La ley establece que la elección es obligatoria para quienes tengan menos de 75 años y sean trabajadores, jubilados o representantes de empresas e integren el padrón, e incluso para los extranjeros que trabajen en Uruguay y estén inscriptos en el BPS, explicó el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach. Además, es posible que una misma persona tenga que votar en dos de estas elecciones en forma simultánea, e incluso en las tres. En ese caso, la persona tendría que visitar tres circuitos diferentes y votar tres veces. La multa por no hacerlo es de 847 pesos; en el caso de los titulares de las empresas, puede ascender a 84.700 pesos. Entre los impedimentos para votar, la reglamentación de la elección establece el de “enfermedad, invalidez o imposibilidad física” de acceder al circuito, el de “hallarse fuera del país el día de la elección”, el de “encontrarse domiciliado fuera del departamento” en el que se debe sufragar y “razones de fuerza mayor”. En cualquiera de estos casos, será necesario justificar la no emisión del voto ante la junta electoral correspondiente.
Klappenbach explicó que existió un plazo para que los votantes se buscaran en el padrón y presentaran recursos si habían sido excluidos de allí erróneamente. Ese plazo venció el 8 de enero y no se presentó un solo descargo. El caso de exclusión de padrón más famoso en la historia de estas no muy populares elecciones data de 2011, cuando el senador José Mujica, por entonces presidente, protagonizó un altercado con funcionarios de la Corte Electoral cuando asistió a sufragar, debido a que no estaba registrado. Los funcionarios le explicaron que no se encontraba en el padrón, y Mujica se enfureció. “Entonces está funcionando pésimo el BPS”, respondió cuando le explicaron que no estaba incluido porque no aportó al banco durante un año, por el lapso en el que no fue ni senador ni presidente. En esta oportunidad, los habilitados a votar serán quienes hayan aportado sin interrupciones por un año, durante los 12 meses anteriores al 30 de junio de 2014.
Ya es tarde, nene
El 27 de marzo de 2011 votó 78,6% de los habilitados. La elección no se caracterizó precisamente por su entusiasmo, mucho menos por su espíritu competitivo. Durante un caluroso y soleado domingo de marzo, los uruguayos fueron víctimas de una veda alcohólica y de la prohibición de cualquier tipo de espectáculo público, debido a que 741.089 personas participaron en tres elecciones, en dos de las cuales sólo había una lista: la de las empresas y la de los trabajadores. La única que ofreció una competencia real fue la de los jubilados, en la que Sixto Amaro fue elegido director del BPS en representación de los pasivos, con 42,4% de los votos. A pesar de haber lista única, el voto en blanco y anulado en los activos llegó a alcanzar 49,7% en los activos y 55% en las empresas.
Como ocurrió con Mujica, la compleja ingeniería electoral complicó el funcionamiento. Esto terminó haciendo que prosperara un proyecto de ley presentado por el diputado colorado Fernando Amado, que establecía que por única vez se exoneraría de la multa correspondiente a quienes no habían votado. El motivo del proyecto, declaró el diputado a la hora de presentarlo en sala, fue que hubo mucha gente “que hizo todo el esfuerzo para ir a votar, pero, como estaban mal los padrones -no se diferenciaban bien los activos de los pasivos-, hubo muchos que no pudieron hacerlo”. La iniciativa fue aprobada por un amplio margen, pero no faltaron quienes votaron en contra. Uno de ellos fue el nacionalista Jorge Gandini: “Alguien tiene que representar a los nabos de siempre, que son todos los que fueron a votar porque era obligatorio”.
En 2006 ya había ocurrido una situación similar: por iniciativa del senador nacionalista Julio Lara, se aprobó una ley que les perdonó la multa a casi 300.000 personas, cifra levemente mayor a la de 2011. Si bien el lunes 28 de marzo de 2011, un día después de la elección de ese año, el gabinete de Mujica abordó la necesidad de que las elecciones no fueran obligatorias cuando hubiese un solo candidato, el tema no derivó en acciones concretas por parte del gobierno hasta setiembre de 2015, cuando el Ejecutivo (ya encabezado por Tabaré Vázquez) envió un proyecto al Parlamento para modificar estas elecciones. Sin embargo, la iniciativa (que, entre otras cosas, establecía que las elecciones tendrían lugar en setiembre, dos años después de los comicios nacionales, y que, en caso de haber una sola lista, no se realizarían) no prosperó en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.
Las versiones sobre por qué el proyecto naufragó difieren según los partidos políticos. Álvaro Delgado (Partido Nacional, PN), vicepresidente de la comisión, dijo que el proyecto “cambiaba las reglas del juego en cuanto a las condiciones de ser elector y elegible, una vez que se había desencadenado el proceso electoral, por lo que hubo un compromiso de buscar una nueva redacción para la próxima instancia”. “Fue sobre fin de año y no había mucho margen de tiempo. Los partidos políticos entendimos que lo mejor era eso”, explicó. En cambio, Marcos Otheguy (Frente Amplio, FA) apuntó contra el PN: “La idea era que tuviera un apoyo importante de los partidos políticos. El FA estaba dispuesto a votarlo, pero el PN pidió tiempo para consideraciones y después dijo que quería modificaciones, entonces ahí ya no daban los plazos”. La tercera versión fue la del senador Pablo Mieres, del Partido Independiente: “No había consensos de las diferentes organizaciones que participan en las elecciones sobre la modificación de la fecha. También se establecían requisitos bastante exigentes para presentar listas, lo que generaba distancias en los partidos de la oposición. Por ejemplo, se establecían requisitos que hacían más difícil que el PIT-CNT tuviera adversarios”. Mieres agregó que presentó un proyecto de ley para que este tipo de elecciones no fuera obligatorio, pero no tuvo eco.
El proyecto enviado por el gobierno efectivamente establece nuevas exigencias para presentar una lista. Mientras la actual ley dispone que podrán presentar una lista “las organizaciones con personería jurídica que representen a electores de orden respectivo y un número de electores no inferior al 1% de los habilitados para votar en cada orden”, el nuevo texto incluye otros requisitos, como que, en el caso de los activos, se trate de una organización representativa de más de un grupo de actividad en los Consejos de Salarios; en el de los pasivos, represente a más de un sector de afiliación, y en el de las empresas contribuyentes, agrupe a más de una sección de actividades.
Sin ninguna modificación legislativa, el 13 de marzo las reglas del juego serán las mismas que en 2011. La única salvedad es que esta vez habrá competencia en la elección de activos, ya que Luis Lisboa, un dirigente del PN, competirá con Ramón Ruiz, el candidato del PIT-CNT. En la elección de empresas todavía no hay candidatos registrados, y el plazo vence este viernes.