En República Dominicana cayó en plena campaña electoral la noticia de la detención del encargado de marketing del presidente Danilo Medina, que busca la reelección. João Santana, que fue encargado de las campañas electorales de los presidentes brasileños Dilma Rousseff y Lula da Silva, se entregó ayer a las autoridades de Brasil, que pidieron que fuera detenido de forma temporal por sospechas de que pudo estar vinculado con la red de corrupción de Petrobras. Ni bien trascendió que había sido emitida la orden de detención, Santana anunció que volvería a su país natal para entregarse a la Justicia.

Partidos de la oposición dominicana pidieron ayer que se investiguen las actividades de Santana en el tiempo en que trabajó junto a Medina. “La población debe saber cuáles eran los vínculos” entre ellos, aseguró en conferencia de prensa el secretario general del Partido Revolucionario Moderno, el principal de la oposición. “No se trata de alguien cualquiera, es el asesor del presidente Medina”, agregó.

Por su parte, el diputado opositor Vinicio Castillo, del partido Fuerza Nacional Progresista, publicó un comunicado en el que pide al procurador general, Francisco Domínguez, que realice una investigación de las actividades de Santana en República Dominicana. “Hay transferencias millonarias en dólares de África a República Dominicana y de República Dominicana a Brasil”, dice Castillo en el comunicado, y se pregunta si eso no fue parte de un esquema de lavado de dinero. “El señor João Santana y sus empresas hicieron muchas operaciones en República Dominicana”, por lo cual Domínguez “está obligado a investigar si Santana usó sus poderosas influencias en el país para actividades de lavado de dinero, soborno y corrupción”, agrega.

Mientras tanto, en Brasil los principales partidos opositores manifestaron su apoyo a las protestas contra el gobierno, que fueron convocadas para el 13 de marzo por parte de organizaciones civiles apartidarias, como el Movimiento Brasil Libre.

Más al sur

Las repercusiones por el caso Petrobras también llegaron a Perú. El martes el informativo de la cadena O Globo informó acerca de un documento que presentó la Policía Federal a la Justicia en el que se dice que el análisis de correos electrónicos enviados por el presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, muestra “robustas evidencias” de que hubo pago de coimas a “un ex secretario de Transportes de Argentina” y al presidente peruano Ollanta Humala. Esto “revela prácticas criminales hasta entonces no descubiertas que ciertamente implicarán nuevas investigaciones”, indica el informe.

No es la primera vez que el caso de corrupción de Petrobras afecta a otros países, e incluso a Perú. Después de la detención de Odebrecht, en junio, el fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, envió a un grupo de fiscales a Brasil para investigar si hubo irregularidades en las construcciones de la empresa en su país. Con el mismo objetivo se creó una comisión parlamentaria.

En ese entonces Humala negó esas versiones, tal como lo volvió a hacer ayer mediante un comunicado. Además, convocó al embajador de Brasil en Lima, Marcos Raposo, “para expresar su rechazo ante tales afirmaciones y solicitar información oficial” sobre el tema. A su vez, la filial de Odebrecht en Perú también emitió un comunicado, en el que asegura que “nunca realizó donaciones ni entrega indebida de dinero a partidos políticos o autoridades públicas” en Perú.