El titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, fue recibido ayer en régimen de Comisión General por la Comisión Permanente del Parlamento para informar sobre las denuncias realizadas por efectivos policiales acerca de presuntas irregularidades cometidas en la Guardia Republicana (GR), y para responder sobre las estadísticas de algunos delitos durante 2015. El jerarca fue acompañado por el director de ese cuerpo policial, Rovert Yroa, y por el jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, entre otros.
El diputado del Partido Nacional (PN) Pablo Abdala (Alianza Nacional, AN), miembro de la Comisión de Legislación del Trabajo de esa cámara -instancia que recibió en diciembre tanto a los guardias denunciantes como al MI-, inició la sesión mencionando “la importancia política” que le ha dado el PN a la creación de la GR, propuesta por el senador Jorge Larrañaga (AN) en 2009 e incorporada al programa de gobierno blanco de las elecciones de ese año, y destacó la coincidencia del PN con el propósito del gobierno del Frente Amplio (FA) de implementar “un cuerpo de muy importante envergadura” a nivel nacional, algo que se hizo mediante la ley de Presupuesto de 2010. Luego, dijo que el llamado al ministro tuvo que ver con “situaciones de apariencia irregular” y “abusos cometidos” por Yroa en perjuicio de subordinados, de los cuales tenía “versiones” y “testimonios” volcados en la comisión, a los que se sumaron “investigaciones periodísticas” y testimonios recogidos por él mismo entre familiares de los afectados. Mencionó como “hechos”, “una agresión física” contra el policía Marcelo Bustamante por parte de Yroa, que dio lugar a una denuncia penal, así como “prácticas de tiro” por fuera del polígono de la unidad, “comprometiendo la seguridad del personal”. “Uno de los guardias, Sergio Núñez, mientras caminaba por una calle interna, sufrió una herida cuando Yroa disparaba en una práctica […] en ocasión de esa balacera en situación irregular; una esquirla, o una piedra o algo afectó al funcionario, cosa que está certificada”, expresó.
Además, dijo que el policía Gustavo Brites fue “sumariado y expulsado” por “formular denuncias”, y tras “instalarse” en las afueras de la unidad para protestar, 17 “trabajadores” que lo apoyaron fueron trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en lo que representa “una sanción encubierta”. Luego, informó que uno de los trasladados se quitó la vida y dijo que “sería irresponsable no introducir este elemento” porque ocurrieron tres suicidios en un mes “después de esta situación”, y “todos los testimonios de familiares, amigos y conocidos relacionan o explican esta decisión fatal a partir de la situación agobiante de presión, acoso moral y laboral que denuncian que se daría en el interior de esta unidad”. Abdala también hizo hincapié en denuncias sobre “comercialización irregular” de lo producido en dos chacras pertenecientes a la GR, así como en “comportamientos llamativos” en el desempeño de Yroa, que habría llevado a su hijo, menor de edad, a practicar tiro: “Le puso uniforme, lo ha hecho formar con los demás efectivos y además le ha entregado premios”.
Bonomi contestó que el tema fue investigado por la Comisión de Asuntos Internos del MI y que además fue judicializado. Después hizo una larga exposición sobre el “cambio de paradigma en materia de seguridad pública” impulsado por los gobiernos del FA, que apuesta a la generación de una Policía “al servicio de la comunidad, con vocación democrática, que se ajuste a los principios éticos y orientada a la prevención y disuasión del delito y no sólo a la represión, actuando como auxiliar de la Justicia”. “Sin embargo, aún existen dentro de la fuerza algunos funcionarios con comportamientos opuestos a los que nos proponemos”, dijo Bonomi, y agregó que la GR, que unificó a los viejos coraceros y granaderos, fue reorientada a un rol preventivo y disuasivo y que antes tenía “una cultura organizacional distinta, era una fuerza distante, acuartelada, que no tenía tareas de prevención y era subutilizada”. “Estaban acostumbrados a una visión exclusivamente represiva, y sabíamos que los cambios iban a generar resistencias. Lamentablemente, hay un grupo de funcionarios que se resiste y se ha propuesto desestabilizar este proceso, y como forma de manifestarse, entre otras, ha elegido las redes sociales”, sostuvo. Entonces proyectó una serie de imágenes tomadas de Facebook con conceptos en los que se cuestiona el nuevo rol de la fuerza y se reivindica, según Bonomi, la visión “mesiánica” del rol policial, independiente de los gobernantes de turno, que relacionó con conceptos tomados de la trilogía del escritor francés Jean Lartéguy Los centuriones, Los pretorianos y Los mercenarios. Varias fotos correspondían a la cuenta de Facebook de Brites, uno de los policías involucrados. Para Bonomi en algunas imágenes se expresa “abuso de poder hacia la ciudadanía”, en otras, como una con el mensaje “El coracero no muere, va al infierno, mata al diablo y vuelve”, aparece una visión “mesiánica”. “Quieren otra Policía, otra concepción doctrinaria y agarran excusas que se han repetido y que no son ciertas”, opinó Bonomi, que anunció que va a incorporar estas imágenes a los sumarios que se están realizando y “a disponer para los funcionarios involucrados las sanciones del caso”. “Nos llama la atención la gravedad de las publicaciones. Por algunas de ellas parece que hay una conciencia de grupo que estaría incitando a actuar por fuera de la disciplina”, agregó, y afirmó que la movida frente a la GR no fue espontánea sino “organizada desde las redes sociales” con “el objetivo de cuestionar las decisiones del comando de la unidad”.
Con respecto a las prácticas de tiro, Bonomi informó que en el polígono se hace tiro deportivo, y que por ser un cuerpo especial, la GR hace prácticas en “terraplenes” que están fuera del polígono, pero que ninguna munición puede traspasar. También reconoció que es habitual que la GR entregue reconocimientos a “personas ajenas a la guardia, y el acercamiento a la población es una línea transversal de toda la Policía”. En cuanto a las chacras, explicó que era una costumbre extendida en toda la Policía, derivada de la política carcelaria, y que está en vías de desaparecer, con excepción de las de la GR, que “tienen que ver con el funcionamiento de los equinos” propiedad del cuerpo.
Luego, en una breve intervención, Yroa explicó que era imposible que hubiera podido herir a una persona en una práctica de tiro.
Abdala dijo que Bonomi “incurrió en mentiras” porque fue mal informado, y si bien reconoció que la sesión no tenía consecuencias políticas, calificó la comparecencia del ministro de “absolutamente insatisfactoria”. Dijo que no iba a pedir su renuncia porque “sería para tener diez minutos de televisión”, pero expresó que “la permanencia de Yroa es absolutamente insostenible”.
En cifras
Por su parte, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) formuló algunas preguntas sobre la segunda parte de la comparecencia de Bonomi, en particular sobre el número de homicidios y rapiñas ocurridos en 2015.
Bonomi dijo que los delitos contra la propiedad tuvieron un aumento continuo desde 1980 y por eso el gobierno se propuso reducirlos 30%. “Esperamos que los que tuvieron responsabilidad en otros gobiernos tengan la valentía y el coraje intelectual necesario para entender la realidad actual”, afirmó el ministro. Informó que entre 1994 y 2004 estos delitos crecieron 113%, etapa en la que “la situación de seguridad se descontroló”. En la década siguiente subieron 14%, “parando el descontrol, y ahora nos proponemos bajar”, dijo Bonomi. “A veces se maneja una amnesia selectiva, particular, queriendo instalar que el problema de la inseguridad llegó con el FA, pero la realidad es muy distinta; por eso queremos poner en perspectiva los datos”, agregó. También informó que hubo un aumento del delito de homicidio por los enfrentamientos entre bandas criminales rivales.