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Nacional | Jueves 18 • Febrero • 2016

Conferencia de prensa de la Comisión Interina del Colegio Nacional José Pedro Varela, ayer, en la sede del instituto.Foto: Federico Gutiérrez

Cuestión de números

Según Sintep, crisis de instituciones de educación privada es producto del afán de lucro.

Si bien la situación en el colegio José Pedro Varela tiende a normalizarse, puede decirse que ocurre lo opuesto en el colegio Gabriela Mistral. Ayer, integrantes de la comisión que dirige transitoriamente al Varela dijeron en conferencia de prensa que el inicio de cursos en la institución será con “total normalidad” el 7 de marzo, según explicó Juan da Rosa. Más allá de que el colegio perdió unos 200 estudiantes respecto a 2015 y que su matrícula actual es de 850, Da Rosa explicó que en un principio los cálculos preveían una pérdida de 50% de los inscriptos, por lo que desde el colegio se valoran positivamente los números. En relación al plantel docente, explicó que se conserva “en su mayoría” y que gracias a las negociaciones encabezadas por el sindicato se logró que 12 funcionarios tomaran la figura de “despido voluntario” para de esa forma reducir lo que se paga en salarios.

Juan Etcheverrito, también integrante de la comisión que funcionará hasta el 24 de febrero, cuando se elijan las autoridades definitivas, señaló que la situación económica de la institución “es sólida” y que se tienen gestiones “avanzadas” para consolidar la situación financiera. En concreto, habló de la posibilidad de generar un fideicomiso financiero o de “redistribuir el mobiliario” en forma más eficiente.

Pero en el Gabriela Mistral el panorama es otro. La sede de la institución estuvo ocupada durante diez días el año pasado porque el colegio se niega a reincorporar a su plantilla a una funcionaria del servicio de limpieza, la única sindicalizada en la institución.

Según informó El Observador, en la última instancia de negociación entre el sindicato y el colegio, la institución educativa informó a los trabajadores que este año suprimiría el sexto año de bachillerato por una baja en la matrícula. Consultado al respecto, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) Sergio Sommaruga señaló que las autoridades también mencionaron la posibilidad de cerrar otros años del secundario, pero no plantearon que lo harían en forma “inminente”.

El dirigente consideró que ahora el conflicto se “agrava” porque habrá pérdidas de fuentes de trabajo, tanto para los profesores que tenían horas en sexto año, que se quedan sin trabajo, como para los que tenían grupos en otros años. Sommaruga indicó que si bien los trabajadores saben que cuando hay baja matrícula va a haber reducción en la carga horaria, planteó que “el asunto es cómo abordar la situación de crisis”. Al respecto reclamó buscar criterios para la redistribución de las horas “de la forma más justa y consensuada” y la indeminzación a quienes pierden horas, algo que se acostumbra en la enseñanza privada y que desde el Gabriela Mistral no quieren hacer porque dicen que “no es su culpa”.

“El problema concreto es que si hay negociación, no hay conflicto, pero para eso tiene que haber posición actitudinal y política, no alcanza con decir que estás abierto al diálogo, el diálogo hay que construirlo con acciones y decisiones”, dijo el dirigente respecto a la postura que tomó el colegio. Además, se quejó de que a la hora de sentarse a dialogar no hubo “un interlocutor válido que le brindara sostenibilidad a la negociación”. Las autoridades del Gabriela Mistral responsabilizaron al conflicto que mantiene Sintep de generar la baja en la matrícula por la que se suprimen los cursos. Sommaruga consideró que eso es “oportunista” porque es algo que se viene gestando desde “mucho antes”.

En macro

La situación en general de la educación privada ha sido objeto de debate público en los últimos meses, en particular desde que trascendió la crisis del Varela. Consultado al respecto, Sommaruga señaló que si hay instituciones educativas privadas en crisis, ello se debe a que “la matriz institucional de la enseñanza privada cambió en los últimos 25 o 30 años”, y se generó una nueva institucionalidad “profundamente vinculada al fin de lucro”. Según el dirigente, ello se da por la combinación de dos factores que hacen que poner un colegio sea un “negocio redondo”. Para Sommaruga, al “universalismo de exoneraciones fiscales” se le suman los salarios “extremadamente bajos” que pagan. Según explicó, a partir de los laudos del sector, una maestra o un profesor gana “11.000 y pocos pesos” líquidos.

Al respecto añadió que eso generó el surgimiento de un número importante de nuevas instituciones educativas privadas que funcionan como “unidades de negocio” que se disputan la matrícula entre sí. “Lo que hay que discutir en el fondo es que es un campo absolutamente desregulado y que después de la habilitación, que es presentar papeles, y de que cumplís con algunas condiciones de salubridad y edilicias, abrís la institución”, señaló Sommaruga. Además, consideró que el problema con respecto a la matrícula -que según los últimos registros supera los 128.000 estudiantes- “es que hay poco gurí para los trompos que están arriba de la mesa”.

Si bien la semana pasada la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, dijo que las exoneraciones tributarias a la educación privada deben ser “revisadas” por la sociedad uruguaya, luego aclaró ante la prensa que su cartera no promoverá cambios en el régimen de dichas exoneraciones. Lo que sí hará el ministerio será introducir cambios en el sistema de fundaciones y asociaciones civiles en general, que son las que además gestionan los centros educativos privados.

Según Sommaruga, a los problemas estructurales también se suman inconvenientes de gestión: “Eso de que lo privado es mejor que lo público es una ideología que no te permite ver la realidad, que indica que el Varela tuvo un problema de gestión gigantesco y en el Mistral también los hay”.

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