El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en “vigencia” el decreto de emergencia económica que el presidente, Nicolás Maduro, promulgó el 14 de enero y que había sido rápidamente anulado por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. El decreto permite a Maduro disponer de recursos públicos sin el control del Parlamento, recurrir a bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento de productos básicos y restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y las extranjeras.
Tras conocer el fallo, Maduro explicó que la decisión del TSJ “facilita mucho” su trabajo, dijo que el país vive una “verdadera emergencia económica” y que en los próximos días activará un conjunto de medidas en las que venía trabajando. Además, aseguró que esta situación económica durará todo 2016 y parte de 2017, porque “hay que recuperar al país completico”.
La oposición declaró “inconstitucional” el fallo del TSJ y convocó a la ciudadanía a “calentar las calles” con “protestas pacíficas” mientras define una alternativa constitucional que permita adelantar el fin del mandato de Maduro, previsto para 2019. En este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, acusó a Maduro de estar “haciendo lo posible para que le den un golpe” de Estado, porque sería “la única justificación histórica” que tendría “después del fracaso monumental” tras 17 años de “revolución bolivariana”.
En la misma conferencia de prensa, Ramos Allup anunció que denunciará ante la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales el fallo del Supremo, que deja sin efecto la decisión de la Asamblea sobre el decreto. Por su parte, el ex candidato presidencial y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que la sentencia del TSJ es “una burla a todos los venezolanos”. “A Nicolás Maduro hay que revocarlo. Empeora la crisis económica y desconoce a la nueva Asamblea Nacional”, escribió en Twitter.