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Nacional | Martes 16 • Febrero • 2016

Desafíos para un nuevo desarrollo

Columna de opinión.

La 21ª Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), celebrada en 2015, logró concretar el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, denominado “Acuerdo de París”. Entre los puntos más destacados se encuentra el objetivo de mantener la temperatura media mundial bastante por debajo de 2 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a realizar todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y evitar así impactos catastróficos de la alteración del sistema climático sobre la biosfera terrestre.

Ahora bien, pese al logro innegable de los acuerdos de metas entre las principales potencias, facilitados por el protagonismo de varios países como Francia y el mismo Uruguay, una de las debilidades de la Conferencia de París es que el acuerdo adoptado es legalmente vinculante, pero no los objetivos nacionales de reducción de emisiones. El tratado tampoco prevé sanciones, aunque habrá un mecanismo transparente de seguimiento para tratar de garantizar que los países cumplan con lo prometido. El mecanismo de revisión de los compromisos de cada país sí es jurídicamente vinculante.

Con respecto a la reducción de emisiones, 187 de los 195 países que participaron en la COP 21 entregaron sus compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático, que entrarán en vigor en 2020. Los países revisarán sus compromisos al alza cada cinco años, para asegurar que se alcanza el objetivo de mantener la temperatura muy por debajo de 2 grados. Según fue calculado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (un órgano científico de primer nivel internacional que asesora a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático), la suma de los compromisos actuales de reducción que presentaron los países estaría lejos de lograr la estabilización de la temperatura antes mencionada, por lo que se necesitaría un esfuerzo adicional mucho mayor por parte de los países para lograr los objetivos del acuerdo.

Como objetivo a largo plazo, los países buscan limitar las emisiones tan pronto como sea posible, sabiendo que esto les costará más a los países en vías de desarrollo. A partir de 2050 se espera lograr una situación de cero emisiones netas, es decir, el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos por los sumideros naturales y/o artificiales de estos gases a nivel global.

El acuerdo define que los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los países en desarrollo, y que por lo tanto deberán movilizar un mínimo de 100.000 millones de dólares anualmente desde 2020 hacia los países en desarrollo, así como revisar esta cifra al alza antes de 2025. El acuerdo identifica la necesidad de poner en marcha lo que se ha llamado “Mecanismo de pérdidas y daños asociados a los efectos del cambio climático”, que fueron condición de los países más vulnerables (pequeños estados isleños) para firmar el acuerdo.

El texto adoptado podrá ser ratificado durante un año a partir del 22 de abril, y para que sea efectivo será necesaria la ratificación de al menos 55 países.

¿Cuáles son los principales desafíos que la COP 21 impone a Uruguay?

A nivel nacional, el principal órgano coordinador en la materia es el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que se creó el 20 de agosto de 2009, a partir del decreto 238/009. El organismo rector y coordinador es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), que dando cumplimiento al decreto en febrero de este año publicó el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático (PNRCC), síntesis del trabajo de más de un centenar de técnicos de organizaciones públicas y privadas, donde se incluyen las principales líneas de acción a seguir para atender los efectos de este fenómeno global.

Un desafío es convertir este trabajo en un instrumento operativo que ordene las acciones de forma priorizada en un calendario de actividades, y que se estudie su financiación.

Por su pequeño tamaño, su escasa población y reducido parque industrial y por su relativamente grande porcentaje de forestación (a nivel per cápita), Uruguay ocupa el lugar 119 a nivel mundial con menos de 0,1% de las emisiones totales de GEI (gases de efecto invernadero).

Tanto a nivel mundial como regional o nacional existen encares generales o macrolíneas de acción en relación al cambio climático, a saber, acciones en el área de mitigación o adaptación a éste, ambas contempladas en el Acuerdo de París. El área de mitigación implica todas las acciones que debe realizar la humanidad para reducir la concentración neta de GEI en la atmósfera y de esta forma revertir las causas del cambio climático. A su vez, estas acciones se dividen en los esfuerzos de reducción de emisiones de GEI hacia la atmósfera y en los de secuestro de GEI desde la atmósfera.

En el caso uruguayo, los sectores prioritarios en que se puede actuar son el agro (emisiones de la ganadería y la agricultura), la energía (energías renovables, eficiencia energética y biocombustibles) y el manejo de residuos (urbanos e industriales).

En la última Comunicación Nacional de Uruguay ante las Naciones Unidas, correspondiente a datos relevados hasta 2010, se indica, para ese año de cierre, que la mayor fuente de emisiones nacionales corresponde al CH4 proveniente de la categoría agricultura. Dichas emisiones representan 15.877,47 Gg de CO2e, y superan el total del resto de las emisiones nacionales agrupadas. Del total de emisiones de CH4 de la categoría agricultura, solamente la fermentación entérica del ganado aportó 92%, por lo que se identifica a este sector como el más prioritario en cuanto a las posibles medidas de mitigación que Uruguay deba emprender con el fin de contribuir al objetivo común internacional de lucha contra el cambio climático.

En cuanto a las energías renovables, gracias a la transformación estructural en curso de la matriz de generación eléctrica, en 2017 Uruguay alcanzará 88% de reducción de sus emisiones absolutas en este subsector en relación al promedio anual del período 2005-2009, con un consumo mayor. Los planes estratégicos nacionales para los próximos 20 años contienen las líneas de acción, que complementan a las de eficiencia energética, redes inteligentes e integración regional, como la continuación de la incorporación eólica, la generación de biomasa, la generación solar y el almacenamiento complementados con ciclos combinados de gas natural.

En el Consejo de Ministros se aprobó el Plan de Eficiencia Energética Nacional, que contempla acciones de alcance general y acciones sectoriales, en todos los sectores de la economía.

Desde la aprobación en 2007 de la Ley de Agrocombustibles, se observa un crecimiento sostenido de los biocombustibles (bioetanol y biodiesel), que pasaron de 1% en 2010 a 3% en 2013 (7,0 ktep a 37,8 ktep en cuatro años).

Dado que ANCAP tiene el monopolio de la producción de biocombustibles y de las mezclas, se debe estudiar una ampliación de la Ley de Agrocombustibles, para ampliar los porcentajes de mezcla de dichos biocombustibles con los combustibles fósiles convencionales.

La adaptación es el conjunto de desafíos más relevantes para responder eficazmente al cambio climático en Uruguay, porque suponen armonizar un conjunto ambicioso de políticas públicas en un Nuevo Desarrollo. La política de Estado en relación a la adaptación al cambio climático está plasmada en el ya mencionado PNRCC.

Los principales lineamientos estratégicos son, primero, la gestión integral del riesgo para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos y variabilidad, e instrumentación de seguros y fondos para cobertura de riesgos climáticos. En segundo lugar, reducir las aportaciones hídricas y modificar las demandas de agua de las distintas actividades socioeconómicas. Uruguay está avanzando en la atención global y multidisciplinaria de la gestión de los recursos hídricos: la nueva Ley Nacional de Políticas de Aguas y el PNRCC establecen lineamientos para la gestión integrada de los recursos hídricos. Deben definirse criterios para la toma de decisiones en relación a los conflictos de uso y a las asignaciones de volúmenes que se destinan a los diferentes sectores socioeconómicos.

En tercer lugar, en materia de energía se proponen la planificación y mantenimiento de infraestructuras, la diversificación de la matriz energética y la promoción de la eficiencia energética.

En relación a los ecosistemas y la biodiversidad, se proponen medidas de protección de la biodiversidad y los ecosistemas terrestres y costeros, respectivamente. En el sector agropecuario, se dispone que las políticas promoverán la integración horizontal de productores para la gestión del agua, una gestión sustentable de los suelos, el mejoramiento genético y la utilización de especies adaptadas.

En cuarto lugar, aun cuando la vulnerabilidad del sector industrial ante el cambio climático no está bien definida, se propone adoptar como estrategia fundamental la preservación de la calidad de las aguas.

El área turística es vulnerable ante el cambio climático, en la medida en que la actividad se desarrolla básicamente en las costas atlántica y platense del país. El plan se propone la mitigación de los efectos, mediante el alejamiento, en los centros turísticos, de las nuevas construcciones respecto de los mayores niveles de mareas, al tiempo que dispone de mecanismos de contención litoral, principalmente naturales; diversificar las instalaciones y la recreación turística así como la multiplicación de destinos alternativos a la costa. Asimismo, establece que se debe incluir elementos de diseño en las infraestructuras turísticas que contemplen las energías renovables y que no acentúen el calentamiento de la atmósfera, respondiendo a una demanda creciente de turismo exigente en cuanto a medidas que atiendan a la sostenibilidad.

Finalmente, desde la perspectiva de la calidad de vida de la población, además de los programas sociales en curso y de los nuevos programas, se consolidan dos grandes líneas estratégicas para el Uruguay de los próximos 15 años: desarrollo de ciudades sustentables y preservación de la salud humana.

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