
Finalmente el propio Morales salió a responder: “A Gabriela Zapata la conocí en 2005, tuvimos una relación y en 2007 tuvimos un bebé, que por mala suerte ha fallecido, y nos distanciamos. Desde entonces no he sabido nada de ella”, aseguró en conferencia. “No puedo entender que algunas personas usen esto con fines netamente políticos”, dijo, y agregó que hasta ahora no había contado lo sucedido con su hijo porque es un tema “personal, familiar, privado”. El presidente acusó a Valverde de formar parte de una guerra “sucia” y “sin escrúpulos” en su contra y aseguró que el gobierno no ha beneficiado a la empresa china con un trato preferencial. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, recordó que en enero el gobierno la sancionó con una multa y acciones legales por incumplimiento de contrato.
También la empresa reaccionó ante las denuncias. Su abogado, Fernando Cortez, dijo que las contrataciones son decididas en China y que Zapata tenía experiencia en el área antes de ingresar en la empresa. “Se cuestiona su juventud como si fuera una principiante”, dijo, en referencia a que la mujer tiene 29 años. Además, Cortez pidió al gobierno que se investiguen los contratos entre ambos para evitar las especulaciones y anunció medidas legales contra Valverde.
Otro de los problemas que ha enfrentado Morales últimamente son los cortes de ruta impulsados por la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, que reclama una reforma tributaria para el sector; según el gobierno, esto implicaría un costo de 71 millones de dólares anuales, que el Estado no puede costear. El presidente aseguró que se trata de un conflicto “con fines políticos” y anunció la creación de una empresa estatal de transporte pesado para contrarrestar la influencia de esta cámara, que es la que más peso tiene en el sector.